miércoles, 9 de mayo de 2012

La Guerra que Padecemos

La guerra que padecemos y las falacias utilizadas para mantenerla Recibidos x Silvia M sicamu.silvia@gmail.com 09:10 (hace 12 horas) para bcc: mí Se anexa la Propuesta que en materia de seguridad y justicia presentó la UNAM ante el ejecutivo y que éste rechazo, como ha venido rechazando todo propuesta de cambio. Hay en México ciudadanos muy valientes y capaces. He aquí un artículo de quien ha recibido galardones por su trayectoria académica y quien, ante el trágico panorama del país, no ha dudado en defenderlo hasta las últimas consecuencias, denunciando y combatiendo la corrupción e impunidad que existe en las más altas esferas del país ante la Corte Penal Internacional. Falacias de un criminal http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/04/falacias-de-un-criminal/ Sección: Opinión 4 septiembre 2011 66Share print Digg Digg Netzaí Sandoval Ballesteros**Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia El presidente Felipe Calderón ha quintuplicado la violencia y la muerte en México. Los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado pasaron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. Frente a ello, el Ejecutivo continúa negándose a instrumentar un plan para el regreso del Ejército a los cuarteles a pesar de que existen propuestas serias y contundentes en este sentido, como la presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 8 de agosto. Calderón reiteró en su encuentro con el escritor Javier Sicilia su explicación sobre el aumento de las ejecuciones: sostiene que las organizaciones criminales dejaron de ver nuestro país como un espacio para el tránsito de drogas y comenzaron a disputarse los mercados locales. Los datos lo desmienten. El Distrito Federal es la tercera entidad con mayor número de adictos a las drogas y la primera en el número de personas que consumen drogas ilegales sin llegar a la adicción (Encuesta nacional de adicciones 2008). Sin embargo, la capital del país ocupa el lugar decimotercero entre las entidades con más fallecimientos relacionados con el narcotráfico, de acuerdo con la base de datos de fallecimientos del gobierno federal (actualizada a diciembre 2010). El argumento también es insostenible a nivel internacional. El país con el principal mercado de consumidores de droga en el mundo no es el más violento. Estados Unidos asume una política de tolerancia hacia el consumo de drogas, considera la marihuana como medicina y no vive una guerra interna. Es claro que la violencia no proviene de un crecimiento del consumo o de la lucha por los mercados locales sino del sesgado intento de Calderón por combatir solamente a algunos cárteles de la droga, en beneficio del cártel de Sinaloa. A partir de la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox y durante el gobierno de Calderón, sólo 2 por ciento de los detenidos en relación con la narcoguerra pertenecían a éste (“Organised crime in Mexico: outsmarted by Sinaloa”, The Economist, enero de 2010). Manuel Clouthier, panista de cepa, señala que “el narco no ha sido tocado en Sinaloa”. Y tiene toda la razón. Las acusaciones en contra de servidores públicos por recibir sobornos de algún cártel son ilustradoras. Por pagos provenientes del cártel de Sinaloa sólo suman 19. En contraste, las acusaciones en contra de los Beltrán Leyva duplican las del de Sinaloa; para el cártel de Tijuana, resultan ser el triple; y por los sobornos provenientes del cártel del Golfo y de los Zetas, hay 13 veces más acusaciones (“Mexico seems to favor Sinaloa cartel in drug war”, mayo de 2010, National Public Radio). Lo que padecemos es en realidad una guerra capitalista por el monopolio del narcotráfico. A largo plazo, el Chapo será una figura prescindible, tal como sucedió con Osama bin Laden. Joaquín Guzmán Loera será traicionado por los gobiernos mexicano y estadunidense, probablemente cuando decidan legalizar las drogas y tomar el control directo del gran negocio monopólico. Pero por ahora es necesario para eliminar la competencia. Se descalifica a quienes criticamos la estrategia del gobierno al argumentar que no ofrecemos alternativas. ¿Por qué no escuchan cuando insistimos en dotar de autonomía plena a la Procuraduría General de la República? Urge instituir protocolos de actuación para los cuerpos policiacos, como lo indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Atenco. Debemos ampliar la matrícula en la educación superior de forma inminente. Otra propuesta es combatir realmente el lavado de dinero. Y finalmente, exigir que las autoridades cómplices de los criminales sean juzgadas. Por ello hemos impulsado el juicio penal contra de Felipe Calderón y sus mandos militares ante la Corte Penal Internacional (CPI). La competencia de la CPI se actualiza, entre otras cosas, porque México carece de un tipo penal que prevenga posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. La eventual aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional, que legaliza la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, también ratifica la existencia de una política de Estado violatoria de derechos humanos. La violación y el ultraje de mujeres se han convertido en una estrategia represiva cotidiana por parte del Ejército que es encubierta y fomentada por Calderón. Ello también actualiza la competencia de la CPI. Los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables es evidentemente parte de una política de Estado. Si quedara alguna duda de la responsabilidad directa de Calderón, hay que recordar que en mayo de 2007 firmó y publicó un decreto para crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal bajo el mando directo del Ejecutivo. No obstante, en 2007 sus propias cifras reconocieron 2 mil 826 homicidios ligados a la narcoguerra. Las órdenes directas que giró a ese Cuerpo Especial llevaron a la muerte a muchas de esas personas. Las decisiones del Ejecutivo Federal arrastran al país a un conflicto armado permanente. Cada día la vida de nuestra sociedad se encuentra más lacerada. Sabemos que Calderón es responsable de la muerte de cerca de 50 mil personas y la desaparición forzada de más de 3 mil (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011). Llevémoslo a él y a los capos que protege ante la CPI para que sean juzgados por sus crímenes. *Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia [TEXTO PARA TWITTER: Las razones jurídicas y sociales de juzgar a Calderón: Netzaí Sandoval] ========================================= SÓLO DEMAGOGIA POR PARTE DEL EJECUTIVO. SU ESTRATEGIA ES UN ÉXITO DE ACUERDO A LOS PLANES QUE ÉL (CÁLDERON) Y ESTADOS UNIDOS HAN TRAZADO PARA MÉXICO Y QUE ADEMÁS CONSTITUYE LA ÚNICA POSIBILIDAD DE QUE GRUPOS DELICUENCIALES, COMO EL QUÉ SE ENCUENTRA ACTUALMENTE ADMINISTRANDO AL PAÍS, PUEDAN CONTINUAR EN EL PODER PARA SEGUIR CON EL SAQUEO. Ya tenemos un acuerdo muy bueno; sólo hemos fallado en hacerlo cumplir, explica Tácita negativa de Calderón al plan de la UNAM sobre seguridad Combatir el crimen, deber irrenunciable y no opcional del Estado, reitera el mandatario El presidente Felipe Calderón escucha al rector de la UNAM, José Narro Robles, durante el encuentro realizado en el alcázar de ChapultepecFoto María Luisa Severiano Alonso Urrutia http://www.jornada.unam.mx/2011/09/06/politica/005n1pol Periódico La Jornada Martes 6 de septiembre de 2011, p. 5 Al reunirse con miembros de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezados por el rector José Narro, quienes formalizaron la propuesta de un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales en materia de seguridad, el presidente Felipe Calderón sostuvo su disposición a discutir, pero bajo la premisa del carácter irrenunciable y no opcional del combate al crimen como deber del Estado. En esa reunión, sin explicitarlo, el mandatario dejó entrever su rechazo a la propuesta universitaria: Soy partidario de hacer acuerdos, pero tenemos uno muy bueno (el Acuerdo Nacional por la Seguridad) y en lo que hemos fallado es en hacerlo cumplir. Una semana después de la fecha originalmente planteada –pospuesta por el atentado en el casino Royale–, Calderón discutió en el alcázar de Chapultepec la propuesta de la UNAM en materia de seguridad, defendió su política de prevención, la estrategia gubernamental y el respeto a los derechos humanos, sobre los cuales, subrayó, ha habido una ampliación y no retracción en este sexenio, pues el combate a la delincuencia se ha dado sobre la base del respeto a las garantías. Ha habido mucha gente, unos de buena fe, otros quién sabe en qué fe, que insisten en que el Presidente debería hacer uso de las facultades del 28 (constitucional) y declarar suspensión de garantías en lugares determinados. Yo me he resistido a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir a los criminales, por muy perversos que sean, con plenitud de derechos, con plenitud des garantías. ¿Cuesta más trabajo? Sí, pero creo que si dejáramos entrar estas desviaciones o distracciones de la vida democrática, le metemos un gran riesgo al país. Poco antes, Narro había realizado un apretado resumen de los Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, elaborados por expertos y auspiciados por la UNAM, entre los cuales destaca el replanteamiento de la estrategia y el repliegue del Ejército para que retome sus funciones naturales, tema que fue obviado por Calderón en su momento. De igual forma, tras destacar que el documento no trata de señalar responsables, sino de enfatizar propuestas, el rector Narro subrayó la necesidad de erradicar la impunidad y corrupción que prevalecen como ejes centrales en la inseguridad. Al exponer el diagnóstico, Narro Robles destacó la desatención en la prevención del delito, el ejercicio de prácticas institucionales distantes del marco constitucional, así como la desvinculación de políticas e instituciones. Más adelante expuso que hay una carencia de visión integral y coordinada en la estrategia, al tiempo que existe subordinación de las políticas públicas a interesas políticos particulares. Todo ello antes de destacar la importancia que para la UNAM tiene la celebración de un pacto político y social que favoreciera el replanteamiento por la vía de generar consensos para dar un giro a las estrategias de seguridad y centrarlas en el combate a la impunidad, la preservación de la integridad personal y la defensa de los derechos humanos. En su turno, Calderón destacó la importancia de los aportes de la UNAM. Luego de haberla leído con atención, yo dije, aquí está la carnita, aquí está concreto. Yo creo que, más que un giro estratégico, son los objetivos que todos queremos. ¡Qué más quisiéramos que reducir las muertes! El asunto es de los cómos. Cuando hablamos de girar la estrategia para acá o para allá, creo que vamos buscando lo más concreto posible. En su intervención inicial el Presidente fue enfático en discutir todos los temas, a excepción del carácter no opcional de la función del Estado relativa a combatir al crimen. Es un imperativo categórico en el plano constitucional y en el ético; constituye el deber ser del Estado, señaló. Posteriormente dijo que haya acuerdo nuevo o no, sí debe existir una política de Estado que trascienda gobiernos e ideologías. Refutó la crítica universitaria a la falta de énfasis en las políticas preventivas: Categóricamente se afirma, la prevención se ha desatendido, y la verdad no es así, dijo antes de ofrecer las cifras de su política social. En respuesta a la petición universitaria de discutir el enfoque prohibicionista de las drogas, el mandatario insistió en su postura de que hacerlo en México sin que en Estados Unidos se despenalice no tendría ningún efecto positivo. Sin embargo, sugirió que la UNAM organice el foro de discusión al respecto y planteó crear grupos de trabajo para discutir los temas de seguridad. Calderón se refirió también a las sanciones que se han impuesto a militares y policías que han incurrido en violaciones a los derechos humanos, y hay muchos, hay decenas ya de elementos de fuerzas federales que están purgando proceso. Es duro para ellos, pero es el camino que tenemos que seguir, pues no hay esta idea de ignorar los derechos humanos. Tras subrayar que hay muchas coincidencias con el documento de la UNAM, el Presidente reconoció insuficiencias en el combate al lavado de dinero, y asumió que no se ha podido impulsar una equiparable capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas a escala estatal y municipal, bajo el supuesto de que existe gran debilidad en estas últimas, por la falta de recursos. ===================================================== Pues bien, recordemos que sólo un candidato en el debate insistió y dedicó casi todo su tiempo a señalar el cáncer que la corrupción e impunidad constituyen para el país, de los cuales se derivan los grandes males que padecemos. Es necesario analizar y reflexionar sobre las propuestas que en materia de seguridad y prevención del delito presentan cada uno de los candidatos. Hay 3 que representan más de lo mismo, es decir, continuar con la política de fuerza, de represión y de barbarie. Sólo hay uno que habla de cambiar politica económicas y sociales que permitan la mejoría económica de las mayorías, más y mejores escuelas e instituciones de salud, mayores oportunidades de empleo con mejores salarios, es decir, que tiene un plan de prevención del delito así como de combate a la corrupción y a la impunidad empezando desde la más alta jerarquia hacia abajo. Para su análisis envío anexo a este mensaje la "Propuesta de la UNAM en materia de seguridad y justicia en democracia" en formato PDF. En ella se señala, entre otras muchas cuestiones importantes, que: "Esta propuesta de política de Estado será estéril si no se toman decisiones y realizan acciones contundentes, desde las más altas responsabilidades públicas y liderazgos privados, para reducir las prácticas de corrupción e impunidad. Debe comenzarse por las malas prácticas insertas en los circuitos de alta jerarquía y hacia abajo, hasta la más modesta ventanilla. f. La prevención se ha desatendido. La seguridad y la justicia en México han privilegiado el incremento legislativo de tipos legales y penas sobre la prevención, lo cual resulta particularmente grave pues no sólo no se ha abatido la impunidad sino que se ha desatendido prácticamente por completo el establecimiento de una política preventiva. El presupuesto público destinado al castigo y a la prevención está proporcionalmente desequilibrado en beneficio del primero. Parece ignorarse que el gasto en educación, salud y empleo, entre otros, es por sí mismo una inversión en la prevención. Ello denota desconocimiento de los métodos necesarios para en efecto lograr que desde esos sectores se abone a la construcción de comunidades seguras. Aunque en el discurso se habla cada vez más de la prevención, en los hechos ésta se ve limitada por una estrategia que pone las intervenciones policial y militar en el centro de las políticas. Cada vez con mayor frecuencia se emplea a las fuerzas armadas —antes que a las policías— en los casos que el Estado percibe como extremos. Esta centralidad de la fuerza militar parte del menosprecio del potencial de la prevención como estrategia eficaz para construir comunidades seguras. El hecho opera exactamente en sentido opuesto a la tendencia internacional dominante para atender contextos de alto riesgo.

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