sábado, 12 de septiembre de 2015

El Costoso Capricho de EPN

El nuevo avión de Peña: un capricho de 8 mmdp

El nuevo avión del presidente en la base militar de Santa Lucía. Foto: Universidad Aeronáutica UNAQ
El nuevo avión del presidente en la base militar de Santa Lucía.
Foto: Universidad Aeronáutica UNAQ
MÉXICO, D.F. (apro).- En este mes patrio está previsto que el presidente Enrique Peña Nieto estrene el avión Boeing 787-8 Dreamliner, que por su lujo es considerado el más caro del mundo y que costará a los mexicanos más de 8 mil millones de pesos.
¿Un palacio aéreo para el Ejecutivo en medio de la crisis económica? Pues sí. En su versión comercial esta moderna aeronave –que puede cruzar el Atlántico sin abastecerse– tiene capacidad para 250 pasajeros, aunque la que estrenará Peña Nieto tiene sólo 80 asientos.
“De manera inicial se tiene considerado lo siguiente: un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios de comunicación, (así como) un área de trabajo del titular del Ejecutivo federal, que consta de despacho y área de descanso”.
Salvo el costo, la anterior es información oficial que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reveló a Proceso, en junio del año pasado, mediante una carta en la que precisó también que “el avión estará listo para ser utilizado por el presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial en septiembre del año 2015”.
Es decir, Peña Nieto podría dar el Grito estrenando este avioncito que no tienen ni Barack Obama ni Angela Merkel ni Vladimir Putin, los presidentes de tres de los países más poderosos del planeta.
En octubre del año pasado, el Boeing 787-8 Dreamliner surcó el cielo de México procedente de Estados Unidos y llegó a la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, para hacer maniobras de prueba y, conforme al calendario, ya está listo todo para su estreno.
De hecho, para alojar el nuevo avión se hizo construir un hangar especial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que, a un costo de mil millones de pesos, se encargó al Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo contratista de la Casa Blanca de Peña en Las Lomas.
Pero esa obra será útil sólo cinco años, porque el nuevo aeropuerto comenzará a operar en 2020 y el actual dejará de funcionar, salvo que sea de uso exclusivo del Ejecutivo.
Fue el panista Felipe Calderón quien inició el proceso de compra, en 2012, en acuerdo con el propio Peña, que era presidente electo, y el operador de la adquisición fue José Antonio Meade, en ese entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hoy secretario de Desarrollo Social y supuesto presidenciable.
Según el Proyecto Público de Inversión de la SHCP, dado a conocer en agosto de 2013 por la revista Emeequis y el reportero Rafael Cabrera –justamente el descubridor de la Casa Blanca de Peña–, el Dreamliner costará 7 mil 520 millones de pesos, además de los mil millones por la adecuación del hangar.
En 2012, el gobierno pagó 4.8 millones de pesos, en 2013 70.8 millones, 219 millones en 2014, 425 millones este año, y del próximo a 2027 la cuota anual será de 467.3 millones de pesos. Así, el pago total del avión, conforme a este esquema financiero, será de 6 mil 308 millones de pesos.
A esta cantidad deben sumarse otros mil 211 millones de pesos por concepto de mantenimiento de la aeronave, lo que da una suma de 7 mil 520 millones de pesos. Claro, más los mil millones del hangar.
O sea, 8 mil 520 millones costará el capricho de Calderón y Peña, a cual más de ineptos y derrochadores de dinero que no es suyo.
Cuando, en junio del año pasado, en este espacio se informó de las cifras, la SCT envió una carta para admitir que, en efecto, el gobierno de Calderón “dejó previsto un posible esquema de financiamiento a pagar en 15 años”, que no era otro más que el descrito arriba.
Pero precisó: “En la actualidad se exploran diversas opciones de financiamiento para optar por la que resulte más conveniente para el gobierno de la República, sin que a la fecha se haya determinado alguna”.
Jamás se informó cuál fue el esquema de financiamiento por el que, finalmente, el gobierno optó, pero ahora es el propio Peña quien asegura que el avión Boeing 787-8 Dreamliner no sólo cuesta más de 7 mil millones de pesos –“han corrido versiones francamente equivocadas del costo del avión”–, sino que ya hasta fue pagado.
“Se pagó la pasada administración”, le dijo al dueño del portal SDP Noticias, Federico Arreola, a quien inclusive le adelantó que ha encargado a la SHCP hacer un “análisis serio y racional” sobre qué hacer con el avión en tiempo de crisis: “Eventualmente venderlo (o) mantenerlo para ciertos fines” (sic).
Naturalmente, Peña no descartó estrenar: “Es decir, no vayamos a una decisión tomada bajo un arrebato, sino más bien bajo una racionalidad de lo que conviene para México, para que el gobierno esté debidamente equipado”.
Fanático de la mentira y el dinero que no es suyo, Peña no es de fiar –la Casa Blanca y Ayotzinapa son sólo dos claros ejemplos– y lo que corresponde es que transparente cómo es que se pagó el avión, de dónde salió el dinero y cuándo se cerró la operación.
Pero, sobre todo, el destino del avión no puede ser otro que su puesta a la venta. Es una insolencia imperdonable que Peña viaje en un avión de más de 8 mil millones de pesos en un país con más de 55 millones de mexicanos pobres, dos más ‘fabricados’ por él…

PRI Evita Debate por Ayotzinapa

Posterga el PRI debate por Ayotzinapa en San Lázaro

Marchan a 11 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Germán Canseco
Marchan a 11 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- En el arranque de la 63 Legislatura, el PAN “arrinconó” al PRI en la Cámara de Diputados al pretender el reconocimiento de que en el país existe la desaparición forzada; los priistas reaccionaron a la embestida pero sólo lograron postergar por dos días la discusión del caso.
En una maniobra que pareció un sencillo cambio a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, el liderazgo panista envió a tribuna a su diputada por Guerrero, Guadalupe González Suástegui.
A nombre de su compañero Federico Doring, la legisladora fustigó: “La iniciativa que hoy se presenta duele no sólo a los mexicanos sino a todas y cada una de las instituciones del Estado. Es un reconocimiento a las víctimas del delito de desaparición forzada y un recordatorio para que estos hechos delictivos no se repitan jamás”.
Las palabras de la panista sorprendieron al coordinador del PRI, César Camacho Quiroz quien, azorado, escuchaba la definición por parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“Esto es lo que está pasando en México y nosotros debemos legislar en su prevención y sanción, pero sobre todo para reconocer a las víctimas que lo han padecido y que, en al menos en 43 casos, lo están padeciendo”.
González Suástegui se refería a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
El tema se tenía programado para discusión en agenda política, al final de la glosa del tercer informe presidencial y luego de que se presentara el paquete económico; es decir, ya con el hartazgo y cansancio de los legisladores para que el caso terminara en el olvido.
La panista hizo un recuento de lo ocurrido contra los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, e hizo referencia a la “verdad histórica” que el 7 de noviembre pasado propaló el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, versión con la que pretendió “dar por concluido el tema de los 43”.
La diputada del PAN advirtió que “hoy sabemos que los hechos no ocurrieron como lo sostuvo Murillo Karam, sembrando incertidumbre” con esa versión. Enseguida vaticinó que en su momento la PGR deberá rendir cuenta “sobre uno de los varios casos de desaparición forzada en México”, pero “mientras sigan sin aparecer, mientras sigamos sin conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, el caso de la desaparición de los 43 jóvenes seguirá siendo una herida abierta para México”.
En atención a ello, argumentó, el PAN propone que se declare el 26 de septiembre como el “Día nacional de condena a la desaparición forzada de personas”.
Es “indispensable” declararlo así, sostuvo.
En respuesta, el presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano, pretendió turnar el asunto a la Comisión de Gobernación, por cierto inexistente pues aún no se integran éstas. Pero en ese momento, una maniobra de Miguel Ángel Yunes Linares, expriista y ahora de Acción Nacional, sorprendió a los priistas.
Desde su curul pidió que no se turnara el asunto, pues aún no se conformaba esa comisión, y en su lugar propuso que se votara en ese momento por el pleno la sugerencia; enseguida los priistas comenzaron a moverse en sus curules, inquietos.
Yunes pidió que se resolviera como un tema de “urgente y obvia resolución”, lo que permite a toda iniciativa votarse en ese momento sin pasar por comisiones.
Camacho Quiroz envió entonces a su más experimentado orador, el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez Marín.
“¡Oportunismo!”, soltó desde su curul el priista yucateco al objetar la propuesta panista.
Luego expuso “nuestra objeción a un trámite que sería absolutamente indebido… favoreciendo este oportunismo francamente insultante para estas víctimas”, aleó al recordar que el artículo 61 del reglamento de la Cámara no permite alterar el orden del día a menos que sea acordado por la Junta de Coordinación Política (donde el PRI tiene mayoría).
“Insultante es lo que acabamos de saber el domingo pasado (que la PGR mintió sobre la desaparición de los 43 jóvenes); insultante es que el Estado siga mintiendo; insultante es que quieran verle la cara a los mexicanos. ¡Eso es insultante!”, reclamó el perredista Daniel Ordóñez para luego insistir en que el tema se votara por urgente y obvia resolución.
El pleno es soberano y puede resolver, reclamó.
El priista Ramírez Marín volvió a la cargada alegando que no se podía alterar el orden del día.
“El orden del día no es una herramienta jurídica inamovible”, objetó Doring.
Otro perredista, Omar Ortega Álvarez, respaldó al panista al sostener que el pleno “es la máxima autoridad para determinar el contenido” del orden del día.
Los priistas seguían nerviosos pero Ramírez Marín, hábil en el manejo de la reglamentación parlamentaria, reviró que eso era justo lo que el PRI alegaba, “que se puede modificar el orden del día pero con acuerdo de la Jucopo”.
“¡No con sorpresas y vivacidades que pretendan alterar los contenido de la sesión!”, arremetió.
Yunes ya no intervino pero sí Morena, partido que a través del diputado Juan Romero Tenorio respaldó la posición de PAN y PRD:
“No hay mucho que discutir sobre el tema, el pleno es soberano, el pleno decide el contenido de su orden del día, debemos atender a un principio constitucional de máxima protección de derechos humanos.
“Es un tema importante, tan importante que el propio presidente accedió a reunirse con los padres de familia de las víctimas”, sostuvo.
Siguió otro perredista, Arturo Santa Alfaro, quien se manifestó a favor de votar la propuesta panista y con la cual se estaría aceptando por parte del Poder Legislativo que en México hay desaparición forzada.
Le siguió el diputado del Verde, Jesús Sesma Suárez, que sugirió regresar el tema a la Jucopo y ahí se incluyera en un nuevo orden del día como de “urgente y obvia resolución”.
Ramírez Marín salió nuevamente a zanjar el diferendo y salvar a su partido, el PRI. Propuso que el PAN retirara su propuesta de “urgente y obvia resolución”, se regresara a la Jucopo y se “discutiera” ahí este miércoles 9 “para integrarla lo más pronto posible al orden del día, en el momento inmediato”, aunque nunca aceptó que se discutiría el jueves ese tema.
Pero el PAN se dobló. Se fue con la idea de que se discutiría el jueves 10 y aceptó retirar su propuesta.
Antes, Ramírez Marín justificó: “No es una evasiva” del PRI a discutir el tema, “al contrario, el interés es que sea un acuerdo y un consenso”.
El coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo que aceptaba siempre y cuando se vote el tema el próximo jueves. Así lo dijo el presidente de la Mesa Directiva y el coordinador del PRI confirmó asintiendo con la cabeza, sin embargo, el acuerdo nunca quedó plasmado en el Diario de los Debates ni el PRI se comprometió a votarlo el jueves tal cual, pues Ramírez María evadió hábilmente con un “integrarlo lo más pronto posible”.
El PAN perdió así el ‘albazo’ que había aplicado a los priistas para regresar a la esencia de un verdadero Parlamento: que los temas se discutan en el pleno y no en acuerdo cupulares de la Jucopo como sucedió en la Legislatura pasada.

Gobierno Recorta el Gasto

Gobierno de Peña recorta 221 mil mdp al gasto público para 2016

Videgaray entrega el paquete económico a Zambrano en San Lázaro. Foto: Benjamin Flores
Videgaray entrega el paquete económico a Zambrano en San Lázaro.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- El objetivo del paquete económico para el año próximo no es otro que “preservar la estabilidad económica del país”, adelantó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.
Es decir, México seguirá con crecimiento inercial ante la debilidad del entorno económico mundial, la caída de los ingresos petroleros y la depreciación del peso frente al dólar que orillan al gobierno de Enrique Peña Nieto a realizar recortes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016.
El paquete económico, que también incluye la Ley de Ingresos, fue entregado al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, quien estuvo acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el priista César Camacho Quiroz.
Según Videgaray, el presupuesto de egresos prevé recursos por 4 billones 714 mil 946 millones de pesos, que significa un monto inferior de 1.9% real respecto de lo autorizado el año pasado.
Además, se plantean recortes al gasto por 38 mil millones de pesos. Es decir, éste pasará de 135 mil millones de pesos a 97 mil millones.
El gobierno de Peña Nieto también propuso al Congreso una disminución del déficit público de 1% del PIB a 0.5%, mientras que el gasto programable tendrá un ajuste de 221 mil millones de pesos.
Eso sí, el crecimiento económico será menor a lo planteado en los Precriterios de Política Económica dados a conocer en marzo pasado y que estimaban que la economía crecería en un rango de 3.3 a 4.3%. Ahora Hacienda plantea un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2.6 y 3.6% en dicho año.
Además, redujo su estimación en el precio del petróleo de 55 a 50 dólares por barril y una producción de 2.47 millones de barriles diarios.
Por su parte, la inflación se mantiene en 3% con un rango de +/-un punto porcentual. Sin embargo, donde la dependencia de Luis Videgaray rectificó fue en el tipo de cambio.
En los precriterios estimaba un tipo de cambio de 14.50 pesos por dólar, ya ahora en el Paquete Económico 2016 se prevé que el dólar trepe casi a los 18 pesos: 15.90 unidades.
De acuerdo con Videgaray, “el presupuesto se basa en premisas realistas y prudentes, contribuyendo a preservar la estabilidad macroeconómica, condición fundamental para el crecimiento y el desarrollo económicos”.
También reconoció que 2016 será un año con circunstancias internacionales adversas, como el que la tendencia de apreciación del dólar y los bajos precios de los energéticos sigan desincentivando la inversión en ese sector.
Además, el documento prevé que es posible que el ritmo de recuperación de la producción industrial de Estados Unidos sea más moderado que lo anticipado.
Asimismo, existe incertidumbre en el vecino país del norte respecto del efecto que tendrá el incremento inminente de las tasas de interés sobre el crecimiento económico.
No obstante, Videgaray Caso se dio tiempo para asegurar que el efecto de las reformas estructurales ya se refleja en el bolsillo de los mexicanos a través del consumo que, según el funcionario, ha incrementado en los últimos meses.

Exigen Juicio vs Murillo

Exigen en el Senado juicio político contra Murillo Karam

Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR. Foto: Benjamin Flores
Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- El tema de la tragedia de Iguala dominó la jornada de la sesión ordinaria y solemne del Senado de la República llevada a cabo este martes.
En tribuna, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que este organismo regional “hace suyo el informe del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Ya en el debate, los senadores del PAN exigieron juicio político contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y las bancadas de PRD y PT reclamaron un fiscal autónomo y hasta la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
La bancada del PAN también anunció que promoverá ante la OEA la formación de una “Comisión internacional contra la impunidad” para que un fiscal internacional actúe para esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
En sesión solemne, el secretario general de la OEA saludó que el gobierno mexicano asumiera el informe del GIEI y consideró que ésta será “una importante contribución en la lucha contra la impunidad”.
Almagro Lemes afirmó que se debe fortalecer el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “como órgano de promoción y protección de derechos humanos”, e insistió en que en América Latina sus ciudadanos y ciudadanas “quieren más transparencia y menos corrupción”.
A pesar de los esfuerzos de las bancadas de PRI y PVEM para que el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa no dominara la sesión, fue imposible ya que el propio secretario general de la OEA abordó el asunto y también propuso una “Carta interamericana de migración” para frenar discursos contra indocumentados como el del precandidato presidencial estadunidense Donald Trump.
A su vez, el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Zuarth, manifestó que el Estado mexicano está en deuda con los 43 estudiantes desaparecidos y sus familiares, y por ello extendió un reconocimiento a la investigación del grupo de expertos de la CIDH.
“Como país, como sociedad, debemos reconocer al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han revisado la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Su participación en la revisión de los hechos y las conclusiones pueden evitar una nueva experiencia de impunidad”, sentenció Gil Zuarth.
El senador panista consideró que se generó una oportunidad para “corregir la doble victimización de aquellos que no encuentran a los suyos, y a los que además se les ha denegado la justicia”.
Se “esfuma” embajada para Murillo Karam
Tras la sesión solemne y durante el debate en tribuna, PRD, PAN y PT insistieron en la necesidad de reabrir la investigación, enjuiciar políticamente a Murillo Karam, extitular de la PGR y autor de la frase “la verdad histórica” sobre los sucesos de Iguala.
Además, la oposición en el Senado también denunció los intentos oficiales por desestimar las conclusiones de los expertos de la CIDH.
“Acción Nacional demandará un juicio político y de responsabilidad penal contra el extitular de la PGR, así como a quienes tengan responsabilidad directa en esta investigación”, advirtió la senadora panista Pilar Ortega Martínez, quien denunció la “alarmante corrupción que impera en el sistema de procuración de justicia”.
La senadora del PRD, Dolores Padierna, consideró que el presidente Enrique Peña Nieto debe girar instrucciones a la PGR para que incorpore elementos de la conclusión de los grupos de expertos y “ordene la apertura de las investigaciones”.
La senadora Layda Sansores, del PT, afirmó que el Senado debe llamar a comparecer al secretario de la Defensa Nacional para que explique los detalles de lo que sucedió en Iguala hace casi un año, debido a que “la opacidad alimenta la sospecha”.
El panista Javier Corral también respaldó la propuesta para enjuiciar a Murillo Karam “y para que no vuelva a suceder que un procurador general de la República time a la nación de esta manera”.
La posibilidad de que Murillo Karam, hasta hace unos días titular de la Sedatu, pudiera ser nombrado embajador de México en Portugal e Italia, se diluyó ante los duros juicios de las bancadas de PRD y del PAN.
Alejandro Encinas, senador de la izquierda, coincidió en que se necesita una fiscalía independiente que garantice una investigación imparcial y consideró que el informe de los expertos “pone al desnudo el nivel de degradación y descomposición” de las instituciones públicas.
En una débil defensa, el senador del PRI, René Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero, afirmó que el prestigio del Ejército Mexicano “está a toda prueba” y refrendó el reconocimiento de la bancada del tricolor al gobierno de Peña Nieto.
A su vez, Manuel Cavazos Lerma, exgobernador de Tamaulipas y senador del PRI, defendió la tesis de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, y desestimó “las declaraciones de un señor (el perito en incendios José) Torero”, quien dijo que no tiene la certeza de que ahí se hubieran quemado los cuerpos de los estudiantes.
Para el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, el informe de los expertos del GIEI no desacreditó al gobierno de Peña Nieto, ya que “hay aproximadamente 640 dictámenes de este caso, que lamentamos mucho, como se ha dicho”.
“El día de hoy el debate se ha centrado para golpear al gobierno de la República y al presidente. Es la oposición. En lo que sí estoy convencido es que el presidente quiere llegar hasta el final, la PGR quiere llegar hasta el final y en el grupo parlamentario del PRI avalamos la parte que hizo Jesús Murillo Karam, como procurador”, atajó Gamboa Patrón.

Ayotzinapa Crimen que Marcara a EPN: Solalinde

Ayotzinapa, un “crimen de Estado” que marcará a Peña: Solalinde

El sacerdote Alejandro Solalinde. Foto: Octavio Gómez
El sacerdote Alejandro Solalinde.
Foto: Octavio Gómez
OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto debe fincarle responsabilidades penales al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y a todos los que obstruyeron los procesos de justicia, alertó el padre Alejandro Solalinde.
Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” al rechazar que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula y corroborar la existencia de un quinto autobús que la PGR no reportó en sus indagatorias, Solalinde calificó este hecho como un “crimen de Estado”.
“Es un crimen de Estado y eso nadie se lo va a quitar al gobierno de Peña Nieto, es un crimen de Estado que lo va a marcar toda su vida y para toda la eternidad”, sostuvo el fundador del albergue Hermanos en el Camino.
Y todavía fue más allá al pedir que se le finquen responsabilidades penales a Murillo Karam y a quienes ocultaron esta información, incluido el propio Peña Nieto, debido a que estuvo informado de todo.
“Imagínense en dónde dejaron los equipos de inteligencia de la Sedena, Policía Federal, Gobernación, Cisen, pues sabían todo eso. Sabían lo del quinto camión y saben perfectamente cuál es el paradero de los 43 estudiantes, que no se hagan. Ellos saben en dónde están y cómo están”.
El religioso reconoció que la “verdad histórica” de Murillo Karam fue desechada desde antes por científicos de la UNAM, quienes habían confirmado con estudios que era imposible que en los basureros de Cocula hubieran sido cremados los normalistas.
Sin embargo, estas nuevas aportaciones de nuevas vías de investigación, entre ellas el quinto camión aparentemente cargado con droga, apuntan a que “estamos frente a un narco Estado”.
El reporte del GIEI detalló que los hechos de septiembre de 2014 dejaron 180 víctimas directas, seis ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas.
Y en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos de violencia estuvieron presentes elementos del 27 Batallón, de la Policía Federal (PF), Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula.
Una de las integrantes del GIEI, la abogada Claudia Paz y Paz, dio indicios sobre la existencia de un autobús Estrella Roja, con número económico 3278, que fue “desaparecido” en las indagatorias oficiales y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre.
La guatemalteca contó que el grupo de expertos del GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aun cuando en un video de la central camionera de Iguala se observa que fue abordado por los jóvenes.
Los normalistas, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías estatales y federales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro.
Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos al asegurar que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo.
Sin embargo, “después localizaron un escrito en la indagatoria, al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”.
Al respecto, Solalinde Guerra dijo que “al parecer esos camiones llevaban droga y los muchachos al tomar los camiones no se percataron de ello, es más bien la responsabilidad de la colusión de las autoridades de todos los niveles, ahí está el Estado, ahí está el Ejercito, la Policía Federal y las estatales. Los tres órdenes de gobierno y los servicios de inteligencia que no reportaron nada”.
Entonces, “el gobierno ya entró en un callejón sin salida, se les cayó su verdad histórica y ahora tiene que responder, investigar para conocer el paradero de los normalistas.
“Lamentablemente tenía que venir un grupo de expertos del extranjero para que pudieran hacer una investigación objetiva y abrir puertas que estaban totalmente cerradas, como las del Ejército y la PF, y ese quinto camión que nunca reportaron y resulta que ahí está. Y al Estado no le queda de otra más que aceptar esto y no meter reversa”, puntualizó.
Ahora tienen que fincarle responsabilidad a los que obstruyeron los procesos de justicia, aunque lo que se advierte es que van a aparecer “chivos expiatorios porque van a buscar salvar a los que tengan que salvar, porque aquí va a haber grandes daños políticos y van a procurar que haya los menores daños políticos para liberar y exonerar a las personas y al Ejército, que lo cuidarán más, a y la Policía Federal, aunque ésta ya no puede estar más desprestigiada”.
Por último, dijo que hay que poner especial atención en la “cadena de mandos”, ya que serán ellos los principales sacrificados.

Mas Ataques del Fascista Trump vs Mexico

Trump vuela en las encuestas; su última promesa: quitar visas a diplomáticos mexicanos

http://www.sinembargo.mx/03-09-2015/1473825 
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Si Donald Trump fuera Presidente de Estados Unidos, va a obligar a México a pagar un muro en la frontera, como dijo; va a incautar todas las remesas derivadas de “salarios ilegales”, como ya abundó. Y ahora, si es necesario, “cancelará las visas a directores ejecutivos y diplomáticos mexicanos”, según reseña hoy The Economist luego de una larga entrevista y una amplia revisión al multimillonario fenómeno electoral, que titula: “El Estados Unidos de Trump: Por qué Donald es peligroso”.
Y más: “Va a deportar a todos los 11 millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin documentos legales (aunque va a tratar de dejar que los ‘muy buenos’ volver rápidamente), y pondría fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes sin papeles legales nacidos en territorio estadounidense. Esto va bien con los activistas indignados que dice que [Barack] Obama ha utilizado sus poderes presidenciales para proteger a millones de migrantes de la deportación, en lo que ven como un asalto tiránicoen el imperio de la ley. No hará nada para mejorar el pésimo 27 por ciento del voto hispano ganada por el candidato republicano en 2012”, dice la influyente publicación.
Eso, si llega a Presidente. Aunque puede ser que no llegue. “La fantasía Trump se desvanecerá en algún momento –cree la revista británica. [Pero] ya puso a esa democracia en un verdadero aprieto”.

Y vaya aprieto. Basta ver las encuestas en el gráfico que difunde The Economist:

PEMEX NO Pagara Dividendos en 2016

Pemex no pagará dividendos al Estado en 2016

jue, 03 sep 2015 22:04
Petróleos Mexicanos (Pemex) no pagará dividendos al Estado en 2016. Es una de las consecuencias de la caída en los precios y en la producción de crudo. La decisión, anunciada este jueves oficialmente, dejará sin efecto uno de los cambios introducidos en la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que obliga a la empresa petrolera a entregar al menos 30 por ciento de sus ingresos después del pago de impuestos de este año a las arcas públicas.
La propuesta de pasar por alto la obligación de entregar al Estado tres de cada diez pesos de las ganancias petroleras en 2016 fue hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante una sesión extraordinaria del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP), la instancia constituida en el Banco de México para administrar los ingresos derivados de los contratos de exploración y extracción de crudo.
El comité técnico del Fondo –al que pertenece el propio titular de Hacienda, Luis Videgaray y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell aceptó la petición, de acuerdo con un comunicado del FMP.
En la sesión extraordinaria del FMP, “la SHCP propuso que Petróleos Mexicanos no pague un dividendo estatal durante 2016”, mencionó el comunicado.
Para fundamentar su propuesta Hacienda tomó en consideración dos planteamentos hechos por Pemex, dice el comunicado. Estos son:
Primero, la situación financiera de la empresa y de sus subsidiarias “una vez incorporando la disminución en ingresos y utilidades derivados de la baja sustancial en los precios internacionales de los hidrocarburos”. Entre enero y julio, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación fue de 49.19 dólares, 48.05 por ciento menos que en igual periodo de 2014, cuando se ubicó en 94.7 dólares por barril, de acuerdo con datos de Pemex.
La segunda consideración para que Pemex no pague dividendo al Estado en 2016, de acuerdo con el comunicado del FMP, está relacionada con “los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato –el de 2016-- y en los cinco años posteriores”.
A partir de esas dos consideraciones, el comité técnico del FMP emitió una “opinión favorable” a la propuesta hecha por la Secretaría de Hacienda para que Pemex no pague el próximo año dividendo al Estado.
Así, la propuesta del no pago de dividendo será incorporada en la iniciativa de Ley de ingresos de la Federación para 2016 –el documento en el que el Ejecutivo presenta al Congreso todas las fuentes de financiamiento del gasto para el ejercicio fiscal respectivo--, que será entregada al Legislativo, junto con todo el paquete económico para el siguiente año, antes del 8 de septiembre, estableció el FMP.
Según el artículo 14 transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos “para asegurar un manejo responsable de las finanzas públicas, el dividendo estatal que el Estado determine para el ejercicio fiscal 2016 será, como mínimo, equivalente al 30 por ciento de los ingresos después de impuestos que generen Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias durante el año 2015 por las actividades sujetas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos”.
El artículo 97 de esa misma Ley es donde se habla del dividendo al Estado, establece que Pemex y sus subsidiarias entregarán anualmente al gobierno federal un dividendo estatal. Señala que en el mes de julio de cada año, el consejo de administración de Pemex enviará a la SHCP un reporte sobre la situación financiera de la empresa y de sus subsidiarias, así como los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio fiscal siguiente y los cinco años posteriores, acompañado de una análisis sobre la rentabilidad de esas inversiones y la proyección de estados financieros correspondientes.
Con esa información, y a partir de la opinión del comité técnico del FMP, la Secretaría de Hacienda determinará la propuesta de monto de dividendo que Pemex y sus subsidiarias deberán pagar al Estado, cuyos montos serán incorporados a la Ley de Ingresos, según establece la Ley de Petróleos Mexicanos.
El Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso del Banco de México, constituido como parte de la reforma energética. Su mandato es recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, de acuerdo con información del propio Fondo. Esta instancia se encarga además de administrar los aspectos financieros de dichos contratos, es decir aquellos relacionados con el cálculo y pago de las contraprestaciones para el Estado y los contratistas.
El Fondo transferirá los recursos que reciba al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los demás fondos de estabilización y especiales y tiene el mandato de acumular, con los recursos excedentes, una reserva de ahorro de largo plazo.
El comité técnico del FMP, que aprobó la propuesta de Hacienda, está integrado por: los secretarios de Hacienda y Energía, Luis Videgaray Caso y Pedro Joaquín Coldwell, respectivamente; Agustín Carstens, gobernador del Banco de México; los tres, como representantes del Estado.
Lo integran también, como miembros independientes: Rafael Rangel Sostmann, ex rector del Instituto Tecnológico de Monterrey; el analista politico y presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles y el ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y ex secretario de Comunicaciones y Energía, Luis Téllez Kuenzler.