domingo, 29 de julio de 2012
viernes, 27 de julio de 2012
martes, 17 de julio de 2012
Peña Nieto, al banquillo en la ONU y la CIDH por represión en Atenco
ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ
16 DE JULIO DE 2012
ELECCIONES 2012
http://www.proceso.com.mx/?p=314248
Por segunda vez, miles repudian la imposición de Peña.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Seis años después y a menos de un mes de las elecciones presidencial del 1 de julio, el priista Enrique Peña Nieto es cuestionado ante instancias internacionales por la represión de Atenco en 2006.
A Peña Nieto, quien encabeza el cómputo oficial de la elección presidencial, lo persigue la sombra de las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo policial en Texcoco y San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
En aquella ocasión, los hechos violentos dejaron como saldo 47 mujeres detenidas; de las cuales 26 fueron víctimas de violación sexual.
Esta es “la piedrita en el zapato” para Peña Nieto, advierten activistas.
Las denuncias por el operativo avalado por el entonces gobernador del Estado de México están ya ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones civiles presentarán el martes 17 de julio en Nueva York un informe sobre Atenco ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El documento fue elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ahí se evidencia la impunidad en las torturas sexuales contra las mujeres durante un operativo caracterizado por el “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza” ordenado por quien hoy pretende gobernar el país
Ningún responsable detenido
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh –organización que acompaña a las mujeres de Atenco–, explica que a seis años de distancia de los hechos no hay ningún policía federal o estatal, o funcionario consignado por actos de tortura.
En 2006, el Comité de la CEDAW ya había recomendado al Estado mexicano que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, tuviera jurisdicción en el caso para investigar y sancionar a los culpables.
Sin embargo, en 2009 la Fevimtra declinó el caso a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM); argumentó “falta de competencia”.
El informe de la OMCT y el Centro Prodh destaca el incumplimiento de México de la recomendación de la CEDAW, ya que a más de seis años de los hechos ni un solo policía ha sido sancionado penalmente.
También advierte que la PGJEM no ha garantizado el acceso de las mujeres a la justicia; además, reitera que la Fevimtra sí era competente para continuar con las investigaciones y consignar a los responsables.
La abogada del Centro Prodh señala que sin importar quién llegue a Los Pinos, el tema será todo un reto para la nueva administración porque tendrá que responder a las recomendaciones que emita el Comité de la CEDAW.
Apunta que la represión en Atenco ya es un caso contra el Estado mexicano, porque en noviembre de 2011 la CIDH lo admitió para su análisis.
En 2008, y ante la falta de justicia en México, 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tortura sexual llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo que eventualmente podría enviar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Aunque el Comité de la CEDAW y la Coidh buscan evidenciar la responsabilidad del Estado mexicano sin hacer alusiones a personas en específico, las organizaciones civiles han señalado que uno de los principales responsables es Peña Nieto.
“Manchado de sangre”
El pasado 11 de mayo, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, el candidato presidencial del PRI-PVEM dijo que en Atenco reestableció el orden: “Fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente (sic)”.
“Está manchado con sangre de Atenco, está condenado por todo lo que ordenó contra nuestro pueblo”, advierte indignada América del Valle, perseguida política tras los hechos de mayo de 2006, al hacer un balance del significado de este movimiento en la actual coyuntura política.
Tras reconocer que aún hay un clima de miedo por lo que representa el virtual candidato electo –cuestionado por presuntas irregularidades electorales– Del Valle afirma que las demandas de San Salvador Atenco persisten.
“El temor más grande que tengo es que nos quedemos callados, que a este pueblo mexicano se le olvide y le dé la bienvenida como si nada hubiera pasado a un represor que apenas hace seis años cometió lo que cometió”, sostiene.
Sobre este tema, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que participó activamente en el movimiento, asegura desafiante: “Estamos y seguiremos siendo la piedrita en el zapato”.
Advierte que las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la gente de Atenco, entre encarcelamientos,
persecuciones injustas y tortura sexual, reflejan al “hombre represor” que es Peña Nieto y a quien no le importaría repetir un conflicto similar.
domingo, 15 de julio de 2012
viernes, 13 de julio de 2012
2012, las Elecciones mas Sucias de la Historia
Estas elecciones fueron más sucias que las de 2006: exconsejero del IFE
REVISTA PROCESO. JUEVES 12 DE JULIO DE 2012
http://www.proceso.com.mx/?p=313993
JOSÉ GIL OLMOS Y ROSALÍA VERGARA
MÉXICO, D.F. (apro).- El exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Jaime Cárdenas, manifestó que existen casos en los que las elecciones se han anulado por violaciones menores a las que incurrió el Revolucionario Institucional, partido al que acusó de haber utilizado recursos de procedencia ilícita para la campaña de Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, donde desglosó el recurso de inconformidad que presentó el Movimiento Progresista ante el IFE, el diputado del Partido del Trabajo y miembro del grupo de asesores jurídicos de la coalición subrayó que se violaron los preceptos constitucionales de elecciones libres, auténticas, certeras y transparentes.
Cárdenas afirmó que estas elecciones fueron más sucias que las de 2006, y para ello, agregó, se utilizaron las tarjetas de Soriana y Monex, además de que se derrochó dinero en varios estados para comprar aproximadamente 5 millones de votos a favor de Peña Nieto.
Luego de una larga explicación sobre las principales irregularidades en la compra y coacción del voto, el exconsejero del IFE mencionó el caso de los gobernadores del PRI que se confabularon para apoyar financieramente la campaña del exgoberndaor mexiquense usando recursos públicos.
Destacó que los mandatarios priistas, principalmente de Tabasco, Estado de México, Veracruz, entre otros, podrían haber incurrido en el delito de lavado de dinero al usar recursos de procedencia ilícita para la compra de votos.
Además, advirtió la posibilidad de que el candidato presidencial del PRI también recibió dinero del extranjero.
Según el legislador del PT, hay pruebas de la manipulación de encuestas a favor de Peña Nieto, la compra y coacción de cinco millones de votos, la existencia de estructuras paralelas de financiamiento y el rebase de tope campaña.
Aseguró que sólo por este último punto sería suficiente para que se convocara a nuevamente a elecciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Mencionó los casos en los que el TEPJF ha anulado elecciones, como Morelia, Michocán, y Zimapán, Hidalgo. En el primero, dijo, el candidato del PRI recibió apoyo del campeón mundial de box Juan Manuel Márquez, en su pelea con Mani Paquiao, al poner en su calzoncillo el logo priista. El segundo caso, añadió, fue porque el candidato del PRD recibió apoyo del sacerdote del pueblo en su homilía.
Jaime Cárdenas también recordó el caso de la elección de Tabasco, hace 12 años, cuando se demostró que Manuel Andrade, candidato del PRI, se había excedido en el pago de publicidad en los medios del estado, incurriendo en la inequidad.
Concluyó que existen los fundamentos suficientes para que el TEPJF determine la invalidez de la elección.
Con domicilios falsos, 2 empresas que depositaron $160 millones
Indicios de lavado de dinero con las tarjetas de Monex
AN y la izquierda señalaron que los recursos fueron a la campaña priísta
La CNBV sostiene que ya realiza trabajo de supervisión del caso
Solicitó la Fepade información sobre operaciones de ese banco y Soriana
Roberto González Amador y Gustavo Castillo García
viernes 13 de julio de 2012, 05:05hrs
Carmen Aristegui F.
¿Invalidar la eleccion presidencial?
Tal como sucedió el año pasado en el caso Morelia, cuando el TEPJF decidió invalidar la elección para la presidencia municipal, el Movimiento Progresista pretende, en ese mismo Tribunal, que se declare la invalidez de la elección por la Presidencia de la República. Ni más ni menos.
Como en el caso michoacano, se busca que el Tribunal acepte que hubo factores diversos que trastocaron el orden democrático y que, en consecuencia, violaron la Constitución.
Ayer se presentó ante el IFE, para ser remitido al Tribunal Electoral, el voluminoso expediente -de más de medio millar de hojas- con el que las fuerzas políticas que impulsaron a Andrés López Obrador en su candidatura presidencial pretenden desatar un debate legal y constitucional en ese órgano colegiado en busca de que se cumpla su objetivo.
No se busca la nulidad, sino la invalidez. Se busca que el proceso se repita, tal y como ocurrió en la capital michoacana el pasado 1o. de julio en una elección extraordinaria. No es la primera vez que se anula o invalida una elección en nuestro país. El Tribunal, hoy en funciones, ha anulado más de una veintena de procesos electorales entre internos de los partidos y constitucionales. Nunca ha sucedido con una presidencial.
Hoy, los expertos se dividen en dos grupos: el de los que apelan a que ninguna de las tres causales escritas en la ley para la nulidad se ha cumplido: no ocurrió que el 25 por ciento de las casillas haya sido anulado; tampoco dejaron de instalarse el 25 por ciento de las casillas y tampoco el candidato con más votos presenta condiciones de inelegibilidad. Todos saben que la de la anulación es una ruta intransitable, por eso, buscan la otra.
Dado que hay acusaciones reiteradas sobre graves irregularidades, se plantea que hay que limpiar la elección; identificar las prácticas ilegales, a los responsables, y sancionar a quienes corresponda. Desde esta lógica, se habla de aceptar resultados, dar paso a una nueva Presidencia, abrir paso a nuevas reformas y perfeccionar el sistema electoral.
En el otro extremo del debate jurídico, que es el que van a pelear los del Movimiento Progresista, se apela a una discusión más abstracta, que involucra una fuerte dosis interpretativa acompañada de centenares de videos, testimonios, documentos o evidencias cuyo valor radicará en demostrar que durante la elección por la Presidencia se violaron preceptos constitucionales.
El conteo pasó la prueba de fuego, con el más grande recuento de la historia. Los resultados del conteo rápido y del PREP quedaron inalterados. El tema no está ahí, tampoco.
La izquierda busca invalidar el proceso, alegando que se violó el artículo 41 de la Constitución, que establece que debe haber elecciones no sólo periódicas, sino libres y auténticas.
El PRI alega que toda la argumentación que se ha mostrado es falsa y que lo que se ha presentado es un dechado de subjetividades. La pregunta es ¿qué va a resolver el Tribunal?
El Movimiento Progresista afirma que puede demostrar que se compró y coaccionó masivamente el voto, que se utilizaron recursos públicos e inconfesables desmedidos, que se contó con la ayuda de medios de comunicación para posicionar, indebida y deliberadamente, a Peña Nieto, que el mercado de las encuestas fue corrompido y afectó las condiciones de la contienda, que hubo estructuras paralelas para financiar la operación de la campaña del PRI. López Obrador afirma, por ejemplo, que el 12 de junio se reunieron en Toluca 16 gobernadores, quienes se comprometieron a cumplir con la asignación de cuotas de votos para la elección. Afirma que en el caso del Estado de México se ofreció aportar 2 millones 900 mil votos y que ésa, precisamente, es la cifra que obtuvo el PRI en la entidad.
En el recurso presentado la noche de ayer se afirma que la compra masiva de votos alcanzó los 5 millones y que ese solo hecho desnaturaliza la noción básica de unas elecciones libres, al romperse el equilibrio y la equidad. Las bases para intentar la invalidez anunciadas radican también en la afirmación de que la campaña de Peña Nieto rebasó de forma desmedida el tope permitido por la ley, de 336 millones de pesos, en cantidades cercanas a los 4 mil 500 millones de pesos. Y ahí se entrará, es de suponerse, al gran tema del momento: el destino pero, sobre todo, el origen de los recursos que se presume fueron utilizados. Los casos Soriana pero, sobre todo Monex, dejan todavía muchas interrogantes abiertas.
La ¿Ultima? Traicion del Usurpador
La ¿última? traición de Calderón
MARCELA TURATI 12 DE JULIO DE 2012
http://www.proceso.com.mx/?p=313923
Felipe Calderón y Javier Sicilia.
Foto: Germán Canseco
La Ley General de Víctimas sería el primer paso del gobierno calderonista para reivindicar a las víctimas inocentes de la delincuencia organizada y la guerra militarizada contra el narcotráfico. Sin embargo, el proyecto elaborado por juristas, académicos e integrantes del Movimiento por la Paz que encabeza Javier Sicilia se topó con un obstáculo: el propio Felipe Calderón. Por eso Sicilia lo acusa de traición a su palabra y a la Constitución, mientras que el defensor de derechos humanos Édgar Cortez advierte que con esa maniobra el mandatario saliente libró también a Enrique Peña Nieto de esa deuda del Estado mexicano.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad señala la emergencia: si en este momento no se publica la Ley General de Víctimas (LGV) que la Presidencia “vetó”, el Estado no se responsabilizará por los daños de la guerra contra el narcotráfico y quedarán al garete los 70 mil muertos, los 20 mil desaparecidos, los cientos de miles de desplazados, los miles de huérfanos, viudas, heridos, familias rotas y comunidades sin paz.
Esta ley, dice en entrevista Javier Sicilia, fundador del movimiento, “la secuestraron, midieron los tiempos y usaron a las víctimas de carne electoral; y el mismo 1 de julio, cuando ven perdidas las elecciones, la mandan de regreso al Congreso, contraviniendo plazos e insultando a las víctimas, despreciando el trabajo de los legisladores, de los expertos de la UNAM y del Inacipe (Instituto Nacional de Ciencias Penales). Esta es una gran traición del presidente, que no quiere asumir la deuda del Estado con las víctimas”.
El también colaborador de Proceso critica: “Como (Calderón) no quiso vetar la ley durante el proceso electoral, la secuestró por 20 días y esperó a que pasaran las elecciones para vetarla. Tal parece que quieren reventar la ley: primero cometió una falta flagrante a la Constitución y a los tiempos que marca, es la palabra empeñada del presidente, y la regresan en un momento tan tenso y delicado, después de las elecciones, cuando las cámaras no están sesionando… y cuando sesionen entrarán los nuevos”.
La tormenta se desató el 1 de julio, cuando el Poder Ejecutivo, con el argumento de que la LGV requiere ser mejorada antes de su promulgación, la devolvió al Poder Legislativo. Esto, a pesar de que fue aprobada el 30 de abril y tenía 30 días para promulgarla o 10 más para hacerle observaciones.
El Ejecutivo argumentó que el Congreso no tiene facultades para decretar una ley de carácter general que distribuya competencias entre los niveles de gobierno; que la LGV es incompatible con otras legislaciones y con el sistema de atención a víctimas ya existentes; que su implementación tendría alto costo; además de que libra a los gobernadores, presidentes municipales y delincuentes de sus responsabilidades hacia las víctimas, y carga todos los costos al gobierno federal.
“Si tienen dinero para la guerra, ¿cómo no van a tener? Si gastaron en monumentos suntuosos, como la Estela de Luz, de mil millones de pesos, o en estas elecciones de la ignominia, que costaron 25 mil millones, y todo lo demás que no reportan… Es indignante que estén fijándose en los costos. ¡Eso se llama saduceísmo, miseria, mezquindad!”, señala.
“Hay una deuda del Estado que decretó una guerra, y si quieren que pague el delincuente pues que lo agarren. ¡Hay una responsabilidad del Estado por falta de justicia, porque hay 98% de impunidad!”, continúa el poeta, que alzó la voz contra la estrategia de la guerra a raíz del asesinato de su hijo el 26 de marzo del año pasado.
Guadalupe Pérez Rodríguez, quien era secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuando se realizó el trámite de envío de la LGV, calificó como una falta de respeto a las víctimas y una “chicana” lo que hizo el Ejecutivo, ya que por excederse en los plazos es violatorio de la Constitución.
“Es completamente irregular lo que ha pasado, una violación constitucional. Debe haber un respeto absoluto a las víctimas, a los compromisos de nuestro partido y de todas las demás facciones y del presidente. Con esto se falta el respeto a las víctimas y a la legalidad, por lo que el decreto debería publicarse”, indica en entrevista, perpleja porque en los tres años que estuvo en la cámara no vio nada semejante.
La legisladora priista explica que aunque el 10 de mayo ella envió al Ejecutivo federal el decreto de la LGV, éste siguió “un trámite poco claro” cuando el secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara, el panista Óscar Martín Arce Paniagua, solicitó a Gobernación que devolviera el documento, con lo que detuvo el plazo para que fuera publicado (el secuestro del que habla Sicilia); hasta 20 días después se volvió a enviar el decreto original a la dependencia federal.
“La Secretaría de Gobernación argumentó que era en esa fecha –1 de junio– y no el 10 de mayo cuando lo recibió por primera vez, y la tomó como fecha en la que iniciaba el cómputo de los 30 días para publicar la ley (…). Para el Senado de la República el plazo oficial inició el 10 de mayo y no el 1 de junio”, explica.
La legisladora señala que, ante estas circunstancias, existen tres posibles destinos para la LGV: su regreso al Senado, su promulgación o su veto.
La primera implica que la Cámara de Senadores acepte las observaciones del Ejecutivo, con lo que no podría ser revisada y votada hasta octubre próximo, cuando se instalen nuevas comisiones; la segunda, que se rechacen las observaciones y se publique el decreto de la LGV en el Diario Oficial de la Federación; y la tercera, que se inicie una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina cuál fue la fecha real en la que se vencía el plazo para publicarla. Si se reconoce la versión del Legislativo, sería el 10 de mayo y la ley entraría en vigor, pero si le da la razón al Ejecutivo el veto será válido.
“Si esta norma no está vigente y no existe un instrumento para darle certidumbre, queda a la deriva. Por eso debemos exigir que se publique, se necesita de manera urgente e inmediata la atención a las víctimas. El envío del Ejecutivo a la cámara el 1 de julio es fuera de término, una chicana… No corresponde a las fechas de los términos para hacer observaciones o publicarla”, sostiene Pérez Rodríguez.
La ruta del instrumento legal
La LGV fue confeccionada durante nueve meses por expertos del Inacipe (a petición del Ejecutivo), especialistas de la UNAM e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Se incluyeron anteproyectos realizado por el PRI, el PAN y el PRD.
Según Julio Hernández Barros, experto del Inacipe, las diferencias surgieron desde las mesas de trabajo establecidas con Gobernación en la etapa de cabildeo. Y un senador confió a este semanario que posteriormente la dependencia pidió a varios legisladores que no aprobaran el proyecto.
Aunque el grupo parlamentario del PAN manifestó algunas reservas, al final diputados y senadores aprobaron la ley por unanimidad y se llevaron un reconocimiento público.
El 10 de mayo de 2012, a través del oficio DGPL 61-II-1-3420, dirigido al secretario Poiré y firmado por el senador Renán Cleominio Zoreda y la diputada Pérez Rodríguez, secretarios de las mesas directivas de las respectivas cámaras, se remitió el decreto de la ley al Ejecutivo federal, que contaba con 30 días naturales para hacerle observaciones y 10 días naturales para promulgarla y publicarla.
El Movimiento por la Paz indica que el 29 de junio, transcurrido el plazo adicional, la ley se considera promulgada. Causó tanto asombro que el Ejecutivo no lo hiciera, que el presidente de la Cámara de Senadores, el panista José González Morfín, a través del oficio DGPL.-2P3A.-6469, solicitó a Poiré que girara instrucciones “a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación”.
En un comunicado, el movimiento señala: “La LGV fue ‘secuestrada’ 20 días, en una acción fuera del marco jurídico entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado del PAN Óscar Martín Arce Paniagua, y la Secretaría de Gobernación”.
En el documento de observaciones al proyecto de decreto por el que se expide dicha ley, el Ejecutivo argumenta inconsistencias en el marco jurídico propuesto, incompatibilidad con otras leyes, inconsistencias respecto del esquema de protección y reparación a víctimas como “altos e incuantificables costos”, o que se excluye al jefe de Gobierno del Distrito Federal de las responsabilidades, así como violación a los principios del derecho penal democrático, por lo que el secretario Poiré ha insistido en que se devolvió la LGV al Legislativo para que la perfeccione antes de publicarse.
Sicilia señala: “Primero que cumplan, que la publiquen, después hacemos los cambios necesarios, porque a la inversa parece que quieren reventar la ley. Ahora nos están invitando a dialogar con el presidente, pero ¿qué tenemos que platicar cuando ya está el veto? Que se apegue a la ley, que la publique y hacemos las modificaciones convenientes y necesarias, pero así no”.
Desde la última semana de abril este semanario solicitó una entrevista al secretario de Gobernación para que exponga sus puntos de vista, pero la oficina de Comunicación Social no la ha autorizado.
Los miedos del Estado
La ley en cuestión pretende aplicar una reingeniería al sistema de justicia en favor de las víctimas de la violencia, con lo que activaría mecanismos para la reparación de los daños, permitiría diagnosticar los males causados durante la narcoguerra y reconocería los derechos de víctimas de la delincuencia común, de las organizaciones delictivas y de agentes del Estado.
Su promulgación implica la creación de un Registro Nacional de Víctimas, un Registro Nacional de Datos Forenses, un fondo para la reparación del daño, así como derechos como la restitución, indemnización y rehabilitación.
Entre sus novedades, la LGV establece que las víctimas deben recibir asistencia médica, psicológica y jurídica, rehabilitación, así como apoyo monetario, becas y asistencia humanitaria para que puedan dar seguimiento a sus casos ante la justicia sin empobrecer.
Les reconoce también el derecho a una investigación judicial pronta y efectiva, que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de todos los causantes del daño. Además, contarían con un instituto de abogados victimales que llevarán sus casos de principio a fin. Esta figura equivale a los defensores de oficio que defienden a los inculpados y tendría la facultad de proceder contra agentes investigadores, jueces u otras autoridades que obstruyan los derechos de sus defendidos.
Cuando el caso sea ganado, el ofendido podrá obtener hasta 1 millón de pesos, que saldría del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño. Si el victimario es funcionario de gobierno, el Estado deberá pagar los daños, pedir una disculpa pública y cumplir actos de reparación. Si el delincuente es un particular, deberá resarcir los perjuicios con sus propios recursos y, en caso de que no pueda hacerlo, el Estado entraría como subsidiario.
Se considera una víctima a quien acredite haber sufrido algún daño económico, físico, mental, emocional o jurídico a consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, o sus familiares afectados o personas que dependían de la víctima directa.
El exsecretario de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Édgar Cortez, considera evidente la falta de disposición del Ejecutivo para asumir la responsabilidad que tiene el Estado hacia las víctimas.
“En el discurso público, en los encuentros con las víctimas, dice que sí las va a atender pero en los hechos demuestra que no quiere cumplir ni comprometerse. Como políticamente sería incorrecto, toma una vía de simulación. Así, Calderón reitera su posición de que las víctimas son daños colaterales y el Estado no tiene por qué hacerse cargo de ellas; ese es el fondo del asunto”, expresa.
Cortez considera peligroso que desde la Presidencia se bloquee la ley cuidando de desobligar a Peña Nieto de la atención a la gente que ha sufrido por la violencia y la delincuencia:
“Después del proceso electoral y de las sintonías que vimos del candidato del PRI con el gobierno del PAN, pesa la afinidad entre esos dos partidos, tal vez para que ninguno de los dos se quede con esa responsabilidad hacia las víctimas.
“Eso es totalmente deplorable porque la estrategia de seguridad ha tenido un costo electoral muy alto y tiene que haber una clara base para que el Estado responda a cada familia, y de forma colectiva, por lo que han significado las miles de personas ejecutadas, desaparecidas, y quienes han estado por años peregrinando buscando justicia sin encontrarla.”
Cortez, uno de los coordinadores del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia, lamenta que el Movimiento por la Paz no haya involucrado en el proceso de construcción de la ley al mayor número posible de víctimas y defensores, lo que provocó que su contenido aún no sea suficientemente conocido y en consecuencia pocos salgan a defenderla.
“Está faltando la fuerza social que tuviera que estarse manifestando y reclamando para que esa ley entre en vigencia. No hubo un proceso de apropiación social de esa ley; es una debilidad, porque no aparece con contundencia el movimiento reclamando. Es la consecuencia de una falta de trabajo de construir el respaldo social que requiere una ley como ésta”, señala.
Las organizaciones de derechos humanos más importantes del país aún desconocen el contenido de la ley y no fueron consultadas. Cuando se le pregunta a Sicilia sobre esta omisión, señala: “Teníamos que sacarla en estos momentos, si no, ¿quién se va a hacer responsable de esta deuda? Si nos ponemos a consensuar, entonces no hay Ley de Víctimas. Además, no es un asunto de asambleísmos, es de expertos; hay víctimas que hablan por todos, como las del Castillo de Chapultepec. Son una muestra y sabemos perfecto cómo se nos han violado los derechos”.
Agrega: “Si el gobierno nos está criminalizando, si nadie quiere reconocer los muertos ni la deuda del Estado, si todo lo resumen a un asunto de inseguridad, si para este gobierno corrupto y esta partidocracia no hay 70 mil muertos ni 20 mil desaparecidos, ¿cómo íbamos a esperar para condensarla? ¡Yo no veía otra salida! Y con todo y que la sacamos, ahora estamos en esta situación”.
jueves, 12 de julio de 2012
Desgobiernos Participantes en el SorianGate
México: CARMEN ATISTEGUI PRESENTA DOCUMENTOS Y DA A CONOCER DATOS DEL SORIANAGATE, Y MUCHO MAS
Mexican@s cada vez estamos más cerca de que al Peña Nieto le cancelen la candidatura presidencial
Presenta Carmen Aristegui en su noticiero de MVS del viernes 6 de julio, contundentes pruebas (documentos) de gastos de despensas de Soriana por más de 6 mil millones de pesos (448 mil millones de dólares) que fueron utilizados para la compra, coacción e inducción del voto; además de que estos gastos que rebasan ampliamente los topes de campaña
Aristegui Noticias
Los Estados con gobiernos priistas compraron 6 mil de millones de pesos a Soriana en despensas, 5 mil millones se invirtieron en el presente año electoral.
Entre 2008 y 2012, la tienda cerró negocios millonarios con gobiernos estatales y municipales para venderles miles de despensas. En la mayoría de los casos, Soriana fue el único participante en las licitaciones, revelan documentos en poder de AN.
Julio 6, 2012 8:45 am
Documentos entregados a Noticias MVS prueban que los gobiernos del Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, y el municipio mexiquense de Metepec, entre otros, habrían gastado más de 2 mil 294 millones 220 mil pesos en la compra de despensas a la empresa Soriana.
Carmen Aristegui reveló esta información en su noticiario de radio el viernes 6 de julio.
En las últimas horas Aristegui Noticias ha obtenido más documentación, con la que estima que el monto de los gastos de gobiernos estatales en despensas de Soriana sería mayor a los 6 mil millones de pesos.
‘SorianaGate’ crece
Horas después de la elección federal del domingo pasado, la cadena de tiendas de autoservicio Soriana fue exhibida como otro actor en la escena electoral.
Como sólo ocurre en Navidad, el lunes 2 y martes 3 de julio cientos de miles de personas abarrotaron tiendas de esa cadena de autoservicio en el oriente de la ciudad de México, a donde acudieron a comprar con monederos electrónicos. Miles de esos monederos precargados con montos de 300, 500 y 700 pesos.
El martes 3 La Jornada reveló testimonios de los clientes que, ante el temor de perder sus beneficios, acudieron a la tienda de calzada Ignacio Zaragoza desde municipios vecinos del Estado de México. En redes sociales aparecieron testimonios, imágenes y videos de clientes que declararon que los monederos les fueron entregados a cambio de que enviaran la fotografía de su boleta electoral con el voto por los candidatos del PRI-PVEM.
El mismo día el Movimiento Progresista denunció a la opinión pública que con tarjetas o monederos electrónicos de esa tienda se habrían comprado votos para el PRI.
El jueves 5 de julio el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “ciudadanos arrepentidos” le entregaron 3 mil 500 de esas tarjeta para demostrar la compra del voto.
El Movimiento Progresista presentó denuncias ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
El PRI demandó a la PGR que inicie una investigación sobre el uso de los monederos. En entrevistas con medios internacionales, Enrique Peña Nieto negó las acusaciones y afirmó que “si hay pruebas que se presenten ante la autoridad legal que corresponda”.
Documentos en Noticias MVS
En este contexto, Aristegui Noticias obtuvo el jueves 5 documentos que probarían que la cadena de tiendas Soriana cerró negocios millonarios con al menos siete gobiernos estatales y municipales a los que vendió miles de despensas con productos básicos.
Los documentos prueban operaciones de gastos en desarrollo social de los gobiernos de Nuevo León, Coahuila, Durango, Estado de México, Baja California, Sinaloa, Guerrero y el municipio mexiquense Metepec. Todos en compra de despensas y productos alimenticios a Soriana.
Varios de esos contratos se cerraron entre febrero y junio de 2012, a través de licitaciones públicas exprés, en las que Soriana fue el único participante en casi todos los casos.
El total de los gastos registrado en los documentos que recibió Aristegui Noticias es de 2 mil 294 millones 220 mil 941 pesos, que se habrían destinado a la compra de miles de despensas básicas que reforzarían programas sociales que administran los DIF estatales o las secretarías de Desarrollo Social locales.
Estado
Dependencia
Fecha del acta o contrato
Servicio
Monto
Tipo de proceso
Nuevo León
DIF- Nuevo León
14 /Jun /12
Suministro de despensas
$184’468,969 pesos
Adjudicación de contrato
Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
26/abr/12
Adquisición de desayunos escolares fríos del Programa de Apoyos alimentarios 2012
$32’017,373 pesos
$34’959,712 pesos
Licitación pública nacional
Nuevo León
Secretaría de Desarrollo Social
30/mzo/12
Suministro de despensas
$19’996,773 pesos
Subasta electrónica inversa
Guerrero
Secretaría de Finanzas y Administración
26/mzo/12
Adquisición de insumos alimenticios
$330’981,447 pesos
Licitación pública nacional
Durango
DIF Durango
12/mzo/12
Adquisición de despensas y otros productos alimenticios del Ejercicio Fiscal 2012
$123’947,545 pesos
Licitación pública nacional
Coahuila
Secretaría de Finanzas
02/mzo/12
Alimentación (Despensas)
$281’022,000 pesos
Licitación pública nacional
Estado de México
Dirección de Finanzas
9/dic/11
Productos Alimenticios para personas (Canasta Alimentaria Bicentenario)
$64’993,400 pesos (284 mil despensas)
Licitación pública nacional
Estado de México
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
13/abr/12
Canastas alimentarias
$472’866,000 pesos
Licitación pública nacional
Estado de México
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
13/abr/12
Canastas alimentarias
$123’089,000 pesos
Licitación pública nacional
Metepec, Edomex
Dirección de Administración
s/f
Adquisición de paquete alimentario
$31’537,000 pesos
Licitación pública nacional
Veracruz
DIF Veracruz
15/feb/12
Programas Alimentarios
$594,342,720 pesos
Licitación Pública Nacional
$2,294,220,941 pesos
TOTAL
Adicionalmente a lo que se presentó en Noticias MVS, el equipo del sitio Aristegui Noticias encontró varios documentos más, a través de Compranet y de portales de transparencia. Se trata de contratos adjudicados a Soriana en Baja California y el Estado de México.
En el primer caso, Baja California, la licitación en 2012 número BC-DIF-MXL-INV-FAM-12-05 fue por concepto de “Adquisición de Insumos Requeridos para los Programas de Asistencia Social Desayunos Escolares y Despensas”, el cual fue otorgado a Soriana en algunas de las partidas por un monto de15 millones 249 mil 258 pesos.
En el Estado de México, los nuevos documentos encontrados revelan un gasto del gobierno mexiquense en despensas Soriana de 3 mil 933 mil 510 millones de pesos entre los años 2008 y 2012, es decir, en tres de los años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con las nuevas cifras, se estima que el total del monto adjudicado de dinero público, sería cercano a los 6 mil millones de pesos en este tipo de gastos.
Por ahora, sólo gasto en despensas
Sin embargo, confirman que desde hace cuatro años, algunos gobiernos estatales -en su mayoría gobiernos del PRI-, han gastado cantidades millonarias de recursos públicos en la compra de despensas a Soriana y que muchas de esas compras se hicieron en procesos de licitación poco transparentes, o en condiciones que siempre beneficiaron a la misma empresa.
Los documentos presentados el viernes por Noticias MVS y Aristegui Noticias no prueban que las despensas adquiridas por los gobiernos locales hayan sido usadas con fines electorales.
Pero, claramente lo que si prueban los documentos es que en los meses previos a la jornada electoral del 1 de julio de 2012 se llevaron a cabo la mayoría de estas operaciones “exprés”.
Millones de pesos en licitaciones por parte de los estados para la compra de "despensas" que no se determinaron cuando y donde serían entregadas.
A todos lo que ven este vídeo, no bajen las manos, la lucha ha comenzado, la mayoría de las plazas del país lucieron llenas e indignadas por los delitos de compra y coacción del voto, la inversión de los gobiernos estatales en millonarias despensas a través de Soriana. Los corruptos de arriba son pocos y ahora con pruebas que los señalan claramente como delincuentes, ellos son los que deben estar preocupados que se les cayó el teatrito .
Gobiernos estatales dan concesiones billonarias para Soriana #sorianagate Parte 1 de 2
http://www.youtube.com/watch?v=lNNSCzjW4IU
Gobiernos estatales dan concesiones billonarias para Soriana #sorianagate Parte 2 de 2
http://www.youtube.com/watch?v=CJsKOy5-EDM
Miles de millones de pesos fueron gastados por los gobiernos del Estado de México, nuevo león, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, y el municipio de Metepec, entre otros, para la compra de despensas a la tienda de autoservicio Soriana, entre 2008 y el 2012, según lo demuestran documentos que llegaron de manera anónima a la redacción de laPrimera Emisión en MVS de Carmen Aristegui dio a conocer el contenido de las licitaciones.
Ciro Gómez Leyva reconoce que encuestas de @Milenio mentían y pide perdón
http://www.youtube.com/watch?v=eWV-g7RHRUA
No cabe la disculpa, nunca creímos en sus encuesta copeteadas. Lo que si te digo Ciro, es que tu canal se va a la mierda, porque vamos a castigarlos, no veremos nunca más este pinche canal basura de milenio. Te lo prometemos y te lo cumplimos. Chinga tu puta madre Ciro la puta que te pario editorialmente otra basura de nombre Carlos Marín con su Tercer Grado.
Enrique Peña Nieto le Pago 2 millones de dólares a televisa y 600 mil dólares a López Dóriga. Televisora All Jazeera
http://www.youtube.com/watch?v=s99Y0P35Nmo
Sólo los ciegos no ven – Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=a3-HmXmUSNU
Solo los ciegos no ven – Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=iLjtU38g9Ek&feature=g-logo-xit
El tremendo contraste entre lo realidad telenovelera que manipula la televisión, donde todo parecía color de rosa, en las calles y casillas la situación fue muy distinta.
Carlos Alazraki publicista de Soriana, debate con manifestantes afuera de la embajada de México en Madrid, España, al final, cuando le preguntan ¿Y yo como ciudadano ahorita que hago?, Alazraki les contesto “te chingas”. Para no seguir soportando esto es mejor evitar que Peña sea presidente.
http://www.youtube.com/watch?v=c8cOZAG-Z3o&feature=player_embedded
Yo estudio en la Fac de Ciencias de la UNAM donde hay mucha fuga de cerebros, gente brillante y ninguno se maneja con esa arrogancia imbécil, aquí la gente ces de mente abierta sin visiones simplistas de la situación, no hay que perder el tiempo con esos ignorantes, saludos.
Carmen Aristegui y el #Sorianagate
http://www.youtube.com/watch?v=4fCWazF8DsQ&feature=player_embedded
Aunque el sonido deja mucho que desear tiene mucha importancia las reflexiones que sobre el soriana gate hace la periodista Carmen Aristegui.
A todos lo que ven este vídeo, nos damos cuenta de cómo los gobernadores gastaron millones de pesos en licitaciones por parte de los estados para la compra de "despensas", que todos sabemos que fue EPN el que lo hizo para comprar votos. Cada vez tenemos más pruebas para no bajar las manos, la lucha ha comenzado, la mayoría de las plazas del país lucieron llenas e indignadas por los delitos de compra y coacción del voto, la inversión de los gobiernos estatales en millonarias despensas a través de Soriana. Los corruptos de arriba son pocos y ahora con pruebas que los señalan claramente como delincuentes, ellos son los que deben estar preocupados que se les cayó el teatrito .
Carmen Aristegui con PRUEBAS DE QUE PEÑA NIETO YA COMPRÓ LA PRESIDENCIA 2.webm
http://www.youtube.com/watch?v=PqCo_kEoxnI
Para todos aquellos que pedían "REVOLUCIÓN HA LLEGADO EL MOMENTO" el momento de UNIRNOS Y TENER MUCHO VALOR"!! por fin HA LLEGADO. Para los que se quedaran en casa a dormir, trabajar tener hijos y morir como un mexicano de siempre.. LES HAGO UN LLAMADO A LUCHAR... EPN YA COMPRÓ LA PRESIDENCIA, ASEGURA JOSE MARÍA SILES EN PROGRAMA, recuerda!!"
Soriana PRI
http://www.youtube.com/watch?v=5qsHNqTS68c&feature=related
Bola, éste de Kate es magnífico y cortito.
"México ya se fregó" Kate del Castillo sobre triunfo del PRI Peña Nieto
http://www.youtube.com/watch?v=MMD816hTuyc&NR=1&feature=endscreen
Cobertura de EPN en EU no es del todo favorable- Dolia Estévez, corresponsal. Jueves 5 de julio de 2012
Audio:http://ww2.noticiasmvs.com/entrevistas/primera-emision-con-carmen-aristegui/cobertura-de-epn-en-eu-no-es-del-todo-favorable-dolia-estevez-corresponsal-872.html
Comentó con Carmen Aristegui que ya empieza la prensa de Estados Unidos a cubrir el recuento que está haciendo IFE a petición del candidato Andrés Manuel López Obrador y por otro lado la cobertura sobre Enrique Peña Nieto continúa y no es del todo favorable y dijo que de acuerdo al New York Times, EPN tiene una vida de telenovela, no es lector asiduo y escucha música de ABBA y Celine Dion.
Dolia opinó que la cobertura a EPN le recuerda a Carlos Salinas de Gortari, por la preocupación que puede tener de su imagen en EU.
miércoles, 11 de julio de 2012
domingo, 8 de julio de 2012
sábado, 7 de julio de 2012
Desgobierno Vs Avicultores
Reprueban avicultores la decisión de importar blanquillo para frenar alzas
Los productores estamos perdidos con la Secretaría de Economía como enemiga
Cerco sanitario en una granja de la zona de TepatitlánFoto Arturo Campos Cedillo
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 7 de julio de 2012, p. 3
La Unión Nacional de Avicultores (UNA) rechazó la determinación de la Secretaría de Economía (SE) de importar 211 mil toneladas de huevo para frenar el alza del precio del producto derivada de la influenza aviar que afecta a algunas granjas en el estado de Jalisco.
Jaime Crivelli, presidente de la UNA, señaló en entrevista que la medida es errónea y culpó a los intermediarios, especuladores y acaparadores del producto de la elevación del precio del kilo de huevo, el cual en algunos lugares supera los 30 pesos, mientras los productores lo continúan vendiendo entre 19 y 20 pesos.
El directivo remarcó que menos de 2 por ciento de gallinas están infectadas con el virus H7N3. Consideró que la forma en que han actuado las instancias sanitarias ha sido la correcta, pues –sostuvo– el brote no ha crecido ni se ha dispersado. Incluso expresó su confianza en que con la pronta disposición de la vacuna la situación mejorará en pocas semanas.
No hay mayor problema, pero con la Secretaría de Economía como enemiga de los productores, estamos perdidos, se está apresurando y toma una decisión errada. Esperamos que recapacite, porque si se importan 6 millones de cajas de huevo vamos a ver quién se los va a comprar y a comer, se va a echar a perder el huevo que se produce a escala nacional, refirió.
No hay necesidad de importar
Insistió en que tras conocerse la existencia de influenza aviar en granjas de los municipios de Tepatitlán y Acatic se creó un hueco momentáneo, pero ahora hay suficiente abasto de huevo, no hay necesidad de importar. Si se hace esto será la puntilla para los medianos y pequeños productores.
Remarcó que importar huevo es una medida unilateral y añadió que, en general, el producto está caro en el extranjero, así que poco se podrá solucionar en cuanto al precio, a no ser que ahora también lo subsidien.
No sé de dónde lo traerán porque en Estados Unidos no está nada barato, cuesta 30 pesos el kilo, y en Europa 80 pesos.
Subrayó que el gobierno federal debe actuar contra los intermediarios que guardaron huevo para especular porque pensaron que se iba a acabar la producción. Recriminó que ahora éstos quieren ganar, se están aprovechando, lo suben 50 por ciento, mientras los productores siguen perdiendo entre tres y cuatro pesos por kilo.
Crivelli manifestó que el huevo casi no ha subido a nivel productor, pues el año pasado oscilaba en 18 pesos por kilo y añadió que la especulación no la hacen los productores, la está haciendo el comercio.
Cabe señalar que la producción de huevo supera 2 millones 500 mil toneladas, mientras el consumo per cápita del producto es de 22.5 kilos y los principales estados productores de huevo son Jalisco (55 por ciento), Puebla (17) y Sonora (8).
Despilfarro PRIISTA en SOPRIANA
Gobiernos contrataron con Soriana $2 mil 294 millones
Periódico La Jornada
Sábado 7 de julio de 2012
La periodista Carmen Aristegui difundió en su emisión radial de ayer documentos que probarían que la cadena de tiendas Soriana negoció entre febrero y junio pasados contratos por más de 2 mil 294 millones de pesos con gobiernos estatales y municipales, entre ellos el estado de México, a los que vendió miles de despensas con productos básicos.
Según esos documentos, el mayor gasto es del estado de México, que dio a Soriana tres contratos por 660 millones 948 mil 400 pesos, para adquirir alimentos.
En el noticiero se informó que además de esos documentos, el equipo de MVS Noticias encontró en Compranet y portales de transparencia más contratos adjudicados a Soriana en Baja California y el estado de México.
Se constató que entre 2008 y 2012 el gobierno mexiquense pagó a Soriana 3 mil millones 933 mil 510 pesos por despensas.
Con esas nueva cifras, se estima que el total del monto adjudicado a Soriana por gobiernos estatales y municipales es superior a 6 mil millones de pesos.
En el programa, que se difunde en MVS Noticias, Aristegui afirmó que en los documentos –que recibió en las últimas horas– queda de manifiesto que Nuevo León, Sinaloa, Durango, Coahuila, estado de México y Veracruz, donde gobierna el PRI, y Guerrero, cuya administración es perredista, han cerrado, en lo que va del año, negocios millonarios con Soriana vía licitaciones exprés, en las cuales esa cadena fue la única participante.
El gobierno del estado de México tiene tres contratos con Soriana. El primero, del 9 de diciembre de 2011, firmado por la dirección de finanzas, por 64 millones 993 mil 400 pesos para la compra de despensas.
El 13 de abril, el Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social signó otro contrato, por 472 millones 866 mil pesos, y ese mismo día otro por 123 millones 89 mil.
El primero fue para adquirir 284 mil despensas –la Canasta Alimentaria Bicentenario– y los otros dos también para víveres.
El gobierno de Veracruz, por conducto del DIF estatal, firmó el 15 de febrero pasado un contrato por 594 millones 372 mil 720 pesos con Soriana para adquisición de paquete alimentario.
La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno perredista de Guerrero signó con Soriana la compra de insumos alimenticios por 330 millones 981 mil 773 pesos.
Vía su Secretaría de Finanzas, el gobierno de Coahuila contrató con Soriana, el 2 de marzo, la adquisición de despensas y otros productos, por 281 millones 22 mil pesos.
El gobierno de Nuevo León, que encabeza el priísta Rodrigo Medina, tiene dos contratos, uno a través de la Secretaría de Desarrollo Social, del 30 de marzo de este año, para el suministro de despensas, por 19 millones 996 mil 773 pesos.
El contrato lo consiguió Soriana mediante una subasta electrónica inversa. El 14 de junio pasado, vía DIF estatal, signó otro contrato con esa empresa, en subasta pública, para el suministro de despensas, por 184 millones 468 mil 969 pesos.
El gobierno de Durango, por conducto del DIF, contrató con Soriana, el 12 de marzo, 123 millones 947 mil 545 millones de pesos para adquirir despensas, y lo propio hizo la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, el 26 de abril. Fueron dos contratos, uno por 32 millones 17 mil 373 pesos y otro por 34 millones 959 mil 712, destinados a adquirir desayunos escolares fríos del Programa de Apoyos Alimentarios 2012.
En los documentos divulgados por Aristegui figura también el municipio de Metepec, estado de México, que adquirió –no hay fecha del contrato– paquetes alimentarios por 31 millones 537 mil pesos.
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