viernes, 30 de noviembre de 2012

Estudiantes se mofan de Peña: que tome protesta en los baños de la Ibero SANTIAGO IGARTÚA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=326273 Estudiantes repudian visita de EPN a la Ibero. Foto: Germán Canseco MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Estudiantes de la Universidad Iberoamericana que conforman el colectivo Másde131, génesis del movimiento #YoSoy132, propusieron en una carta pública a Enrique Peña Nieto tomar protesta como presidente de la República en el mismo baño donde en esa universidad se recluyó el mediodía del 11 de mayo pasado para resguardarse de las protestas que en su contra dirigían los alumnos. Lo anterior, en respuesta al cerco que el Estado Mayor Presidencial dispuso alrededor de la Cámara de Diputados para blindar la ceremonia de protesta de Enrique Peña Nieto una semana antes de consumarse el regreso del PRI al poder. Fechada el día de hoy, la carta que los estudiantes entregarán en la sede nacional del PRI, y de la que enviarán una copia al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación, cita: “Interesados en su mayor comodidad y dado que una reforma constitucional reciente le permite tomar posesión fuera de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro el primero de diciembre, le proponemos evitar posibles inconvenientes y utilizar como sede alterna para su toma de protesta el baño de nuestra Universidad, que usted ya conoce (Edificio S, primer piso, debajo de Ibero 90.9). Sabemos que en este espacio se siente seguro y cómodo. Así, podrá mandar retirar el cerco policial que mantiene alrededor del Congreso y que tanta incomodidad está generando en la población capitalina. “Además, le aseguramos que no tendrá que preocuparse por las protestas que se puedan generar por parte de Másde131, asamblea de alumnos de la Universidad Iberoamericana del movimiento #YoSoy132, ya que nosotros estaremos en la calle protestando”, concluye la misiva, con letras de repudio y humor”. “#EnriquePeñaNietoTieneMiedo” ha sido uno de los tópicos más recurrentes en las redes sociales del país los últimos días, debido al cerco en San Lázaro. Aparte, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, calificó como “ofensivo” dicho resguardo, mientras que Miguel Ángel Osorio Chong, Coordinador General de Seguridad en el equipo de Peña Nieto, anunció hoy que “se tomó la decisión de retirarlo”.

Cerrando el Paso

El Nuevo Pri

Jubilo Desbordado

Ingles Optativo

Pendientes

El Mal Fin

Despedida

Cayendo (mas) Bajo la Bota Imperial Gracias a Rateron

Con Calderón, EU extendió su presencia en México: Los Ángeles Times LA REDACCIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=326452 Soldados custodian el cuerpo de un hombre en Tijuana. Foto: Xinhua / Guillermo Arias MÉXICO, D.F. (apro).- Durante el mandato del presidente Felipe Calderón, que concluye el próximo sábado 1 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos extendió su presencia en territorio mexicano principalmente en el rubro de seguridad. De acuerdo con una nota publicada por el diario Los Ángeles Times en su sitio electrónico, desde que Calderón declaró la guerra al crimen organizado, el gobierno de EU se convirtió en un jugador principal “con el envío de aviones no tripulados, perros sabuesos, instructores de policía y agentes de inteligencia…”. Calderón, cita el diario, reescribió las reglas mexicanas bajo las cuales las fuerzas extranjeras podrían actuar aquí en asuntos de seguridad nacional. El rotativo dice, asimismo, que aunque las fuerzas estadunidenses han sido protagonistas de algunos de los golpes más importantes de Calderón contra el narco, “Estados Unidos también ha sido a veces arrastrado hacia las relaciones con las agencias de seguridad que han sido acusados de graves abusos contra los derechos humanos”. Y recuerda que el entrante presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que quiere mantener la cooperación con Estados Unidos en un nivel alto, aunque él está sugiriendo algunos cambios de política. Puedes acceder al texto original en el siguiente link: http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-us-mexico-drug-war-20121129,0,5426845.story

Pais de Clase Media

Destructor Hasta el Final

(Nuevo) Despilfarro Avionil

La compra de avión presidencial ¿miedo o derroche?: Dresser y Meyer http://aristeguinoticias.com/2910/mexico/la-compra-de-avion-presidencial-miedo-o-derroche-dresser-y-meyer/ Los analistas políticos de Noticias MVS cuestionaron las razones de la adquisición de una nueva aeronave presidencial, cuyo costo será de 370 millones de dólares. Los analistas políticos de Noticias MVS Denise Dresser y Lorenzo Meyer (Foto: Especial)Redacción ANOctubre 29, 2012 11:12 am Comparte Share on emailE-mail Durante la mesa política en Noticias MVS primera emisión, Denise Dresser y Lorenzo Meyer cuestionaron el lunes las razones de la compra de un nuevo avión presidencial de 370 millones de dólares, cuya adquisición fue avalada por el equipo del presidente electo Enrique Peña Nieto. Meyer consideró que si la compra de la aeronave es por seguridad, eso podría revelar un miedo de la clase política. “¿En qué punto estamos?, ¿el narco ha llegado a tal punto que puede atentar contra el avión presidencial?”, cuestionó. Al respecto, Dresser señaló la contradicción que hay entre la compra de un avión que se presume como ‘búnker’ y el discurso optimista de Felipe Calderón de que el gobierno va ganando la lucha contra el narcotráfico. Pero si la adquisición del avión no obedeciera a una cuestión de seguridad, “no hace más que revelar la visión patrimonialista que la clase política tiene sobre el dinero público”, señaló la analista política. Añadió que una acción como ésta refleja que en la clase política prevalece el pensamiento “rapaz” y sin una visión sobre lo que significa el bien público. “Si es la seguridad, mal estamos; si estamos bien en seguridad ¿para qué queremos ese avión? Cualquiera de las dos (opciones) requiere una explicación a fondo”, concluyó Meyer.

Cambio de Nombre del Pais

A Proposito del Intento de Cambio de Nombre del Pais...

Rateron Pretende Impunidad x Sus Crimenes

Calderón busca defenderse ante acusación de Lesa Humanidad Por Cables Internacionales http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2011/noviembre/29/6.php El mandatario mexicano Felipe Calderón y sus funcionarios de seguridad buscan argumentos legales para defender sus derechos y reputación a raíz de que los promotores de organizaciones civiles no gubernamentales, solicitaron a la Corte Penal Internacional, CPI, que investigue al mandatario por la comisión de posibles delitos de lesa humanidad durante el combate al narcotráfico. A las pocas horas transcurridas después del anuncio de la Presidencia que exploraba proceder legalmente en contra de quienes imputan delitos de lesa humanidad, la vocera del mandatario dijo "si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino (tiene) todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación", dijo en Radio Fórmula Alejandra Sota, portavoz de Calderón. Quien agregó que el presidente y sus funcionarios tienen derecho a defender "su honra" y "su reputación". El abogado Netzaí Sandoval, a nombre de activistas mexicanos, presentó el viernes a la CPI la petición para investigar al presidente. Dijo que el documento presenta al menos 470 casos de lo que consideran violaciones al derecho internacional humanitario por parte de cuerpos como el ejército, y que incluyen torturas y ejecuciones extrajudiciales. Sandoval señaló que la petición está acompañada de 23.000 firmas de diversos activistas, académicos, periodistas y expertos en seguridad. La demanda también señala como posibles responsables de crímenes de lesa humanidad a miembros del narcotráfico y menciona específicamente a Joaquín "El Chapo" Guzmán, considerado como líder del cartel de Sinaloa.

Calaverita de Muertos

Muerte y Fracaso de Rateron: ONU

Muerte y fracaso”, saldo de guerra de Calderón: Kofi Annan LA REDACCIÓN 18 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=322991 El exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Foto: AP MÉXICO, D.F. (apro).- El exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó que la estrategia del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico ha fracasado y provocado la muerte de muchas personas, por lo que sugirió un cambio de estrategia basado en el despenalización de las drogas. “Es necesario un cambio de política, pero tiene que hacerse con cuidado, porque hay emociones muy fuertes en ambos lados. Pero tenemos que empezar el debate, hay que revisar todo el enfoque”, señaló. Durante una conferencia en el centro de estudios Brookings de Washington, el diplomático ghanés sostuvo que cuando se observan los resultados de la estrategia de Calderón, “la mayoría de la gente dirá que no ha funcionado. Ha muerto demasiada gente”. Annan recordó que el año pasado participó en la elaboración de un informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas dirigida por el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que recomendó regular el consumo de mariguana y despenalizar el uso de otras sustancias. “Nuestra principal conclusión fue recomendar la descriminalización –no la legalización– porque hemos llenado las prisiones de gente joven cuyas vidas salen destrozadas por una onza (de droga)”, apuntó. Por ello, dijo, es necesario un cambio de política e iniciar el debate sobre el consumo y venta de drogas. Añadió que a menudo los gobiernos se enfocan demasiado en el asunto del suministro y olvidan el de la demanda, cuando ambos aspectos tienen que trabajar juntos. “Hay que enfrentar esto a través de la educación y la salud, en lugar de con acciones brutales”, sentenció Annan, quien también expresó su preocupación por las tiendas de armas ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y México, mismas que están llenando de armas el norte de este último país. Durante la conferencia, Annan presentó su libro de memorias Interventions: A Life in War and Peace, publicado el pasado 4 de septiembre, donde relata distintas etapas de su vida, desde su niñez en Ghana hasta su incursión en la diplomacia, en Ginebra y, sobre todo, su periodo al frente de la ONU entre 1997 y 2006.

Rateron Miente a Deudos de Pasta de Conchos

Calderón a la CIDH: “están satisfechos deudos de Pasta de Conchos”; miente, le responden ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA 19 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=323042 Familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos protestan en la ciudad de México. Foto: Octavio Gómez MÉXICO, DF, 19 de octubre (apro).- Para el gobierno de Felipe Calderón, la forma en que se atendió la tragedia minera en la mina Pasta de Conchos tiene satisfechos a los deudos de los 65 trabajadores que perdieron la vida el 19 de febrero de 2006. Como parte del caso P-178-10, a través del que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desahoga el reclamo de los deudos de las víctimas del siniestro, el 28 de septiembre anterior se notificó que el embajador del Estado mexicano ante el organismo, Joel Hernández, expuso que los deudos están satisfechos. “Las diversas autoridades involucradas han sido altamente sensibles y han proporcionado un seguimiento adecuado, constante y diligente al lamentable accidente”, aseguró el representante mexicano. La organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) dieron a conocer lo anterior para denunciar que las expresiones del emisario de Calderón Hinojosa han indignado a la mayoría de los familiares de los mineros muertos. “La respuesta sólo busca darle un respiro a Calderón y librarlo de la declaración de admisibilidad del caso y apertura de juicio al Estado mexicano por su irresponsabilidad, pues de ninguna manera se ha reparado el daño en cuanto a lo más sensible y doloroso que representa no tener aún los restos de nuestros seres queridos luego de 80 meses de la tragedia”, expusieron las organizaciones a través de un comunicado. El pronunciamiento del Cereal y la FPC añade que tampoco se sabe la verdad de lo ocurrido y tampoco se deslindaron responsabilidades mediante el debido proceso, por lo que calificaron la respuesta de Calderón como un despropósito. Y es que la postura expuesta por Joel Hernández abunda en la existencia de “resultados positivos” que han “beneficiado” a las familias, por lo que éstas se encuentran preparando la respuesta pertinente a las expresiones del embajador. La intención de las organizaciones radica en “profundizar la convicción de que la vida vale más que el carbón”. El Cereal y la FPC recordaron que el caso se ventila en otros organismos mundiales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza, así como en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con sede en Bolonia, Italia, que celebró la Primera Audiencia Temática: Violencia contra los Trabajadores. “Un caso emblemático por su dramatismo es el de los trabajadores de la mina de carbón denominada Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, SAB de CV (IMMSA), de Grupo México en el estado de Coahuila, quienes vieron afectados su derecho a la vida, a la seguridad laboral, a la protección judicial y al acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas”, proclamó el TPP. A lo anterior se agrega que el rescate de los cuerpos se ha negado, lo cual es imputable al Estado mexicano por no haber tomado las acciones adecuadas para proteger la vida de los mineros que trabajaban en condiciones de riesgo elevadas. El jurado del TPP decidió condenar al Estado mexicano en sus tres niveles de organización política, federal, estatal y local, en particular a quienes han ocupado la Presidencia y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años, por haber diseñado y aplicado el modelo de relaciones laborales que motivaron la tragedia, así como a las empresas públicas y privadas y a las entidades mencionadas, responsables de las vulneraciones de los derechos, tal como se prueba en los hechos denunciados”, entre ellas a IMMSA. El Cereal y la FPC reiteraron su llamado a la CIDH para que declare la admisibilidad del caso por la violación a los derechos humanos de los 65 mineros fallecidos y sus familias.

Maquina Rateron su Propia Impunidad

Calderón maquina su propia impunidad GLORIA LETICIA DÍAZ Y JESÚS ESQUIVEL 20 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=323143 El presidente Felipe Calderón. Foto: Benjamín Flores. Felipe Calderón puso en práctica una estrategia para intentar diluir la demanda de los 23 mil mexicanos que lo acusaron de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, según revela a Proceso un funcionario federal. El presidente, explica, designó en la embajada de México en los Países Bajos a dos incondicionales con la misión de protegerlo de los golpes jurídicos que pudiera recibir desde allá. Más aún, añade que el mandatario saliente también pactó con Enrique Peña Nieto mantener a esos escuderos en sus puestos diplomáticos. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Pese a los esfuerzos de Felipe Calderón para frenar la demanda por crímenes de guerra y de lesa humanidad que en su contra interpusieron cerca de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI), en diciembre próximo la fiscal Fatou Bensuada podrá definir su destino. Presentada el 25 de noviembre de 2011 contra el presidente mexicano y otros protagonistas de la guerra contra el crimen organizado (incluidos el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván), la demanda pasó el primer filtro: la fiscalía del CPI determinó que hay materia para juzgar. Ahora está a punto de entrar al “análisis preliminar”. Llegar a esta etapa “es algo muy grave porque implica que la fiscalía de la CPI le dice al mundo que en México se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero se le da una última oportunidad al gobierno de demostrar que tiene tanto capacidad como voluntad de juzgar esos delitos”, sostiene en entrevista con Proceso Netzaí Sandoval Ballesteros, el abogado de los demandantes. El expediente de 700 fojas entregado al entonces fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, originalmente documentaba 470 casos de violaciones al derecho internacional, 200 de ellos relacionados con torturas de militares cometidos en instalaciones castrenses (Proceso 1838). Actualmente el documento cuenta con más de mil 400 cuartillas por las aportaciones que organizaciones civiles y víctimas de la guerra contra el narcotráfico han enviado a la CPI. Calderón no ha escatimado en el uso de la fuerza del Estado para evitar que el caso avance, tanto así que nombró a uno de sus maestros en la Escuela Libre de Derecho, Eduardo Ibarrola Nicolín, como embajador en el Reino de los Países Bajos con un objetivo: detener cualquier demanda contra Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ya que, según organizaciones no gubernamentales, la mala conducción del combate al narcotráfico ha dejado un saldo de más de 70 mil muertos, por lo menos 10 mil desaparecidos y unos 160 mil desplazados por la violencia. “Fue Calderón quien directamente le dio esa instrucción a Ibarrola. Lo envió a los Países Bajos a que evite que lo demanden por violaciones a los derechos humanos, esa es su única misión”, revela un alto funcionario federal al corresponsal de este semanario en Washington, Jesús Esquivel. “Ibarrola se quedará en el puesto aún después de que llegue (Enrique) Peña Nieto a la presidencia; ese es uno de los arreglos que logró Calderón con el nuevo presidente”, añade el funcionario a condición de que su nombre no fuera revelado, por temor a represalias. Profesor titular de la Escuela Libre de Derecho hasta 2002, Ibarrola Nicolín tuvo cargos directivos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre ellos la coordinación de asesores de Fernando Solana Morales, quien fuera canciller en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Durante el gobierno de Zedillo y los primeros 17 meses del gobierno de Vicente Fox, Ibarrola Nicolín, maestro en Sociología Política por la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, fungió como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR). Ahí estuvo a cargo de la investigación contra Raúl Salinas de Gortari por su presunta relación con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Sobre este asunto, desde Suiza el juez Paul Perraudin declaró el 17 de mayo de 2002 que después de casi siete años de investigaciones llegó a la conclusión de que “las estructuras del Estado mexicano protegían al tráfico de drogas”. Tres días después, Ibarrola Nicolín dejó su cargo en la PGR. Considerado por excolegas de la procuraduría como “un abogado muy grillo y fiel únicamente a sus jefes en turno”, a partir de 2002 Ibarrola regresó a la SRE gracias a Fox: estuvo dos años en el consulado de México en Houston y desde ahí colaboró con la PGR de manera informal, como le confió una fuente al corresponsal de Proceso en Washington, y de 2004 al primer trimestre de 2007 fue jefe de la cancillería en la embajada de México en Washington. Con la venia de su discípulo Calderón y la aprobación del Senado, el 21 de mayo de 2007 Ibarrola presentó sus cartas credenciales como embajador de México en Guatemala. Tras cinco años de estar al frente de la segunda representación más importante para las relaciones bilaterales mexicanas, después de la de Estados Unidos, el 17 de abril pasado Ibarrola Nicolín fue ratificado por el Senado de la República como embajador en el Reino de los Países Bajos y representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La encomienda que Ibarrola llevó –insistió el funcionario entrevistado por el corresponsal en Washington– fue impedir que Calderón sea enjuiciado por la CPI con sede en La Haya. “Ibarrola es un tipo muy truculento y astuto –apuntó la fuente–; Calderón le reconoce estas cualidades, por eso lo manda a La Haya para que lo defienda a como dé lugar, de todo y contra todo. Habría que ver si Peña Nieto defiende el acuerdo que hizo con Calderón por encima de las presiones que, se pronostica, habrá una vez que asuma la presidencia y de que Calderón vuelva a ser un ciudadano de a pie”. (Fragmento del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1877, ya en circulación)

Ultimo Ecocidio Calderonista

Ultima herencia de Calderón: avala proyecto que amenaza al sistema arrecifal veracruzano JUAN CARLOS CRUZ VARGAS 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=326283 El presidente Felipe Calderón. Foto: Xinhua MEXICO, D.F. (apro).- Los argumentos científicos fueron insuficientes para convencer a las autoridades federales sobre las irreversibles consecuencias ambientales que ocasionará la ampliación del puerto de Veracruz, particularmente al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). Tampoco pesó la adhesión de México a la Convención de Ramsar, tratado por el que los países miembros se comprometen a mantener las características ecológicas de sus humedales de importancia internacional. A tres días de abandonar Los Pinos, sólo falta que el presidente Felipe Calderón firme el decreto que, de acuerdo con especialistas, fue elaborado con argumentos “dolosos, tendenciosos, que distorsionan las bases científicas que sustentan el área natural protegida en cuestión”, con el único objetivo del beneficio económico, impulsado principalmente por la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver). Así lo confirma Guillermo Horta-Puga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien reconoce la necesidad de contar con una nueva terminal marítima en el Golfo de México. Sin embargo, aclara que la ampliación del puerto de Veracruz que pretende realizar la Apiver, sustentada en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016, implica la ejecución de obras sobre la Bahía de Vergara y el arrecife Punta Gorda, que forman parte integral del PNSAV. Según la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos, el sistema veracruzano, formado por 23 arrecifes, presenta condiciones únicas, debido a que se encuentra en un ambiente terrígeno y se ubica en el margen de la distribución de los arrecifes del Golfo de México. Es decir, está relativamente aislado de los arrecifes del Caribe que conforman el Sistema Arrecifal Mesoamericano. Además, la importancia de este ecosistema va más allá de la diversidad de especies: contribuye a fomentar actividades económicas, como la pesca, ecoturismo y turismo recreativo, amén de servir como protección a las áreas pobladas en tiempos de huracanes y tormentas. Esta última función deriva, en primer lugar, de una combinación entre la producción de arrecife por parte de los corales y otras especies productoras de carbonato de calcio, y en segundo término de una contraparte de erosión provocada por otros factores, como esponjas, corrientes marinas y el oleaje. El 18 de septiembre pasado Horta Puga planteó estas observaciones en la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) con número de expediente 04/0898/120912 y referencia SEMARNAT/26268, con la que se pretende modificar la poligonal del PNSAV. También recordó que durante el paso del huracán Karl por las costas veracruzanas, en septiembre de 2010, los peligros fueron contenidos gracias a los arrecifes, pese a la clasificación 4 del meteoro. El académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala enfatiza que “es inadmisible” la intención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de desincorporar la Bahía de Vergara (ubicada al norte del puerto) y con ella el arrecife Punta Gorda, pese a que las autoridades han declarado que con la nueva poligonal se amplía la zona de 52 mil 238 hectáreas a unas 65 mil 500. El especialista detalla que “Punta Gorda es el arrecife que está funcionando como zona de amortiguamiento, como una trampa natural de sedimentos, que impide que otros arrecifes, principalmente La Gallega y La Galleguilla, queden sepultados y mueran”. Explica: “Este arrecife (Punta Gorda) está soportando la fuerza del impacto causado por la lluvia de sedimentos y está evitando una catástrofe ambiental que significaría la desaparición de otros arrecifes. “También es importante recalcar que el arrecife Punta Gorda se encuentra literalmente sepultado por sedimentos, a causa de la construcción, a inicios del siglo XX, de las actuales instalaciones portuarias, que modificaron el patrón natural de corrientes en la Bahía de Vergara, alterando el flujo natural sedimentario”. Con base en ello es que la Conanp busca justificar la eliminación de parte de Punta Gorda y Bahía de Vergara de la poligonal del PNSAV, aparte de echar mano del Estudio Previo Justificativo, que es el documento en el que se recaban datos sobre las modificaciones al ecosistema ubicado en las aguas del Golfo de México. En la Manifestación de Impacto Regulatorio, la Conanp, encabezada por Luis Fueyo Mac Donald, determinó mantener “la porción menos deteriorada del arrecife Punta Gorda dentro del Área Natural Protegida, ya que favorece la continuidad de los procesos ecológicos, así como la generación de servicios ambientales; sin embargo, también excluye, bajo el mismo criterio, el área que comprende la Bahía de Vergara, con superficies altamente impactadas y que nunca han presentado ningún tipo de arrecife coralino. “Lo anterior con el objeto de enfocar los esfuerzos de conservación hacia superficies con probabilidad de éxito en la conservación y recuperación de largo plazo en el ecosistema” del parque nacional, justifica. “Información tendenciosa” Frente a estos argumentos, el doctor Leonardo Dagoberto Ortiz Lozano, de la Universidad Veracruzana (UV), respondió el pasado 20 de septiembre: “La Semarnat no presenta sustento para estas afirmaciones (…) la superficie de Punta Gorda que desea eliminar de la poligonal es justamente donde se planea construir la escollera norte y la zona de muelles del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz”. El investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías indicó que la dependencia federal también utiliza la información de manera tendenciosa al argumentar la contaminación y ausencia de vida marina en Punta Gorda para eliminar el arrecife, en vez de restaurarlo, que es obligación de la secretaría encabezada por Juan Rafael Elvira Quezada, según la fracción sexta del artículo 60 de Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA). Ortiz Lozano, quien es investigador de carrera nivel C, también desenmascaró toda clase de argumentos de la autoridad ambiental: Por ejemplo, el caso de los vestigios arqueológicos que existen en el área subacuática de Bahía de Vergara donde, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha identificado más de mil 600 fragmentos de artefactos hundidos, “que son parte fundamental de las navegaciones y actividad comercial del puerto de Veracruz”. En contrapartida, la Semarnat ni siquiera alude a estos vestigios en la Manifestación de Impacto Regulatorio. Para el investigador de la UV, esto significa que “con la propuesta de la Semarnat, en el sentido de eliminar esta zona de la poligonal original del PNSAV, podría afectarse el patrimonio histórico y cultural de la nación”. En otras palabras, Semarnat y Conanp carecen de fundamentos técnicos para avalar la ampliación del puerto, señaló el especialista de la UV, ya que en el Estudio Previo Justificativo se emitieron 75 opiniones sobre la desincorporación de Bahía Vergara y arrecife Punta Gorda, de los que sólo 15 fueron favorables al proyecto. Asimismo, la comisión nunca realizó estudios o encargó éstos a terceros para determinar las condiciones ambientales de Bahía Vergara y el arrecife en cuestión, ni tampoco existen análisis técnicos o financieros donde se evalúe el costo de restaurar el arrecife, de acuerdo con la solicitud de información hecha por parte del investigador a la Conanp, a través de la petición 1615100026911 registrada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Sin embargo, lo que sí logró encontrar Ortiz Lozano fueron documentos que dejan huella de la comunicación entre la Administración Portuaria y la Conanp sobre la modificación de la poligonal del parque arrecifal, fechados el 20 de abril y 10 de mayo, así como una minuta de reunión del 13 de octubre de 2010. En esta última, las autoridades de la Apiver muestran interés expreso sobre las modificaciones al sistema de arrecifes. Pero el caso no termina ahí: la comisión exhibe lazos más estrechos con la Administración Portuaria, ya que en agosto de 2011 la primera dependencia elaboró el Estudio Previo Justificativo para realizar un proceso de consulta pública. La minuta, por cierto, fue rubricada por funcionarios de la comisión y por la empresa QV Gestión Ambiental SC. Esta empresa fue contratada mediante adjudicación directa a través del contrato API-GI-CS-6107-44-10 y por un monto de 130 mil pesos para la actualización de la información soporte para el Estudio Previo Justificativo de la modificación del sistema arrecifal veracruzano. Otra empresa involucrada es Argo Consultores Ambientales SA de CV, que desde 2009 ha recibido poco más de 3 millones de pesos por parte de la Apiver. “Esta empresa adquiere relevancia en el proceso de modificación del parque arrecifal, cuando en octubre de 2011 firma con la Administración Portuaria Integral el contrato API-GI-CS-62905-17-11, por 280 mil 800 pesos, por concepto de gestión y representación ambiental en el proceso de modificación del PNSAV para la ampliación del puerto de Veracruz en la zona norte”. Argo Consultores tiene como principales socios a otras empresas con sede en Puebla y consultores asociados que han laborado como funcionarios ambientales en la misma entidad federativa de donde provienen los altos mandos de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Es el caso del propio director de la Apiver, Juan Ignacio Fernández Carvajal, originario de Puebla, y de Alejandro Couttolenc, gerente de Comercialización de la Administración Portuaria, quien antes se desempeño como director de la Cámara Textil de Puebla y Tlaxcala. Couttolenc Villar dejó la dirección del organismo empresarial en 2006 y, en junio de 2008, se dio a conocer que la Comisión de Honor y Justicia de la Cámara Textil analizó la posibilidad de expulsarlo, ante diversos ilícitos relacionados con los recursos de los afiliados, de acuerdo con la columna de Ruby Soriano, titulada “Analizan expulsión de Kuri y Couttolenc de la Cámara Textil”, del 16 de junio de 2008 y publicada por Milenio. Este personaje también fue uno de los principales empresarios que financió la campaña del exgobernador de Puebla, el priista Mario Marin, según una nota del diario El Universal, titulada “Amenazan con resistencia civil contra Marín”, correspondiente al 28 de febrero de 2006. Red de intereses En esta trama de intereses es que se ubica la modificación de la poligonal del Sistema Arrecifal Veracruzano para ampliar el puerto. La Apiver ya gastó 190 mil pesos en pagos a la empresa Desarrollo Inmobiliario Maruz SA de CV, según el contrato API-GI-CS-6107-53-08, del 2008, para “la elaboración del proyecto arquitectónico del desarrollo habitacional Pescadores, como compensación por ampliación natural del puerto de Veracruz a la zona norte”. Con este contrato se pretende compensar al sector pesquero, que en la MIR declaró estar a favor de la ampliación del puerto, entre otros la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Veracruzana, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuícola de Bienes y Servicios la Puerta del Sotavento, Unión Regional de Sociedades Cooperativas de Pescadores Permisionarios y Servicios Turísticos Pesquera Veracruzana, así como la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Bienes y Servicios de la Industria Pesquera, Pescadores Unidos del Río Jamapa y Sistema Lagunar de Mandinga y Zonas Anexas. También la API firmó en 2011 el contrato API-GI-CO-62601-08-11 con la empresa Construcciones y Enlaces Geográficos SA de CV por “introducción de agua potable, vialidades y banquetas para el fraccionamiento de pescadores”, por un monto total de 5 millones 920 mil 594 pesos con 63 centavos. En las últimas semanas, Alejandro Couttolenc se ha dedicado a promocionar la imagen y los planes de expansión del puerto jarocho. Su aparición más reciente fue en Guadalajara, Jalisco, donde Couttolenc Villar destacó ante más de 90 empresarios que continúan con los trámites para la autorización del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, denominado, Veracruz II. Esta obra, presumió, “contará con 30 posiciones de atraque y permitirá recibir barcos de ultima generación, ya que se tendrá una profundidad (calado) de 19 metros y una dársena de ciaboga de 700 metros, así como capacidad para mover 95 millones más de toneladas de carga”. En octubre hizo la misma promoción en León, Guanajuato, donde fue contó con el respaldo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología AC (Comce Bajío). Pese a todo, el sector empresarial está a favor de la ampliación del puerto, dice a Apro Erick Manuel Suárez Márquez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio veracruzana (Canaco) y principal promotor del proyecto, quien además deja al descubierto a quienes benefician las decisiones de la Semarnat. “Hemos estado en contacto con la API, ellos ya anticiparon la reserva de terreno que se requiere, ya pagaron los estudios, estamos muy adelantados, ya tuvimos que haber empezado, es un proyecto a diez años para estar a la altura de los principales puertos del mundo, son 45 millones de metros cúbicos los que se van a dragar”, reveló. Según Suárez Márquez, el arrecife perdido se repondrá con arrecifes artificiales “para el movimiento de cambio de mareas, para el movimiento que se va hacer de todo este proyecto. El punto es que el presidente de la República firme el decreto del cambio de la poligonal del parque arrecifal”. Para el empresario es “ahora o nunca” la firma del decreto, porque asegura que para el gobierno del priista Enrique Peña Nieto no será prioridad. De hecho, confiesa que el gobierno federal planteaba como opción Tuxpan, pero aclara que los empresarios no aceptaron la propuesta. Incluso, sostiene que el proyecto ya se platicó con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco). “Nada más que Felipe Calderón no ha firmado el decreto porque se necesitaba la liberación del documento” de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), dictamen emitido, acota, el 9 de noviembre anterior. –¿Desde cuándo se dio el aval de Felipe Calderón? –Desde el año pasado, que tuvimos la oportunidad de hablar con él, siempre y cuando se terminaran por acá todos los requisitos. El líder de la Canaco estatal también aseguró que con la ampliación del puerto “hay Veracruz para otros 100 años”. “Pelean un pinche arrecife” El proyecto, explica, en su primera etapa arrojará 20 mil empleos directos y 60 mil indirectos en un área de más de 300 hectáreas, donde se instalarán maquiladoras. “Eso es lo que los ambientalistas no están viendo, si no lo tenemos (la ampliación), la ciudad se acaba automáticamente”, advierte. Para Suárez Márquez si el arrecife Punta Gorda “está vivo o muerto” es lo de menos, se tiene que quitar, establece. “Se están peleando por un pedazo de pinche arrecife que muerto, vivo o moribundo como está, pues hay que sacrificarlo, porque significa el futuro de Veracruz, si no se da va a quedar como una ciudad mediocre, sin ninguna aspiración”, remacha. Un hecho es cierto: la Cofemer ya dio el dictamen final sobre la modificación a la poligonal del Sistema Arrecifal Veracruzano y sólo falta la firma del presidente, quien ya cuenta los pocos días que le quedan al frente de Los Pinos. No obstante, para Raúl Arriaga Becerra, exsubsecretario de la Semarnat en el sexenio foxista, esa dependencia solapa irregularidades en la cambio de la poligonal. El pasado miércoles 21, el biólogo ofreció una rueda de prensa en el puerto de Veracruz en la que reveló que, en el ocaso de la administración de Vicente Fox, expertos de Semarnat recomendaron a Calderón “no precipitarse” en la declaratoria de cambio de la poligonal del Parque Arrecifal. Ahora parece consumarse la intención presidencial de firmar el polémico decreto antes de abandonar Los Pinos y entregar, el próximo sábado, la estafeta a Peña Nieto.

Llenando el Saco

Politica Policiaca

Medidas de INseguridad

Protestas y Te Vas

ransición exprés: Peña llegará al Congreso, rendirá protesta y se irá JESUSA CERVANTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=325771 Videgaray y Peña durante una reunión la semana pasada. Foto: Miguel Dimayuga MÉXICO, D.F. (apro).- Al igual que en 2006, cuando Felipe Calderón rindió protesta como presidente de la República y estuvo menos de cinco minutos, Enrique Peña Nieto asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo federal en San Lázaro sin dar mensaje alguno a la nación, pues, según la Junta de Coordinación Política, no existen las condiciones de seguridad para ello. De acuerdo con el formato de protocolo aprobado por la Junta de Coordinación Política y propuesto por el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jesús Murillo Karam, el priista estará no más de 10 minutos en el salón de plenos de la Cámara de Diputados el próximo 1 de diciembre. Diputados y senadores están citados a las 9:00 horas; al alcanzarse el quórum, de inmediato se procederá a leer el Bando Solemne –que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)–, en donde se da cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Enrique Peña Nieto fue el candidato ganador de la elección del pasado 1 de julio. Luego se nombrará a las comisiones de cortesía. La primera para que acompañe a Felipe Calderón al recinto; la segunda, al priista Peña Nieto. En tanto llegan ambos personajes, los siete partidos políticos representados en el Congreso de la Unión fijarán su posición durante 10 minutos. Iniciará el que tiene menos representación, el Partido Nueva Alianza, luego Movimiento Ciudadano después Partido del Trabajo, PVEM, PRD, PAN y concluirá con el PRI, el grupo mayoritario. Al concluir la etapa de los posicionamientos, entrarán al recinto Calderón y Peña Nieto; el primero entregará la banda presidencial a Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva, para que éste, de inmediato, se la coloque al priista. Ya con la banda presidencial sobre el pecho de Peña Nieto, éste se retirará de San Lázaro y no emitirá mensaje alguno debido a que no existen las condiciones políticas que garanticen la seguridad del priista, ante la posibilidad de que sea increpado por diputados del PT, MC y algunos del PRD, como lo han advertido. Según los cálculos de personal de Cámara de Diputados, existen 30 legisladores que pudieran manifestar su repudio contra Peña Nieto, argumentar compra de la Presidencia de la República, gritarle consignas en su cara y no sólo sacar mantas de inconformidad y rechazo. Un grupo del Estado Mayor Presidencial acompañará a Calderón hacia el recinto y otro grupo, a Peña Nieto; en tanto, las puertas de acceso y la principal estarán resguardadas por elementos de seguridad de la Cámara de Diputados, a cargo del teniente Carlos Gómez Arrieta; se pretende con ello tener controlado cualquier intento de bloqueo que pretendan realizar senadores y diputados, como sucedió en 2006. Sobre el protocolo, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, dijo al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política que el documento que lo avala no fue firmado por el PT y el MC, por considerar que Peña Nieto llega a la Presidencia de manera ilegal, por la compra votos y violaciones a la ley electoral. “Con este protocolo nosotros recuperaríamos el mismo que se siguió en el año 2000, que lamentablemente en el 2006 no se pudo llevar a cabo por razones muy conocidas y comentadas, y que en el 2012 estaríamos en posibilidad de volver a reencausar la misma ceremonia solemne”, comentó Beltrones Rivera. Ante la pregunta de si Peña Nieto emitirá algún mensaje desde la Cámara, Beltrones Rivera dijo que no lo habrá. “El acuerdo que se ha suscrito, por ser de carácter solemne, la misma ceremonia, no está previsto que tenga un mensaje por parte del presidente de la República, que él podrá pronunciar, si es su deseo, en algún otro lugar. Se limitará, entonces, a que se lleve a cabo como lo señala la Constitución, su protesta de ley frente a los miembros del Congreso”.

Impunidad, Caracterictica del Sexenio de Rateron

Impunidad casi total caracterizó el sexenio de Calderón: CNDH GLORIA LETICIA DÍAZ 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=325817 Felipe Calderón entregó condecoraciones a personal de las Fuerzas Armadas. Foto: Octavio Gómez. MÉXICO, D.F. (apro).- Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidios y una impunidad “casi total”, es el saldo que deja el gobierno de Felipe Calderón en materia de derechos humanos, de acuerdo con un balance del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, ante senadores de la República. Ante integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, presidida por la perredista Angélica de la Peña, el ombudsman nacional aprovechó la audiencia para recordar que el 9 de octubre pasado solicitó al Senado la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “a fin de que explicara los motivos para no aceptar tres recomendaciones sobre casos de tortura y desapariciones forzadas”; y por los “nulos avances en el deslinde de responsabilidades” en la represión a estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero. Frente a un escenario de violencia sin control, informó que sólo se denuncian dos de cada 10 delitos que se cometen; y agregó que sólo el 1.6% de los 1.6 millones de denunciados, llega a una sentencia judicial, lo que implica un nivel de impunidad de 99%. En su discurso, Plascencia Villanueva dijo que de 2005 a la fecha, el organismo a su cargo ha recibido 34 mil 385 quejas contra funcionarios públicos federales adscritos a alguna dependencia vinculada con la Seguridad Pública. Destacó que de las denuncias recibidas, 84% ocurrieron en los últimos tres años, referidos a los delitos de cateos ilegales, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura. Según Plascencia, del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de este año, la CNDH documentó 5 mil 568 quejas por allanamiento o cateos ilegales; abrió 2 mil 126 casos por desaparición forzada y tiene un registro de 24 mil 91 personas extraviadas, con las cuales integró desde hace cinco años 12 recomendaciones por desaparición forzada. Plascencia explicó que ese abuso “inicia con la detención arbitraria del individuo y en el ínterin se conculcan una serie de derechos a lo que sigue la retención y práctica de interrogatorios, regularmente por medio de tortura física y moral, así como de tratos crueles y degradantes”. De la detención arbitraria, “práctica recurrente que realizan los diversos cuerpos de seguridad que actualmente intervienen en actividades de seguridad pública en el país”, dijo que de 2005 a la fecha, la CNDH ha recibido más de 9 mil quejas por ese agravio, lo que significó un incremento de 121% de esas detenciones que, por lo general, inician con “una denuncia anónima (…) o ubican a las personas en actitud sospechosa o marcado nerviosismo o flagrancia”. De la impunidad de los homicidios o ejecuciones, cuya cifra real es desconocida, Plascencia Villanueva dijo que de acuerdo con sus registros, hay 46 mil 15 personas asesinadas, 15 mil 921 cadáveres no identificados y mil 421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas. Es decir: 63 mil 357. El presidente de la CNDH resaltó el tema de la tortura como “uno de los principales retos de la justicia”, tanto así que en 2005 la CNDH “registró sólo una queja por tortura; sin embargo, sólo para el año 2011, dicho número conjuntamente a los tratos crueles, inhumanos y degradantes ascendió a 2 mil 40 quejas”. De los feminicidios, el ombudsman dijo que el organismo a su cargo tiene un registro de 5 mil 202 homicidios por razón de género en 27 entidades del país, y que de ese tema emitirá en breve un informe especial, que se sumará a uno anterior y a cinco de seguimiento que ha publicado la CNDH. Sobre este tema, Plascencia Villanueva criticó la falta de coordinación y cooperación de las autoridades del Estado mexicano para atender el problema, así como para “alcanzar los estándares internacionales en términos de seguridad humano y acceso efectivo a la justicia”, provocando que no se haya podido “prevenir ni erradicar la violencia e impunidad contra la mujeres y, lo peor, este vergonzoso fenómeno se ha extendido a varias entidades del país”.

Unico Logro de Rateron

El amigo Obama John M. Ackerman http://www.jornada.unam.mx/2012/11/12/opinion/021a2pol Barack Obama no es amigo o aliado de los mexicanos ni de los latinoamericanos. Su relección como presidente de Estados Unidos (EU) asegura la continuidad de las políticas antinmigrantes, belicistas y neoliberales de los últimos cuatro años. En lugar de celebrar la victoria de Obama, los políticos mexicanos tendrían que esforzarse en construir una nueva política exterior fuerte y digna que sirva de contrapeso a los embates que vienen. En cuatro años Obama expulsó 1.4 millones inmigrantes indocumentados, la tasa más elevada de deportaciones de presidente alguno de Estados Unidos. El mandatario estadunidense tampoco tomó nunca medidas contundentes para reducir el tráfico de armas hacia México, y su procurador de justicia, Eric Holder, estuvo directamente implicado en el fallido operativo Rápido y furioso que auspició la venta de miles de armas de alto poder a los narcotraficantes mexicanos. La guerra de Calderón, con sus más de 60 mil muertos, también es la guerra de Obama. Como premio a la actitud dócil y sumisa encontrada en las autoridades mexicanas, el estadunidense ha apoyado de manera muy personal y directa a Felipe Calderón. El gobierno de Obama minimiza sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos y la rampante corrupción que han corroído la administración calderonista. En agradecimiento, la reforma laboral en curso y la anunciada reforma petrolera siguen al pie de la letra el guión redactado por EU. Obama ha mostrado también un desprecio absoluto por el pueblo mexicano en sus visitas a nuestro país. Recordemos cómo en su primera visita, en abril de 2009, ignoró por completo a los mexicanos que literalmente se colgaban de los puentes peatonales para tener la oportunidad de verlo y saludarlo. En lugar de interactuar con la sociedad o dirigir un breve mensaje al pueblo, tal como hizo con el pueblo alemán o egipcio en esas mismas fechas, Obama se hizo acompañar de sus secretarios de Energía, Steven Chu, y de Seguridad de la Patria, Janet Napolitano, y se encerró con Calderón y su gabinete para coordinar acciones. Así, la relación bilateral entre México y Estados Unidos siempre ha sido conceptualizada más como asunto de política interior que de política exterior para Obama y su equipo. Es cierto que la victoria de Mitt Romney hubiera sido aun más desastrosa para México. El Partido Republicano busca sellar la frontera, instalar bases militares en México, así como detener y revisar a cualquier persona que parezca ilegal en Estados Unidos. El sheriff Joe Arpaio es solamente el ejemplo más visible y radical de una fuerte corriente de pensamiento racista que predomina en aquel partido político. Líderes republicanos incluso han propuesto reformas constitucionales para circunscribir la ciudadanía por nacimiento a quienes tengan padres que también sean ciudadanos. Así, los hijos de los inmigrantes ilegales también serían indocumentados, aun cuando hayan vivido cada minuto de su vida en EU.
El dictamen de reforma laboral fue avalado en lo general con 361 votos en favor y 129 en contra Vuelve el PAN a doblegarse ante el PRI; juntos mutilan el tema sindical http://www.jornada.unam.mx/2012/11/09/politica/003n1pol Las modificaciones a las que antes se oponía el blanquiazul terminaron por definir la sesión en San Lázaro Desahogo de partidos de izquierda, durante la sesión en la Cámara de DiputadosFoto José Antonio López Roberto Garduño y Enrique Méndez Periódico La Jornada Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 3 El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados secundó al bloque PRI-PVEM-Panal para volver a incluir en la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) la elección a mano alzada de los dirigentes sindicales y suprimir el derecho de los trabajadores a decidir qué sindicato los representaría para la firma de un contrato colectivo. También esas cuatro bancadas autorizaron que el Senado pueda publicar la reforma laboral, si en la revisión de la minuta hay nuevos cambios en los artículos 371 y 373; este último obligaba a los sindicatos a entregar información sobre el manejo de las cuotas. Aun cuando manejó el discurso de que mantuvo el bloque con la izquierda hasta el final, Acción Nacional aceptó modificar el artículo 371 para que el mecanismo de elección de líderes por el voto libre, directo y secreto no fuera el único, y en una cerrada votación para dejar fuera los artículos 388 y 390, relacionados con la atribución de los trabajadores para elegir sindicato, se evidenció el doble juego panista. Votos bajo la manga En la votación de estos dos artículos, PRI, PVEM y Panal votaron por desecharlos, pero para ello contaron con el voto de ocho panistas, entre ellos empresarios como el ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruiz; del líder transportista y presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Muñoz Márquez; del textilero José González Serna; del dueño de maquiladoras en Ciudad Juárez Carlos Angulo Parra, y del vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz, Humberto Alonso Moreli. Con esos ocho sufragios prestados, el PAN garantizaba la eliminación de los citados artículos, ya que PRI, PVEM y Panal sumaron 250, pues el ex secretario de comunicación de la dirigencia del Partido Verde, Enrique Aubry, no asistió a la sesión. Su ausencia forzaba un empate en esta decisión con el Frente Legislativo Progresista que, sin embargo, habría perdido aun con todos los votos de Acción Nacional, debido a que tampoco estaban cuatro legisladores de Movimiento Ciudadano: Beatriz Córdova Bernal, Juan Luis Martínez, José Martínez Soto y Aída Fabiola Valencia Ramírez. De esta manera, el pleno desechó ambos artículos con 258 votos en favor y 237 en contra. La forma en que el PAN secundó al PRI fue objeto de una amplia crítica desde el Frente Legislativo Progresista, que le reclamó haber roto el compromiso de avalar juntos el cambio que hicieron los senadores para obligar a elecciones libres, directas y secretas en los sindicatos. El dirigente panista, Gustavo Madero, dijo hace unos días que ojalá los perredistas no se cuartearan en el acuerdo. Pero quien se cuarteó fue el PAN, señaló el diputado Martí Batres. En un agrio intercambio, Rubén Camarillo (PAN) expresó: “Dicen en mi pueblo: ‘no te pelees con un cerdo, porque al final ambos quedarán enlodados, con la diferencia que a él le va a encantar y a ti no”’.

Dificil de Explicar

Homenaje a Los Caidos

El Tradicional Saqueo Sexenal

Nada frena a los políticos: cada seis años amasan fortunas, compran ranchos, mansiones y hasta islas http://www.sinembargo.mx/05-11-2012/415812 Por: Redacción / Sinembargo - noviembre 5 de 2012 - 20:50 De revista, TIEMPO REAL, Último minuto - 44 comentarios Ciudad de México, 5 de nov (sinembargo.mx) – Ex gobernadores, un ex alcalde y hasta un ex Presidente de la República son algunos de los políticos que han sido señalados por la adquisición de costosos inmuebles, sin que autoridad alguna los investigue… o, si los investiga, no logra comprobar el destino de los recursos usados para esas compras. Todo eso siembra dudas, pues aun cuando esos políticos tienen o tuvieron sueldos decorosos, no les alcanzaría para adquirir propiedades valuadas en decenas e incluso centenas de millones de pesos. Además, en la mayoría de los casos, su pasado muestra un origen que no justifica que en seis años o en un trienio amasen fortunas fabulosas. Esos lujos también son criticados, pues los funcionarios públicos las presumen abiertamente, en un país donde la pobreza crece día con día. Algunos casos han sido comprobados y aceptados oficialmente, mientras que otros aún siguen sin esclarecerse y continúan siendo manejados como “presuntas” compras millonarias. Las hay de todos sabores y colores: desde la remodelación de la Casa de Gobierno de Zacatecas, para lograr que la habitación del gobernador se asemeje a la de una suite de lujo del Hotel Bellagio en Las Vegas, Nevada, hasta la supuesta adquisición de una isla por parte de un presunto prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, pasando por el lago artificial lleno de peces de Vicente Fox Quesada en su extenso rancho en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y las presuntas adquisiciones de Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán. Estos son algunos de los casos en que la opulencia de nuestros gobernantes asombra e indigna a propios y extraños. VICENTE FOX Y EL OSTENTOSO RANCHO SAN CRISTÓBAL El 14 de agosto de 2007, a unos meses de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos, el ex presidente Vicente Fox Quesada y su esposa Martha Sahagún abrieron las puertas de su rancho San Cristóbal a la revista Quién. La publicación dio cuenta de la opulencia del matrimonio a través de un reportaje que mostraba diversos lujos como un lago con peces de colores, patos, pavo reales y venados viviendo en tranquilidad y a Fox cuidando de su ganado, además de sus cultuvos de brócoli, papa y maíz. De acuerdo con una nota de El Universal, firmada por Jorge Ramos y Xóchitl Álvarez y publicada el 20 de septiembre de 2007, Fox incrementó su patrimonio a partir de su llegada a la Presidencia e incluso en el año 2001 habría adquirido una casa en una exclusiva zona de Cuajimalpa, en el Distrito Federal. El diario indica que el rancho San Cristóbal, que cuenta con alberca, amplios jardines y cabezas de ganado, estaba valuado en un millón 300 mil pesos, según declaraciones del ex mandatario en 1995, cuando fue electo Gobernador de Guanajuato. Cuando Quién realizó el recorrido por la zona, se construía el Centro Fox cuyo proyecto original contaba con un auditorio con capacidad para 500 personas, una sala de bienvenida con un cupo para 60 visitantes, una biblioteca con 25 mil volúmenes para atender 300 usuarios, una explanada y hasta una cafetería. Tras la polémica desatada por la gran riqueza expuesta en el medio, los detractores del ex mandatario y su ex colaborador Lino Korrodi pidieron investigarlo. Dicho inmueble se ubica cerca del kilómetro 12.5 de la carrereta León-Cuerámaro, en el municipio de San Francisco del Rincón en Guanajuato. EX GOBERNADOR DE SINALOA, DEMANDADO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO El PAN presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra del ex gobernador de Sinaloa, el priista Jesús Aguilar Padilla, quien estuvo al frente del estado de 2005 a 2010. La acusación indicaba que durante la gestión del ex mandatario local, éste habría comprado inmuebles demasiado costosos en comparación con su salario. De acuerdo con la denuncia, en su tercer año al frente del Ejecutivo estatal, Aguilar Padilla adquirió un terreno con dos casas en obra negra en la colonia Residencial La Primavera, con un valor calculado en 20 millones de pesos. El diario Reforma obtuvo una copia del documento, mismo que incluía fotografías del lugar y el acta de compra-venta de otro inmueble en el desarrollo turístico El Tambor, en Navolato. El PAN detalló que gracias a una investigación realizada por el mismo partido, se habría podido constatar que Aguilar Padilla tenía otra casa en el poblado de Yameto, también en Navolato y que podría alcanzar el precio de 15 millones de pesos; además de un terreno en la Colonia Las Quintas, en Culiacán, con un valor de 5 millones 888 mil pesos. Pero estas acusaciones no frenaron el camino político del priista y en abril de 2011 la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo nombró secretario de Vinculación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en los estados. La secretaria general del PRI, Cristina Díaz, tomó protesta al ex mandatario y aseguró que éste “logró consolidar un estado productivo, fuerte y competitivo”, minimizando así cualquier cuestionamiento sobre su desempeño realizado por la oposición. “Nosotros confiamos en Jesús Aguilar Padilla. Los cuestionamientos nacen de la oposición”, sostuvo. Foto: Sitio web del Gobierno de Sinaloa LA LUJOSA RESIDENCIA DE JUAN MANUEL OLIVA En abril pasado, el periódico a.m reveló que el ex gobernador de Guanajuato, ex operador político de Josefina Vázquez Mota y actual secretario general adjunto de Elecciones del PAN, Juan Manuel Oliva, posee una mansión valuada en cerca de 10 millones de pesos. De acuerdo con una investigación realizado por el diario local, el sueldo de Oliva como gobernador era de 133 mil pesos mensuales (un millón 596 mil pesos al año), según el tabulador difundido por la Unidad de Transparencia del Gobierno. En 66 meses que duró su gestión, cobró por concepto de sueldo alrededor de 8 millones y medio de pesos. Es decir, para poder pagar la residencia en donde habita, tendría que haber ahorrado todo el sueldo que cobró durante su mandato. La residencia es de dos plantas, con diez habitaciones, abarca 700 metros cuadrados y se ubica en la privada Punta Mita, del fraccionamiento Punta del Este. Ubicado entre los bulevares Vicente Valtierra y Paseo Magisterial, el fraccionamiento cuenta con seguridad privada, salón de usos múltiples y zona comercial. La cocina es prácticamente de la dimensión de una habitación y tiene estancia, sala y comedor independientes, además de áreas verdes internas. Las recámaras cuentan con un balcón que da al jardín interno y la principal tiene baño completo y vestidor. Tras darse a conocer esta información, un particular, quien se identificó como Juan Manuel Muñoz, entregó a la redacción del rotativo local una carta sin firma que aseguraba fue enviada por Juan Manuel Oliva y en la que se confirmaba la compra de la casa. GERMÁN MARTÍNEZ SE MUDA A EXCLUSIVA ZONA DEL DF El pasado 18 de junio Álvaro Delgado publicó en Proceso una investigación sobre los “nuevos ricos” de Acción Nacional, surgidos durante el sexenio de Felipe Calderón. “De inquilinos en barrios clasemedieros, se mudaron a zonas de lujo como Bosques de Las Lomas, Polanco, San Ángel y El Pedregal”, redactó el periodista sobre la nueva condición económica de algunos de los personajes cercanos al presidente, entre ellos Germán Martínez Cázares, ex presidente del PAN. De acuerdo con el texto, al inicio de la actual administración federal el panista no contaba con casa propia y actualmente vive en una residencia que compró en 16 millones 200 mil pesos, en la mejor zona de San Ángel Inn. La nueva residencia de Martínez Cázares, quien renunció a la presidencia de su partido, mediría 743 metros cuadrados y se la habría comprado a Carla María Compeán Woodworth, hija del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Justino Compeán. En el reportaje también se menciona a Roberto Gil Zuarth, ex coordinador de la campaña de Vázquez Mota, y a Maximiliano Cortázar Lara, ex baterista del grupo Timbiriche, amigo de Calderón y de Margarita Zavala desde hace dos décadas y actual diputado federal. Foto: Cuartoscuro GOBERNADOR DE ZACATECAS GASTA MILLONES EN REMODELACIÓN DE CASA Reporte Índigo dio a conocer el 11 de septiembre que el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, gastó 20 millones de pesos del presupuesto estatal para remodelar la Casa de Gobierno y convertir su habitación en una réplica exacta de una suite de lujo del Hotel Bellagio de Las Vegas. “A su llegada como mandatario estatal, uno de los primeros proyectos que impulsó fue la inversión de 11 millones de pesos en la remodelación de la Casa de Gobierno en la Colonia Sierra de Álica. Pero el presupuesto de su importante proyecto se disparó, y el costo final fue de casi 20 millones de pesos. Y todo para poner la ‘casa digna’ para el priista. La inversión que hizo Miguel Alonso Reyes es casi la mitad del presupuesto aprobado en 2011 para otorgar vivienda a personas de escasos recursos en el estado de Zacatecas, que fue de 49 millones 52 mil 583 pesos”, señaló la publicación. De acuerdo con el medio, la lujosa obra no se licitó. Se otorgó mediante adjudicación directa a la empresa Desarrolladora y Constructora Metro, S.A. de C.V. con el contrato SECOP-PEO-013-2011. Algunos gastos de remodelación fueron cubiertos con otros programas estatales. Una partida de 79 mil 641 pesos fue destinada a la restauración de la cantera del inmueble. Y la colocación de plantas de ornato costó 51 mil 883 pesos. Sin embargo, Reporte Índigo indicó que existen otros gastos que no están amparados por contratos o que no se les puede seguir la huella. Días más tarde, el Gobierno del Estado de Zacatecas reconoció la remodelación de la Casa de Gobierno e informó que no costó 20 millones de pesos, sino 16. Foto: Cuartoscuro LAS ADQUISICIONES DE IVONNE ORTEGA El 10 de octubre Jenaro Villamil publicó en Proceso el reportaje “Ivonne Ortega: la acaparadora de Dzemul”, en el que da cuenta de las adquisiciones realizadas por la ex gobernadora de Yucatán. “En una maniobra poco clara, Ortega Pacheco adquirió desde junio de 2008, 11 meses después de tomar el poder, 75% de las mil 706 hectáreas pertenecientes al municipio de Dzemul, a precios irrisorios y por encima de la decisión de los 953 ejidatarios”, informó el periodista. De acuerdo con Villamil, “mil 279 hectáreas de esa zona se las compró por 412 mil pesos a sus tíos Galo Juan Pío, Honorio Gaspar e Inocente Melchor Ortega Coronado. El resto forma parte del rancho El Paraíso, que según el Registro Público de la Propiedad Ivonne Ortega recibió en donación de su madre, Ligia Pacheco Graniel”. Y es que en este municipio de tradición priista todo parece quedar en familia, pues la apropiación de dichos terrenos será resuelta por otro pariente de la ex gobernadora: el nuevo alcalde de Dzemul, Domingo Ortega Graniel, primo de la ex funcionaria. Pero esto no es todo, el 24 de julio pasado, una investigación del Diario de Yucatán reveló que en menos de seis meses, Cornelio Aguilar Ortega, sobrino de la ex gobernadora se convirtió en dueño de más de 156 hectáreas en Dzidzantún. El pequeño es hijo de Guadalupe Ortega Pacheco y Cornelio Aguilar Puc, quien se desempeñó como alcalde de dicho municipio de 2004 a 2007. La superficie que posee el joven terrateniente se formó con 10 predios que fueron escriturados a favor del menor. Nueve son de una donación múltiple otorgada en junio de 2011 por sus padres. La décima propiedad fue producto de una compra-venta en noviembre del mismo año, señaló el periódico peninsular. Fueron 104 hectáreas adquiridas en 5 mil pesos, según se indica en la escritura. Esto significa que por cada hectárea se pagaron 48 pesos. Ante el escándalo, Ivonne Ortega aseguró que su sobrino había heredado el terreno. Foto: Cuartoscuro LA ISLA DE YARRINGTON El pasado 12 de octubre se reveló que había una isla entre los bienes decomisados por la Procuraduría General de la República (PGR) a los ex mandatarios de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández y a ocho presuntos prestanombres. Se trata de El Frontón, ubicada en Ozuluama de Mascareñas, Veracruz, y que fue incautada a Antonio Peláez Pier, supuesto prestanombres de Yarrington. El diario Excélsior informó que en un plazo no mayor a 90 días los implicados en este caso deben comprobar que dichos bienes fueron adquiridos de manera lícita y con ello poder recuperarlos; de lo contrario, pasarán a manos del Estado. Los bienes decomisados son: 11 inmuebles, tres empresas, dinero en efectivo y en cuentas bancarias que suman alrededor de 5.7 millones de pesos, alhajas, relojes, vehículos, equipos de cómputo y oficina, muebles, enseres domésticos y adornos. Foto: Cuartoscuro MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ ESTRENA MANSIÓN El ex alcalde panista de Boca del Río,Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, estrenó mansión de aproximadamente 35 millones de pesos. De acuerdo con diversos medios veracruzanos, el fin de semana pasado se realizó la “inauguración” de la majestuosa mansión en el municipio de Alvarado. El diario Reforma publicó el 30 de octubre que la construcción se hizo sobre un predio de 3 mil metros cuadrados que se localiza a orillas de El Estero, dentro de la citada localidad y cuenta con un garaje para siete autos, siete habitaciones, alberca y sala de cine. Yunes Márquez es hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, ex diputado federal del PRI, ex candidato al gobierno de Veracruz por el PAN y ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El periódico capitalino consultó la clave catastral de los terrenos donde Yunes levantó su residencia e informó fueron adquiridos por la empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles (VBI), cuya apoderada es Leticia Isabel Márquez Mora, esposa del ex director general del ISSSTE. En junio del 2011, el diario dio a conocer la construcción de la casa. En ese entonces se hablaba de mil 500 metros cuadrados y de un costo de entre 20 a 30 millones de pesos, según la calidad de los acabados. DUARTE TENDRÍA INMUEBLE VALUADO EN UN MILLÓN DE DÓLARES Luego de difundirse imágenes de la mansión de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, el diario Reforma publicó el día de ayer que el actual gobernador Javier Duarte posee una casa con un valor superior a un millón de dólares. De acuerdo con el rotativo capitalino, la casa fue adquirida cuatro meses después de que fuera nombrado Secretario de Finanzas en el Gobierno de Fidel Herrera, el 29 de marzo de 2005 y se localiza en una exclusiva zona residencial en Phoenix, en el Condado de Maricopa, Estados Unidos. La vivienda cuenta con dos plantas, seis habitaciones, alberca y un campo de golf de 503 metros cuadrados y una construcción de 368 metros cuadrados, indica el rotativo. Según el diario, la primera transacción de la propiedad se realizó el 29 de marzo de 2005, a nombre de la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla, y fue por 10 dólares, mediante un acuerdo suscrito ante la notario Patricia Feirick. En 2007 la propiedad pasó a poder de Jorge Ramírez, por la misma cantidad de 10 dólares, en un acuerdo firmado en Santa Fe, Nuevo México. El periódico cita fuentes oficiales en las que se establece que la vivienda tiene un valor catastral de 544 mil 500 dólares (unos 7 millones de pesos), aunque su valor comercial estimado es de más de un millón de dolares (alrededor de 13 millones de pesos), según registros públicos difundidos por Miguel Ángel Yunes Linares. Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/05-11-2012/415812. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

Favores de Transicion...vs el Pueblo

Desde el poder, una Reforma Laboral a la medida del poder JENARO VILLAMIL 3 DE NOVIEMBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=324328 Peña y Calderón. Favores de transición. Foto: Eduardo Miranda Todos entraron en arreglos. Los presidentes, saliente y electo; los líderes parlamentarios; las dirigencias de los partidos; los representantes de organismos empresariales… Todos aquellos que, sintetizados por los nombres de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, representan al poder. La Reforma Laboral, cualquiera que finalmente sea, va a pasar. Los únicos que no estuvieron representados en los arreglos fueron precisamente aquellos a quienes afecta, los trabajadores. MÉXICO, D.F. (Proceso).- En medio de la disputa entre las dos cámaras del Congreso de la Unión por las modificaciones a la Reforma Laboral y las diferencias que afloraron entre los coordinadores de las bancadas priistas, el diputado Manlio Fabio Beltrones y el senador Emilio Gamboa Patrón, los equipos de transición de Enrique Peña Nieto y del presidente saliente Felipe Calderón llegaron a un arreglo para evitar que la iniciativa se “enfriara” en San Lázaro y a fin de que se apruebe y promulgue antes de que termine el sexenio. Los equipos de Peña Nieto y de Calderón se reunieron para aclarar que más de 90% de la reforma se había aprobado y debía ser promulgada, al tiempo que el responsable del equipo de transición para la Reforma Laboral, Alfonso Navarrete Prida, negoció y operó con los coordinadores Beltrones y Gamboa Patrón para aclarar que Peña Nieto “no tiene pensado presentar una iniciativa distinta” al asumir la Presidencia de la República. Entrevistado por Proceso, Navarrete Prida confirma que se reunió con ambos coordinadores el 30 de octubre y que desde el equipo peñista la posición es que “lo aprobado en ambas cámaras satisface las prioridades” de una reforma laboral. “Esta reforma contribuirá al crecimiento económico del país, generará mayores empleos formales y plantea un equilibrio entre los distintos factores de la producción: empresarios, autoridades y trabajadores”, señala Navarrete al enumerar las “prioridades y expectativas” de la reforma. –¿ Peña Nieto va a enviar otra iniciativa de reforma laboral? –se le pregunta. –El presidente electo no tiene pensado enviar una iniciativa distinta. Peña Nieto tiene interés en que se concrete la reforma laboral, que se discuta en ambas cámaras bajo el principio de respeto al artículo 123 constitucional y que no se haga una reforma por lucro, vanidad o cálculo político. –¿Aunque haya perdido su carácter de iniciativa preferente? –Para el presidente electo ese no es un tema a discusión. La parte que está aprobada en ambas cámaras es más del 90% de la iniciativa. Lo importante es que se publique, al margen de que se llame preferente o no. Procurador del Estado de México en el gobierno de Arturo Montiel y al inicio de la administración peñista, Navarrete Prida insiste: “Hay una iniciativa que ya pasó por ambas cámaras, que está en pleno tránsito legislativo conforme a la Constitución, el artículo 71 y 72 de la Constitución, que ya tiene una aprobación de más del 90%, y legalmente ya no se puede volver a discutir”. Bloque opositor Frente a los arreglos del calderonismo con el peñismo y de éste con los coordinadores de las bancadas del PRI en el Congreso, los hubo también entre el PRD y el PAN cuyas cúpulas anunciaron que formarán un “bloque legislativo” no sólo para el tema de la reforma laboral sino “para todo el sexenio” entrante, como afirmó el presidente panista Gustavo A. Madero. Alentados por el resultado de la alianza que concretaron en el Senado para incorporar cuatro cambios a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados (lo consiguieron por 66 votos contra 62 del bloque PRI-PVEM), los panistas y los perredistas comunicaron que ahora “no hay una fuerza dueña del país, de modo que los acuerdos tendrán que ser asumidos por las distintas organizaciones políticas, no una sola”. A la reunión opositora del 31 de octubre, cuando se dio el anuncio en un restaurante de la Ciudad de México, asistieron los panistas Ernesto Cordero, Luis Alberto Villarreal y Gustavo Madero así como los perredistas Jesús Zambrano, Silvano Aureoles, Miguel Barbosa, Dolores Padierna y Alejandra Barrales, y el exregente capitalino Manuel Camacho Solís, actual senador por el Movimiento Ciudadano. De última hora los cinco senadores del PT decidieron no acudir al encuentro. Ambas fuerzas acordaron que el bloque legislativo tendrá como objetivo “ser un contrapeso contra excesos de autoritarismo que pretendan una regresión a prácticas absolutistas” y que no sólo será para el tema de la reforma laboral sino “para todo el siguiente sexenio”, según Gustavo Madero, dirigente nacional panista. Entrevistados por Proceso, algunos de los asistentes consideraron que es importante la formación de esta alianza porque “al PAN ya no lo condenan como partido a estar adherido a Peña Nieto, a pesar de los acuerdos con Calderón”, mientras que “el PRD ya no se limitará a ser una oposición testimonial y podrá incidir en las iniciativas legislativas”. Al PAN le interesa especialmente la alianza en materia de anticorrupción, mientras que el PRD buscará incidir para frenar una reforma energética, tal como la ha planteado el equipo de Peña Nieto. La formación de ese bloque se gestó en el Senado cuando la exasambleísta capitalina Alejandra Barrales y el exsecretario del Trabajo calderonista Javier Lozano, ambos secretarios en la Comisión del Trabajo presidida por el priista Ernesto Gándara Camou, comenzaron una serie de negociaciones para cambiar la minuta de la reforma laboral proveniente de la Cámara de Diputados. Al PAN le interesaba incorporar los temas de transparencia y democracia sindical que fueron eliminados en la votación de San Lázaro, mientras el bloque de legisladores de izquierda, si bien votaron en contra de la reforma, en lo general acordaron impulsar los temas de Acción Nacional, a cambio de que se aprobara el artículo 388 bis. El bloque opositor provocó que fracasara la operación política planeada por Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, para que la minuta se aprobara “en sus términos”, sin ninguna modificación. Distintos legisladores y testigos de la negociación confirmaron a Proceso que Gamboa se concentró en convencer, mediante dinero y prebendas como el reparto de comisiones, a los senadores del PT y a otros legisladores para que no se unieran al bloque PAN-PRD. Fueron cuatro votos clave que modificaron la correlación de fuerzas en el Senado. La alianza también generó inconformidad entre los representantes empresariales. Una semana antes de que se votara en el Senado, el dirigente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, y el abogado empresarial Tomás Natividad, presionaron a los legisladores del PRD y del PAN para que aprobaran la minuta proveniente de la Cámara de Diputados “sin modificar una sola coma”. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1879, en circulación)

Las Ultimas Victimas de Rateron

Inicitativa Resucitadora

Pide la ONU al Felife NO Destruir las Evidencias del Fraude 2006

Prevé IFE acatar solicitud de ONU para no destruir boletas 2006 CARLOS ACOSTA CÓRDOVA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=325045 Sesión en el IFE. Foto: Eduardo Miranda MÉXICO, D.F. (apro).- En su sesión del miércoles 14, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) discutirá y, en su caso, aprobará o rechazará dos proyectos de acuerdo relacionados con la papelería de los polémicos comicios presidenciales de 2006, en los que por apenas una diferencia de 0.54% de los votos emitidos resultó ganador el panista Felipe Calderón. Uno es propuesta del propio instituto y el otro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El primer proyecto propone acatar, de manera estricta, la solicitud de medidas cautelares formuladas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –acción derivada de la demanda interpuesta por Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso– para que las boletas de la jornada electoral del 2 de julio de 2006 no sean destruidas, hasta en tanto el organismo internacional decida si admite o no la petición del ciudadano Rodríguez Castañeda, y resuelva sobre el fondo del asunto. El segundo proyecto de acuerdo, el del PRD, propone que el IFE realice estudios de las boletas y demás documentación de los comicios de 2006, y también que, para efectos de transparencia y acceso a la información pública, ponga a disposición de los ciudadanos mexicanos que lo soliciten toda la papelería usada en aquella elección. Plantea el proyecto del PRD que por un periodo de seis meses se permita el acceso a esa documentación, conforme al artículo sexto de la Constitución, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus reglamentos. De acuerdo con el cronograma propuesto por el PRD, de la fecha en que se publique el acuerdo en el Diario Oficial, presumiblemente este jueves 15, y hasta el 15 de enero de 2013, sería el plazo para que todos los interesados presenten sus solicitudes de acceso a la información pública. Luego, durante los meses de febrero a julio –los seis propuestos–, el IFE deberá dar a los interesados todas las facilidades para el acceso a las boletas y demás documentación electoral de 2006. Los tres meses siguientes, de agosto a octubre, sería un periodo de verificación y estudio de los resultados del acceso al material electoral, y sólo hasta entonces –es decir, 10 meses después de publicado el acuerdo en el Diario Oficial–, podrá ser destruido el material electoral de 2006. Ambos proyectos serán discutidos el próximo miércoles. En tanto, este lunes 12 inició, como estaba acordado por el Consejo General del IFE, y avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TERPJF), la destrucción de las boletas y demás papelería usada en el proceso electoral de este año. En comunicado emitido por el instituto, señala que “el procedimiento de destrucción se regirá bajo los estándares de reciclamiento, en el que se deberán utilizar todas las herramientas y mecanismos que salvaguarden la protección al medio ambiente”, y concluirá en los siguientes 14 días, hasta el próximo lunes 26. Antes de que termine ese proceso, el IFE habrá extraído “una muestra de las boletas y documentos electorales que permitirá realizar estudios sobre la participación de los ciudadanos en los pasados comicios federales”, según el comunicado.

Viva la Independencia Petrolera...Yanqui

Piden a la CIDH Prevenir Destruccion de Evidencias Fraude 2006

Monreal a la CIDH medidas para evitar destrucción de boletas 2012 LA REDACCIÓN 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=325048 Ricardo Monreal, excoordinador de campaña de AMLO. Foto: Miguel Dimayuga MÉXICO, D.F. (apro).- El diputado federal Ricardo Monreal, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano (MC), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda en contra del Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos durante el proceso electoral del pasado 1 de julio. Por medio de un correo certificado que envió hoy a la CIDH en Washington, D.C., Estados Unidos, Monreal aclaró que su denuncia la hizo a título personal, pues en los próximos días hará lo propio la coalición Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República. Explicó que acudió a la CIDH porque en México la justicia está “podrida” y porque las autoridades mexicanas se las han negado. Su objetivo, dijo, es que se condene al Estado mexicano a iniciar un proceso judicial que invalide las elecciones presidenciales. Por lo tanto, solicitó a la CIDH que aplique medidas precautorias para evitar que sean destruidas las boletas del proceso electoral del 2012, porque, a su juicio, son las pruebas del presunto fraude. “Queremos que se sepa qué sucedió en la elección de 2012”, subrayó Monreal. En su denuncia, el exgobernador de Zacatecas acusa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ser omiso ante las denuncias presentadas por la coalición de izquierda. Por otra parte, adelantó que este martes insistirá en el pleno de San Lázaro en que se constituya la comisión especial investigadora del caso Monex. “Creemos que las tarjetas del grupo financiero Monex son la punta de iceberg de la corrupción y del dispendio, que en la triangulación de recursos participaron personajes de gobierno estatales, algunos del poder económico y recursos de procedencia ilícita o no clara. Pero eso precisamente lo debe determinar la investigación”, consideró Monreal, quien se desempeñó como coordinador general de la campaña presidencial de López Obrador.

Fobaproa Estatal y otros Fraudes

Mientras el ex tesorero de Coahuila disfruta “su tajada” de la deuda, el PRI pide Fobaproa para estados http://www.sinembargo.mx/23-11-2012/422756 Por: Redacción / Sinembargo - noviembre 23 de 2012 - 12:57 De revista, TIEMPO REAL, Último minuto - 21 comentarios Ciudad de México, 23 de nov (sinembargo.mx) – Senadores del PRI buscan el perdón para municipios y estados que se sobreendeudaron, como Coahuila, mientras los funcionarios responsables de esta crisis financiera siguen libres. Como el ex tesorero de Humberto Moreira, Javier Villarreal, acusado de haberse embolsado parte del dinero de la deuda de la entidad. El pasado 15 de noviembre, los priistas presentaron un punto de acuerdo en San Lázaro en el que solicitan al presidente Felipe Calderón “la creación urgente de un fondo contingente para rescatar a los estados y municipios agobiados por las deudas”, según reseñó en su momento Reforma. La propuesta, firmada por siete legisladores del tricolor, también incluye una petición a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que destine mayores recursos a las aportaciones federales que recibirán los gobernadores y alcaldes en 2013. No piden investigar ni castigar a los funcionarios estatales y municipales que hayan incurrido en esas prácticas y generado el endeudamiento. De acuerdo con los priístas, de los 2 mil 456 municipios del país, 981 han reportado su deuda ante la Secretaría de Hacienda y, de ese total, 10 ayuntamientos concentran el 35% de los pasivos. VER ADEMÁS: El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que el nivel de endeudamiento de los estados, además de los sistemas de pensiones estatales, sitúan a México “frente a una crisis que puede tornarse catastrófica”. De acuerdo con Vanguardia, Juan Pardinas, director general del organismo, señaló que tan sólo en los últimos dos años, desde que se elaboró la última medición en 2010, la suma de las deudas estatales pasó del 2 a casi el 3 por ciento por ciento del producto interno bruto (PIB). ”Hubo un retroceso general del anterior indice a este en materia de endeudamiento estatal”, indicó. De continuar esta tendencia, alertó, en cinco años México podría atravesar por una crisis similar a la que ahora vive España. IR A LA INFORMACIÓN MÁS RICO QUE BARACK OBAMA Javier Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas y ex titular del Servicio de Administración Triburaria de Coahuila, ha pisado la cárcel dos veces -una en México y otra en Estados Unidos- y en ambas ocasiones se le dejó ir pese a que está acusado de fraude, falsificación de documentos en la contratación de la deuda coahuilense y simulación de actos jurídicos. El ex Tesorero de Humberto Moreira actualmente está prófugo de la justicia, siendo señalado como uno de los personajes claves en el “Moreirazo” que dejó a la entidad sumida en un déficit por 34 mil millones de pesos y a él, con una riqueza tres veces mayor que la de Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Investigado por la PGR y la Unión Americana, quienes han estado “a punto de su detención”, al ex funcionario local se le han asegurado diversos bienes con valores millonarios y se han revelado sus transacciones a EU por millones de dólares, cifras que distan de un servidor público cuyo sueldo mensual era de 92 mil pesos. El ex funcionario, mano financiera de Humberto Moreira, es acusado además de presuntamente haber otorgado contratos de forma discrecional a dos de las tres empresas investigadas por la PGR por su presunta participación en lavado de dinero a través de la explotación de minas clandestinas de carbón, según publicó Reforma. Y es que Villarreal tenía a su total disposición millones en recursos estatales, entre ellos los de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), con la que habría concedido contratos a las empresas Impulsora JBN y Perforaciones Técnicas Industriales. Mientras las acusaciones, juicios y denuncias en su contra fluyen, Javier Villarreal sigue sin aparecer, burlándose de las autoridades tanto de Estados Unidos como de México. Javier Villarreal no fue el único funcionario que se enriqueció en la anterior administración estatal, pues entre 2006 y 2010 Sergio Ricardo Fuentes Flores, su mano derecha, adquirió seis propiedades en Saltillo en las que invirtió 4 millones 350 mil pesos, cantidad que sólo habría conseguido de haber utilizado todo su sueldo en esos inmuebles… también continúa prófugo. El ex administrador general de Políticas Públicas del SATEC, fue detenido junto con Villarreal el 28 de octubre de 2011 por su intervención en la contratación irregular de créditos bancarios utilizando decretos falsificados. Sin embargo, el exfuncionario fue liberado la madrugada del día siguiente junto con Villarreal, tras depositar una fianza. EL “MOREIRAZO” Apenas el pasado 28 de octubre se cumplió un año de la detención de Villarreal Hernández, quien en 2010 fue designado como titular del SATEC, pero fue removido en agosto de 2011 tras destaparse el escándalo de la megadeuda en Coahuila. Justamente el año en que inició a laborar en el Servicio de Administración Triburaria, el banco JP Morgan Chase abrió una investigación por movimientos en cuentas a nombre de la esposa y el concuño de Villarreal, Teresa Botello y Lorenzo Schuessler, respectivamente, según una declaración de una funcionaria de la Agencia Antidrogas (DEA). Poco a poco las revelaciones sobre el “Moreirazo” que dejaron al estado sumido en una deuda de 34 mil millones de pesos comenzaron a salir a la luz. De acuerdo con información arrojada por las indagaciones y difundida en los medios, con documentos falsos el ex funcionario tramitó préstamos por más de 4 mil 300 millones de pesos con tres bancos mexicanos (Bajío, Bancomer y Santander) para el estado de Coahuila, durante la administración anterior. Debido a estas irregularidades, Villarreal fue detenido el 28 de octubre de 2011 por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su implicación en la contratación ilegal de créditos para el gobierno de Coahuila, que entonces encabezaba Humberto Moreira Valdés, quien gobernó de 2005 a 2011. Estaba acusado de fraude, falsificación de documentos en la contratación de la deuda coahuilense y simulación de actos jurídicos. Villarreal Hernández fue capturado por agentes de la Policía Investigadora estatal, quienes lo trasladaron a las instalaciones de la FGE. Sin embargo, al día siguiente y para sorpresa de todos, obtuvo su libertad bajo fianza. En febrero de 2012, Villarreal Hernández fue arrestado de nuevo, esta vez en Texas, Estados Unidos con 67 mil dólares en efectivo y una escopeta, pero lo dejó ir tras pagar una fianza y porque tenía una visa adecuada. Un mes más tarde, el titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal, giró cuatro nuevas órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del gobierno de Coahuila, entre ellos Javier Villarreal. Pero el ex funcionario local y otros implicados en el caso obtuvieron un amparo, por lo que el juicio en su contra se aplazó. A Villarreal se le fijó entonces una garantía por dos millones 500 mil pesos. Pese al amparo, la investigación contra quien fuera identificado como un hombre cercano a Moreira continuaron y en mayo pasado un juez federal acreditó su participación en el delito equiparado al fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Debido a esto, el procurador general de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, confirmó que se activó la orden de reaprehensión contra Héctor Javier Villarreal Hernández, suspendiendo así el amparo que había promovido con anterioridad. “Nosotros tenemos una denuncia que indica seis líneas de investigación y en esas seguimos trabajando”, puntualizó tras aclarar que además se había solicitado información a la Secretaría de Finanzas local. Dos días más tarde, el diario Vanguardia publicó en su edición en línea una serie de fotografías que evidenciaban que el ex Tesorero del Estado de Coahuila, durante su labor como responsable de los recursos del gobierno estatal, usó al menos tres firmas distintas al tramitar millonarios créditos en nombre de la entidad. Los documentos, afirmó el rotativo local, datan de julio de 2008, cuando Villarreal fungía como secretario de Finanzas. Firmó el contrato de un crédito por mil millones de pesos a nombre de Coahuila con BBVA Bancomer, y muestra una rúbrica muy similar a la que aparece en el pasaporte del ex funcionario. Asimismo, en documentos con fecha de enero del 2010 (durante su gestión como Secretario de Finanzas en el periodo de Humberto Moreira) y diciembre del mismo año (cuando ya fungía como director del SATEC) en los que se le otorgan al Estado créditos por mil 753 millones de pesos y 3 mil 500 millones de pesos con las instituciones Banco del Bajío y Banco Interacciones, respectivamente, se puede constatar que Villarreal utilizó dos firmas totalmente distintas entre sí y a la de la primera papelería, sin que ninguna autoridad se diera cuenta de la anomalía. Según el rotativo, Javier Villarreal no fue el único funcionario que se enriqueció en la anterior administración estatal, pues entre 2006 y 2010 Sergio Ricardo Fuentes Flores, su mano derecha, adquirió seis propiedades en Saltillo en las que invirtió 4 millones 350 mil pesos, cantidad que sólo habría conseguido de haber utilizado todo su sueldo en esos inmuebles. Asimismo, existen acusaciones que indican que el ex funcionario local habría invertido en varias comunidades del sur de Texas a través de fondos robados de las arcas públicas de Coahuila. Para septiembre de 2011, la deuda de Coahuila equivalía a más de tres años de participaciones federales —alrededor de 36 mil 676 millones de pesos — y devengaría intereses por cerca de 2 mil 650 millones de pesos por año, señaló Standard & Poor’s. Un mes antes, la calificadora había reducido la calificación de la deuda estatal de A+ a BB-, lo cual significa que no es segura para invertir. Actualmente Coahuila, una de las entidades con mayores problemas financieros de México y bajo el mandato de Rubén Moreira, tiene una deuda calculada entre los 36 mil y 40 mil millones de pesos, pero la cifra no es clara debido a que el gobierno estatal no ha querido transparentar esa información. Por si no bastará con tales números, el pasado 6 de noviembre el Congreso del Estado de Coahuila autorizó la solicitud del Ejecutivo estatal de un nuevo crédito por casi mil millones de pesos (950 millones). Sólo hubo dos votos en contra. De acuerdo con Enfoque, la minuta fue subida al pleno del Congreso y sólo la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) conformada por dos legisladores se pronunciaron en contra de la medida e incluso intentaron convencer a sus compañeros para hacer lo mismo argumentando que la ciudadanía se encargaría de juzgarlos. EU VA POR SUS BIENES El 2 de mayo pasado, Jesús Castro publicó en Vanguardia que autoridades estadunidenses encabezadas por la DEA, descubrieron que en apenas dos meses Javier Villarreal Hernández realizó transferencias bancarias de IXE, en México, a cuentas del estadunidense JP Morgan, por 285 millones de pesos, equivalentes a 22 millones de dólares, de los cuales quedaron 6.5 millones, mismos que fueron confiscados. Desde su captura en Estados Unidos, se inició una investigación en contra de Villarreal, la cual concluyó, decía el periódico, que sus negocios eran usados para lavado de dinero. La información proporcionada por Teresa Farfán, vocera de la Fiscalía de Texas, revelaba que desde febrero pasado se aseguraron ocho cheques depositados en JP Morgan Chase, que suman 6 millones 503 mil 541dólares, y se ordenó la búsqueda y captura de Villarreal. Para entonces, el ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila ya contaba con una acusación formal de lavado de dinero en Texas. La acusación fue presentada por el fiscal de distrito del condado de Smith, donde Villarreal y su esposa fueron detenidos el 1 de febrero. Pero no serían las únicas querellas en contra del ex funcionario coahuilense. El 27 de abril autoridades federales y del estado de Texas presentaron ante distintas cortes acusaciones de lavado de dinero contra Villarreal Hernández. “Lo hemos acusado y los federales lo han acusado”, señaló Tom Kelly, vocero de la Oficina del procurador General de Texas, en declaraciones al sitio web del periódico The San Antonio Express News. “Es una investigación en curso”, indicó. Las acusaciones argumentan que Villarreal Hernández invirtió fondos robados de las arcas públicas del estado de Coahuila, en varias comunidades del sur de Texas. El día 29 del mismo mes, distintos medios informaron que propiedades, negocios y cuentas bancarias por un monto mayor a los 20 millones de dólares (más de 300 millones de pesos), presuntamente financiados con dinero proveniente de la deuda de Coahuila, podrían ser confiscados por autoridades estadunidenses, esto con motivo de las indagatorias en contra del ex secretario de Finanzas de Coahuila. Según se publicó en medios de San Antonio, Texas, Villarreal ahora era investigado en el país vecino pues se contaba con elementos para deducir que usó recursos coahuilenses para financiar negocios de su familia. Fiscales federales que trabajan con la División de Investigaciones Criminales de la oficina de Impuestos de Estados Unidos entablaron demandas en San Antonio para confiscar una docena de propiedades, entre ellas, el North Pointe Retail Center, una gran plaza comercial en Redland Road, una casa de 370 metros cuadrados valuada en un millón 200 mil dólares, una farmacia en Stone Oak, terrenos campestres y una bodega. Las propiedades, de acuerdo con documentos de la Corte, pertenecen a compañías creadas por Lorenzo Schuessler. También trascendió que investigadores federales de Estados Unidos afirmaban que propiedades comerciales y residenciales en San Antonio y Valle del Río Grande, fueron comprados con dinero malversado al Gobierno de Coahuila. El 29 de septiembre pasado, El Siglo de Torreón dio a conocer que el gobierno de estadunidense inició un juicio para decomisar 1.2 millones de dólares de una empresa de Texas vinculada con Villarreal. Fiscales federales presentaron ante una Corte de distrito de San Antonio la solicitud formal para tomar la propiedad de una cuenta bancaria a nombre de la empresa South Padre I., LLC, cuyo propietario es Lorenzo Schuessler, informó el periódico local. Pese a que la cuenta de la empresa, localizada en el JP Morgan Chase Bank, fue congelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo pasado, no se puede tocar hasta que un juez decrete el decomiso. El documento acusa a la empresa South Padre de lavado de dinero mediante transacciones financieras con fondos que proceden de actividades ilegales. PGR LO INVESTIGA En marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) tramitó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra de Javier Villarreal Hernández. El diario Reforma señaló, en base a fuentes oficiales, que la dependencia federal entregó el expediente de la solicitud a las autoridades estadunidenses, con base en la orden de aprehensión librada en su contra un mes antes por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito. En abril, diversos medios detallaron que la PGR investigaba inversiones a nombre de familiares del Javier Villareal por 4.3 mil millones de pesos obtenidos con créditos ilegales y que presuntamente fueron sacados del país. El Universal publicó que de acuerdo a las investigaciones los recursos fueron ingresados inicialmente a las cuentas del SATEC para los programas públicos que habían sido solicitados, pero por medio de operaciones bancarias fueron colocados en cuentas de Estados Unidos y Europa, a través de una sociedad de inversión. Esta acción dejó ganancias a Javier Villareal Hernández de al menos 20 millones de pesos mensuales aproximadamente. Esa es una de las principales líneas de investigación que seguían entonces la Procuraduría, toda vez que se tenía conocimiento de que los recursos eran depositados en cuentas a nombre del propio Villarreal Hernández, sus familiares e incluso otros de sus cómplices. Otra de las líneas que indaga el Ministerio Público de la Federación es que el dinero se quedó en Estados Unidos, país donde Villarreal fue visto por última vez en febrero pasado. Debido a todos estos señalamientos, el 9 de mayo la Comisión Permanente aprobó por unanimidad un punto de acuerdo donde solicitaba a la PGR que en el ejercicio de sus atribuciones en materia de “lavado” de dinero, investigara el origen de los recursos en efectivo y bienes inmuebles asegurados a Javier Villarreal, familiares y socios, para determinar el posible daño patrimonial. VIDA DE LUJOS Villarreal no quiso irse del SATEC con las manos vacías, apenas dos días antes de presentar su renuncia el ex funcionario habría repartido más de 5.5 millones de pesos entre él y otros ocho funcionarios, incluyendo a la ex secretaria Técnica de la dependencia, Susana González González, reveló Vanguardia el 9 de enero pasado. Los recursos, presuntamente, eran parte de bono por eficiencia recaudatoria que entrega el Gobierno Federal, pero estaban destinados a funcionarios de “a pie”, que hacen en campo el trabajo de fiscalización a las empresas, indicó el diario. Fuentes de la dependencia informaron al rotativo que dos días antes de que Villarreal Hernández presentara su renuncia el 18 de agosto de 2011, hizo efectivo un bono por fiscalización por la cantidad de un millón 500 mil pesos. Y es que Villarreal estaba acostumbrado a manejar grandes cifras de dinero y a gastar miles de dólares en diversas cosas, el mismo periódico afirmó que el ex Tesorero de Humberto Moreira llegó a gastar más de 36 mil dólares en la tienda exclusiva de Texas, Neiman Marcus, que maneja marcas de ropa como Prada, Cristian Dior, Giorgio Armani, entre otras. De acuerdo con el reportero Jesús Castro, Villarreal tenía un sueldo de 92 mil pesos al mes como titular del desaparecido Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila y llegó a realizar envíos a Estados Unidos por por 285 millones de pesos en tan sólo dos meses, es decir, dichos envíos significan el ingreso de 290 años de su sueldo como funcionario, sin gastar un solo peso. Un lujo más que se conoce del ex funcionario es que en 2009 recibió en su casa una televisión plasma de 105 pulgadas que en ese momento costaba 60 mil dólares. Al aparato se tuvo que meter con grúa porque no cabía por la puerta principal. En publicaciones anteriores el diario Vanguardia dio a conocer que la fortuna estimada que tiene hasta hoy en día Villarreal asciende a 36 millones de dólares, esto es, más del triple que la del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien tiene un patrimonio valuado en 10 millones de dólares. VILLARREAL DEJÓ “BAILANDO” A LOS MINEROS DE COAHUILA Otro caso en el que estaría vinculado Javier Villarreal sería en la desaparición de recursos de los mineros del carbón. De acuerdo con una nota publicada el 1 de noviembre por Reforma, el ex Tesorero de Coahuila habría otorgado contratos de forma discrecional a dos de las tres empresas investigadas por la PGR por su presunta participación en lavado de dinero a través de la explotación de minas clandestinas de carbón. El rotativo capitalino, citando fuentes oficiales, indicó que como titular del SATEC, Villarreal tenía el control de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) y concedió contratos a las empresas Impulsora JBN y Perforaciones Técnicas Industriales. Estas compañías, informó el periódico, habrían ayudado a que Los Zetas, que presuntamente se apoderaron de minas clandestinas para extraer carbón de manera ilegal, lavaran unos seis millones de pesos a la semana. “En 2009 se otorgaron contratos para que las empresas proveyeran carbón a Prodemi, y no aparecían JBN ni Perforaciones Técnicas”, indicó un informante. “Pero en el 2010 los contratos fueron cambiados nuevamente y le otorgaron a Perforaciones un contrato por 75 mil toneladas al año, y a JBN, 120 mil. Ese mismo días, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, reconoció las indagatorias que se llevan a cabo sobre los presuntos vínculos del crimen organizado con las minas de carbón en el estado y reveló que su administración ha colaborado promocionado información para que el federal investigue. Pero las indagatorias podrían apuntar a Villarreal, según Ismael Ramos Flores, administrador Fiscal General del Estado, quien aseveró que el prófugo ex Tesorero también dejó “bailando” a los mineros de Coahuila, porque “nadie sabe, nadie supo”, pero el destino de los recursos del Promedi durante su gestión es desconocido. Cuando un reportero del periódico Vanguardia de Saltillo le preguntó quién podría saber el destino de estos recursos, el funcionario respondió: “Villarreal”. Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/23-11-2012/422756. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX