Desapariciones Forzadas

El crimen perfecto; desapariciones forzadas en gobiernos represores como en el México de hoy

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Silvia M para bcc: usuario
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No deje de recordarse que estas graves violaciones a los derechos humanos (secuestro, tortura, muerte) se dieron en los países del cono sur bajo el apoyo y financiamiento del gobierno de EEUU y que ahora la guerra contra el narco en México se lleva acabo bajo el Plan Mérida, el cual fue diseñado por EEUU y puesto en marcha por el gobierno títere y cómplice de Felipe Calderón.

El investigador Javier Zúñiga advierte que el país está al borde de la represión sistematizada

Desapariciones forzadas en México, al nivel de las cometidas en dictaduras: AI
Añade que ese delito se convierte poco a poco en el crimen perfecto, pues ninguna autoridad lo investiga

La sociedad es obligada a tolerarlas, con el argumento del combate al crimen

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 2 de agosto de 2011, p. 5
El director de investigación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional (AI), el mexicano Javier Zúñiga, advirtió hoy que el país podría vivir una situación similar en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas. El prestigioso defensor también declaró que el país está al borde de experimentar una represión sistematizada, con especial gravedad en los hechos probados por desaparecidos a manos de militares.

El mexicano Javier Zúñiga ha investigado y documentado las violaciones a los derechos humanos en el mundo por más de 30 años, en este caso para Amnistía Internacional (AI). En ese periodo ha vivido de primera mano las experiencias dramáticas de las guerras civiles de Centroamérica, Colombia y varios países del llamado cuerno de África.

También ha sido un observador de México, con los históricos problemas de impunidad, corrupción y abusos de las autoridades desde la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

Medio siglo de Amnistía Internacional

Zúñiga participa en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, en el que se analizan los 50 años de vida de AI, titulado El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.

En el contexto de su conferencia 1961-2011. 50 años de Amnistía Internacional, Zúñiga expuso una cruda situación general en el mundo, en el que prevalecen una serie de prácticas recurrentes a pesar de los avances en materia de defensa de los derechos humanos, convertido hoy día en un principio incuestionable.

Javier Zúñiga se mostró especialmente preocupado por un reto de cara al futuro: luchar contra la desaparición forzada de personas en América Latina, sobre todo en México, donde existe la tentativa de los gobiernos de cometer el crimen perfecto, pues la mayoría de los casos quedan impunes y ni siquiera se abren diligencias.

De hecho, el investigador de AI citó varios casos concretos ocurrido en el país en los que las fuerzas armadas fueron las presuntas autoras de uno de los crímenes considerados de lesa humanidad por la jurisdicción internacional. Como lo que se documentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde al parecer, y esto es muy grave, ha habido una política que no necesariamente está sancionada a los más altos niveles y que consiste en atacar al crimen organizado mediante la eliminación física de los sospechosos, lo que pondría a México en peligrosa igualdad con lo que sucedió en los países del cono sur en los años 80.

El relator del prestigioso organismo reconoció que en una situación de enfrentamiento y encono como la que vive México, la sociedad es susceptible de tolerar esas eliminaciones selectivas de los supuestos criminales, pero advirtió que esta actitud costó miles y miles de vidas y años de oscuridad en materia de derechos humanos en el cono sur.

En México existe el peligro de que haya esa reacción de la población en demanda de seguridad y que, paradójicamente, esté en favor de la inseguridad creada por el Ejército, lo que “nos puede llevar en una espiral descendente a un escenario muy preocupante.

Hay fotografías, pruebas, que ponen en evidencia la llegada de personas desaparecidas a bases militares, al menos en Nuevo Laredo, explicó Zúñiga, quien reclamó de nuevo al gobierno de Felipe Calderón, como ya hizo hace apenas dos meses en una entrevista con La Jornada, que aplique políticas públicas de lucha efectiva contra este tipo de delitos. Las macropolíticas sobre derechos humanos son efectivas, pero no hay que olvidar que son los individuos los que sufren, a los que hay que prestar atención, y la lucha por sus derechos es una batalla que se libra todos los días, añadió.

En este encuentro participan otros ponentes, como Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional y de dicho seminario; José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, o los profesores Hernando Valencia y María Cristina Corredor, también expertos en defensa de los derechos humanos.


Saldos de la guerra antinarco
Hay 4 mil desaparecidos en este sexenio; podrían ser más, dice la Afadem
Hay quienes hablan de que la cifra sería de 20 mil, señala secretario del organismo

Faltan datos oficiales o un censo; se catalogan como levantones para no indagar


Manifestación en demanda de información sobre las personas desaparecidasFoto Víctor Camacho

María Teresa Núñez Moreno muestra la foto de su hijo Carlos Enrique Ruiz Núñez. A la derecha, Josefina de Jesús Fiol también presenta imágenes de su esposoFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 31 de julio de 2011, p. 2
¿Cuántas personas han desaparecido en México en los pasados cinco años?... No hay estadísticas oficiales, no hay cifras institucionales, no hay un censo nacional, mucho menos un protocolo de investigación de los casos, ni siquiera un programa federal que atienda a los familiares de los miles de desaparecidos registrados durante el gobierno de Felipe Calderón.

Los mal llamados levantones tienen cuatro cosas en común: una connotación negativa, porque a las víctimas se les relaciona muchas veces con la actividad criminal; una desatención de las autoridades, la indolencia de las instituciones de seguridad que se supone deberían investigar y un bajísimo porcentaje de casos resueltos.

“Muchas veces para la autoridad el levantado es la gente involucrada con el narcotráfico y es mentira. La palabra la han inventado para que el Ministerio Público no realice investigaciones. Es una manera fácil de etiquetar un caso y dejarlo sólo como registro. Normalmente están involucrados grupos policiacos, militares o paramilitares y al decir levantón descalifican a la víctima”, afirmó Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem).

Desbordados por los miles de casos de desapariciones que se registran en todo el país desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, Mata Montiel aseguró que tienen expedientes de más de 4 mil desaparecidos en este sexenio, pero reconoce que la cifra puede ser mucho mayor: Hay gente que habla de 10 mil o 20 mil, pero es muy difícil determinar la cifra exacta. Es una labor enorme; nos rebasa.

Muchos ADN

Kristian Karim Flores, de 25 años, salió de su casa de Juárez, Nuevo León, a las cuatro de la mañana junto a su cuñado Martín Alejandro Fiol Alfaro, de 20. Era 12 de agosto del año pasado y ambos trabajaban para la empresa de transportes Fletes Garza y la Distribuidora Esporteo. Tenían que repartir chocolates Ferrero y Kínder Sorpresa en Piedras Negras, Múzquiz y Nueva Rosita, Coahuila.

Ya se había ido, pero regresó a darme un beso, dice Josefina de Jesús Fiol Alfaro, que en ese momento tenía un embarazo de unos ocho meses. Dos semanas después dio a luz a su hijo que ahora tiene 10 meses. El pequeño está sentado a su lado en una carriola, se pone de pie e intenta quitarle la foto del padre que no llegó a conocer.

Ellos no salieron de Juárez porque a las 4:20 intenté comunicarme con ellos. Les estaba mandando mensajes y les estaba marcando y nunca me contestaron. Pusimos una denuncia en Juárez, pero vimos que no hacían nada. No se están moviendo. Nos dicen que hay muchos casos. Cuando voy, los policías me preguntan a mí si he sabido algo de ellos, es el colmo.

A Josefina la acompaña su suegra, la madre de Kristian Karim: “Cuando mi hijo salió de casa mandó una alerta por teléfono a un compañero. Estamos seguros que no alcanzaron a salir de Juárez. En aquel entonces la policía estaba totalmente coludida con el crimen organizado y sabíamos que andaba levantando muchachos. Estamos seguros que fueron ellos. Mi instinto de madre me dice que mi hijo no salió de allí”.

Ambas han decidido romper el silencio y denunciar la desaparición de los dos jóvenes ante la Procuraduría de Justicia de Nuevo León: “No habíamos dado a conocer el caso porque el Ejército nos dijo que no lo hiciéramos, ‘pues si sus captores se enteran y aún los tienen vivos, los matan’. Pero ya pasó un año. Ya me cansé. Toco puertas y puertas y no veo nada. Mínimo que sepan que estoy buscando a mi hijo. Que no me he quedado sentada. Quiero que él, donde esté, se dé cuenta de que lo estoy buscando. Ya no nos podemos callar”.

A falta de un padrón nacional que cruce datos de desaparecidos con muestras de ADN, las dos familias iniciaron el peregrinar por anfiteatros y servicios periciales de otros estados vecinos para proporcionar los datos genéticos: “Me hice la prueba de ADN en Periciales del fuero común de Nuevo León y la misma prueba en la PGR hace tres semanas. ¿Cómo van a hacer coincidir los resultados de ADN con los cuerpos encontrados en las narcofosas? No saben. Es imposible andar de ciudad en ciudad para hacernos esa pruebas. Se necesita dinero. Trabajamos para vivir. No hay manera. Pedí mis vacaciones y alcancé a llegar a Reynosa, Matamoros, San Fernando, Nuevo Laredo y Saltillo y párale de contar”.

La madre de Kristian Karim se quiebra. El nudo en la garganta con el que hablaba, aguantando la intensidad del recuerdo, se deshace y se convierte en llanto profundo. Llora inconsolable a las puertas de las procuraduría: “Se fue una parte de mi corazón con él. Todos los días es dormirme pensando en él. Soñar con él. Decirle que lo amo, que me hace mucha falta... No hay voluntad política para resolver los casos, no hay derechos para un bebé que se quedó sin su papá; para mi hijo, un trabajador que ya dieron de baja en el Seguro Social. El patrón perdió la camioneta de su empresa, pero me dijo: ‘Yo ya recuperé el dinero del seguro y este asunto se acabó’. No nos dio ni un solo peso”.

El empresario Ernesto Garza dio de baja a Kristian Karim y a Martín Alejandro el pasado 23 de febrero. Ya no son sus empleados. El bebé de 10 meses no puede tener papá en los documentos de identidad hasta que pasen cinco años de su desaparición. Josefina de Jesús sigue esperando un milagro a pesar de todo: Estamos en ceros. No sabemos nada. Ni apareció la camioneta, ni la ropa, ni las carteras. Nada. Estamos en blanco... Siempre pienso en mi hermano; a Kristian lo tengo muy presente y me duele que no conozca a su hijo. Tengo esperanza. Hasta que no vea sus cuerpos o algo de ellos no voy a estar en paz.

Buscar en silencio

Ricarda Durón Torres tiene 54 años y seis hijos. Uno desapareció el pasado 3 de febrero. Anselmo Salazar Durón tiene 29 años, es casado y tiene tres hijos, de ocho, seis y cinco, con residencia en la colonia Camino Real en Guadalupe, Nuevo León, uno de los municipios más violentos del área metropolitana.

“Mi hijo estaba en la tienda de abarrotes y carnicería que tenemos. Salió a un mandado y ya no regresó. Lo levantaron con su camioneta. Unos vecinos vieron cómo unos hombres en una camioneta negra lo bajaron de su vehículo y lo subieron a otro... Quiero que me lo regresen. Mi hijo es víctima de ellos, es una persona inocente y noble; es un trabajador. No somos muebles ni animales nomás para que nos levanten. Nomás levantan personas porque no hay quien las defienda. ¿Con quién nos vamos a quejar?”

A Ricarda la acompaña su esposo, pero él no habla. Generalmente son ellas las que deambulan por las oficinas de las procuradurías o los anfiteatros buscando en silencio a sus desaparecidos. Ella llora desconsoladamente, ocultando el rostro, secando las lágrimas. Él la mira con semblante rígido, en silencio. Ricarda se repone, suspira: Sus hijos me preguntan por él y les digo que ya va a regresar. Tengo mucha fe en Dios... Pero si me lo mataron... yo sé que mi hijo está con Dios y ellos están muertos en vida.

Las desapariciones suceden en la calle, en las casas, en los negocios. Carlos Enrique Ruiz Núñez platicaba afuera de su casa con sus tíos el 20 de mayo del año pasado. Estaban en la banqueta, relajados, cuando una camioneta Cherokee se paró. Iban hombres fuertemente armados a cara descubierta. Uno se bajó y le dijo súbete. Con chica ametralladora pues cómo no se iba a subir y por temor a que le hicieran algo a sus tíos, mi hijo se subió y ya no volvimos a saber de él, dice María Teresa Núñez Moreno, de 60 años.

Carlos Enrique está casado y tiene cuatro niños. Trabajaba como taxista: “En las noticias nacionales por la televisión vimos cuando la policía lo sacaba de una casa de seguridad federal. Suponemos que está en México, en alguna delegación de allá, pero no sabemos nada. Interpusimos una denuncia en Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, pero siempre nos dicen que no han tenido respuesta, que hay muchos levantones. Voy a seguir buscándolo. No me canso, ni me cansaré”.

Un mismo código

“Nada se está investigando, no investigan las desapariciones. Es una forma en la que el Estado evade su responsabilidad. Con la palabra levantón, unida a la de narcotráfico, la respuesta para referirse a los desaparecidos es la misma: el descrédito: algo debían, se lo merecían, en algo malo andaban... Y no hay investigación; conocemos personas que no estaban involucradas en nada: abogados, ingenieros, transportistas, choferes de mudanzas, trabajadores, gente que salió a cumplir con su trabajo y en el camino desapareció y ya no se supo de ellos”, dice Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Afadem.

Desde 1999 ofrecieron un proyecto de ley sobre la desaparición forzada que nunca fue atendido. Incluye la creación de un organismo donde sean denunciados todos los casos, una ventanilla única cotejada con un banco de ADN. Este año el PRD lo intentó nuevamente, pero la ley sigue esperando. Mata Montiel lo tiene muy claro: No hay voluntad política de que se conozca la verdad.

Justicia para Joaquín Vázquez Figueroa, trabajador honesto torturado, ejecutado extrajudicialmente y mentirosamente señalado como sicario

por zapateando Escribir un Comentario
Categorías: Denuncia, Militarización, Noticias, Represión política en México, REPRESION POLÍTICA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Solidaridad, veracruz y Xalapa

El 17 de junio de 2011, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Joaquín Figueroa y sus dos compañeros volvían de trabajar cuando fueron interceptados por elementos de seguridad pública, Policía Federal, y Ejército Mexicano, en un retén del operativo CONAGO 1. Mas tarde fueron presentados como sicarios, miembros de la delincuencia organizada.
HOY SABEMOS QUE FUERON TORTURADOS Y EJECUTADOS CON EL TIRO DE GRACIA EN LA CABEZA.
También sabemos que no son las únicas víctimas civiles, por tanto llamamos a familiares de las víctimas, a que se contacten, con nosotros para acompañarnos y limpiar los nombres de inocentes inculpados, comunícate al correo: joaquinfigueroavsquez@yahoo.com.mx
Animal Politico

Publicado: marzo 29, 2011
Denuncian ante la CIDH ola de abusos policiacos y militares

La Jornada retoma hoy la denuncia que realizaron ayer agrupaciones de defensa de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las condiciones deplorables de la seguridad pública y las desapariciones forzadas, tortura e intimidación realizadas por fuerzas policiacas y militares en México, en el contexto de la lucha antinarcóticos.

Representantes de 18 agrupaciones de derechos humanos mexicanas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ejemplos de graves violaciones de garantías básicas, sobre todo en los estados del norte. Subrayaron que, además de las víctimas de la violencia del crimen organizado, se ha elevado el número de denuncias por abusos miliares y policiacos (hubo mil 17 sólo en Ciudad Juárez, entre marzo de 2009 y abril de 2010).

Según información de La Jornada, los defensores de derechos humanos, en su presentación ante la CIDH en una audiencia de carácterinformativo, indicaron que las fuerzas de seguridad violan de manera frecuente los derechos humanos y cometen desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, cateos ilegales y homicidio hasta diversas formas de intimidación para suprimir la voluntad de denuncia entre la ciudadanía, así como para amedrentar a los defensores de derechos humanos. Una de las organizaciones presentó los casos documentados de más de 200 desapariciones forzadas sólo en Chihuahua, aclarando que hay más, pero la gente no se atreve a presentar las denuncias.

Criticaron la falta de investigaciones oficiales, señalando que las existentes parecen ser más bien simuladas, por lo que se nutre cada vez más un clima de impunidad. En Ciudad Juárez, afirman, hay una impunidad por encima de 90 por ciento, mientras que la violencia tanto de la delincuencia como de fuerzas oficiales llega a niveles cada vez más alarmantes.

Entre los documentos y gráficas presentadas por los defensores de derechos humanos se presentó el audio y texto de la entrevista del general retirado y entonces encargado de seguridad de Torreón, Bibiano Villa, realizada por Sanjuana Martínez y publicada por La Jornada, la cual llamó la atención de algunos de los comisionados que preguntaron a los representantes del gobierno mexicanos si esa figura representaba de alguna manera la posición oficial mexicana (la respuesta fue que no).

Por su parte, la delegación del gobierno mexicano en la audiencia, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, evitó responder explícitamente sobre los casos concretos presentados aquí y se dedicó a reiterar los propósitos de la estrategia antinarcóticos y contra el crimen organizado. Subrayaron que el respeto a la integridad física y seguridad de los ciudadanos es el objetivo central del gobierno de Felipe Calderón ante la demanda ciudadana por mayor seguridad, y por ello lanzó su campaña contra la delincuencia, la cual amenazabaocupar cualquier espacio público y privado.


Reportan desaparecidos a seis encuestadores en Michoacán

Hallan muerta a sobrina de la titular de Desarrollo Social de Nuevo León
De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 2 de agosto de 2011, p. 7
De la jornada violenta de ayer destacan los asesinatos de Kathia Cavazos, sobrina de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León, y del guardaespaldas de una empresaria y ex escolta del diputado de Ciudad Juárez, Chihuahua, Gabriel Flores, así como la desaparición de seis empleados de la encuestadora Consulta Mitofsky, en Apatzingán, Michoacán.

Los trabajadores de la empresa desaparecieron el pasado 29 de julio, cuando realizaban un trabajo sobre preferencias electorales en Apatzingán, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública estatal. El presidente de la compañía, Roy Campos, confirmó el hecho y confió en que pronto habrá buenas noticias.

A los encuestadores se les encomendó un sondeo para las elecciones del próximo 13 de noviembre en esa entidad. Llegaron a bordo de dos vehículos, pero hasta el momento no se sabe nada de ellos.

Por otra parte, los restos de dos mujeres fueron encontrados la mañana de ayer en tres cajas, a un costado de la carretera Allende-Cadereyta, a la altura de El Reparo, en Allende, Nuevo León, reportaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

La secretaria de Desarrollo Social estatal, Juana Aurora Cavazos, confirmó que una de las víctimas es su sobrina, Kathia Cavazos, y descartó que hubiera amenazas en su contra o que la joven perteneciera a la delincuencia organizada. La otra mujer, Kendy Cavazos Caballero, era amiga de la adolescente.

Supuestos mensajes y detención

La Procuraduría General de Justicia del estado aseveró que en el lugar fueron encontradas cartulinas con mensajes dirigidos a un grupo de la delincuencia organizada, por lo cual se investiga si los recados tienen relación con las víctimas.

El vocero de seguridad, Jorge Domene, explicó que policías de Allende detuvieron a las dos jóvenes por faltas administrativas, las cuales abandonaron la comandancia la madrugada del lunes. Supuestamente, tras la liberación integrantes del crimen organizado las habrían asesinado.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, un policía ministerial murió y uno resultó lesionado a balazos, cuando un grupo intentó secuestrar a la dueña de una casa de cambio. Primero se especuló que el intento de plagio era contra el diputado estatal Gabriel Flores Viramontes, pero la fiscalía general aclaró que el elemento ya no trabaja con el legislador.

Ayer se reportaron 34 ejecuciones en hechos distintos, las cuales ocurrieron en Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Nayarit, Morelos y Coahuila. Casi un mes después de la matanza en el bar Sabino Gordo, en el cual perdieron la vida 24 personas en un tiroteo, el establecimiento fue clausurado por violaciones al Reglamento de Inspección, informó el director jurídico de Monterrey, José González Navarro.

Finalmente, Arturo Nahle García, procurador general de Justicia de Zacatecas, informó que solicitó a la PGR atraer el caso del edil de Florencia de Benito Juárez, Fortino Cortés Sandoval, ultimado el jueves pasado.