Ley de Seguridad Nacional, Ley Fascista

URGEN FRENTE Y MOVILIZACIONES CONTRA LA POSIBLE APROBACION DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y NO BAJAR LA GUARDIA.

SEÑALA CARLOS FAZIO: "esta semana, el titular del Ejecutivo y las fuerzas armadas intentarán arrancar al Congreso una ley de seguridad nacional que profundiza un modelo de país autoritario, de tipo policiaco-militar y al margen de la Constitución, y que, de aprobarse, vulnerará el espíritu de la supremacía del orden civil sobre el castrense. A la mexicana, los que mandan y sus aliados circunstanciales intentan levantar una fachada constitucionalista para una dictadura larvada."


27-07-2011

Avanza reforma a la Ley de Seguridad Nacional: Segob

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Segob pide aprobar Ley de Seguridad Nacional sin cambiar una coma ...


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México D.F., a 13 de julio de 2011 | nubes15/29° ... la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional con el fin de que sus labores contra la delincuencia ...
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25.07.2011
¿Y después, qué?
Carlos Fazio


México vive días inciertos y sombríos. El país se nos escapa de las manos. Los clanes gobernantes no tienen una sola idea fecunda. La política se nutre de la ficción y la mentira. Sólo la propaganda, la deformación y los mitos tenazmente difundidos pueden negarlo. El gobierno ha sido y continúa siendo el principal factor del caos, el desorden y la violencia en que vivimos. Es tedioso recordar verdades tan simples, que la violencia engendra más violencia. También, que en el mecanismo de la violencia –acción y reacción– siempre la responsabilidad mayor corresponde al poder.
En la violencia prosperan y se consolidan los más fuertes. Con la excusa de la guerra a la criminalidad, ante la cobardía de unos y la indiferencia o complicidad de otros, de manera paulatina se ha venido construyendo un Estado cívico-militar, con su barbarie, sus detenciones ilegales, sus cateos, persecuciones, retenes, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas. Con sus fosas comunes y sus daños colaterales.

El uso arbitrario de la fuerza pública y de las armas de fuego no traerá la pacificación anunciada. El delito no se puede combatir con delito. Además, quienes disponen del poder confunden autoridad con mando y no quieren oír, ni escuchar, ni atender, ni entender. Un sector importante del país quiere paz con justicia y dignidad. Pero a todas las proposiciones de cambio de estrategia y diálogo, el monologuista de Los Pinos responde: tenemos la razón, la ley y la fuerza. La paz del poder es de cárceles y cementerios. Felipe Calderón se considera dueño absoluto de la verdad y practica un maniqueísmo inquisitorial. El Estado soy yo, la ley soy yo. Con él está todo el país sano –los buenos mexicanos– y quienes no están con él están contra él. Son un peligro para México. Son los hechos, que lo desautorizan y condenan cada día, los equivocados, no él. Problema de percepciones. La incapacidad no da autoridad. Es su negación.

El pasado 13 de julio, durante una reunión con integrantes de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso, tres generales y un coronel del Ejército Mexicano exigieron a legisladores la aprobación de un marco jurídico que amplíe y legalice la participación de esa rama de las fuerzas armadas en la guerra sucia de Calderón. Una guerra que bajo la pantalla de la lucha anticrimen ha cobrado más de 50 mil muertos y 10 mil desparecidos. El Ejército y la Marina han sido los principales instrumentos del comandante supremo de las fuerzas armadas en esa confrontación fratricida, definida por el subsecretario de la Defensa, general Demetrio Gaytán Ochoa, como un conflicto asimétrico contra un enemigo que no tiene rostro.

La jerga militarista denomina guerra asimétrica a la que se da entre dos contendientes con una desproporción de los medios a su disposición, sean militares, políticos, económicos, mediáticos. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado ni acciones militares convencionales. Es un conflicto irregular que se basa en golpes de mano, combinación de acciones políticas y militares, propaganda negra, operaciones encubiertas y sicológicas, implicación de la población civil y otras operaciones similares. Entre esos medios se cuenta la guerra de guerrillas, la resistencia, toda clase de terrorismo (incluido el de Estado), la contrainsurgencia, la guerra sucia o la desobediencia civil.

Tras los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, la potenciación de un enemigo asimétrico fue utilizada por la administración de George W. Bush para lanzar sus operaciones bélicas imperialistas y neocoloniales en Afganistán e Irak. Desde entonces, como complemento del enemigo interno, la noción pasó a formar parte de la doctrina de seguridad nacional estadunidense en su lucha contra el terrorismo, que no es un adversario, sino tan sólo una forma de violencia política, por lo que su supresión no es un objetivo político clausewitziano que pueda terminar con una victoria y una paz.

Según declaraciones de generales del Comando Norte del Pentágono, las operaciones militares en Afganistán e Irak se basan en la contrainsurgencia clásica, lo que implica acciones propias de la guerra sucia y el terrorismo de Estado (verbigracia, el uso de la tortura sistemática, la ejecución sumaria extrajudicial y la desaparición forzada), combinadas con la utilización de aviones no tripulados (drones) artillados y el ametrallamiento de civiles en retenes, como ha quedado ampliamente documentado.

Dado que desde 2002 México quedó integrado de facto al perímetro de seguridad y al Comando Norte de Estados Unidos, y que existen acuerdos militares secretos con ese país en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (2005), signados bajo el halo de la guerra al terrorismo, es lógico concluir que las tácticas utilizadas por Washington en Afganistán e Irak (practicadas antes en Colombia) se han venido utilizando en el territorio nacional. En particular, durante el sexenio de Calderón, con un crecimiento exponencial de la violencia.

En ese contexto, esta semana, el titular del Ejecutivo y las fuerzas armadas intentarán arrancar al Congreso una ley de seguridad nacional que profundiza un modelo de país autoritario, de tipo policiaco-militar y al margen de la Constitución, y que, de aprobarse, vulnerará el espíritu de la supremacía del orden civil sobre el castrense. A la mexicana, los que mandan y sus aliados circunstanciales intentan levantar una fachada constitucionalista para una dictadura larvada. De paso, se pretende preservar el anacrónico fuero castrense o de guerra, en beneficio de una casta. De su inmunidad e impunidad.

¿Y después? Porque siempre hay un después. Después, los gobernantes de la hora, que marchan a contramano de la historia, comprobarán que han sido otros tantos aprendices de brujo. Por eso, ahora, más que ayer, el dilema es resistir o someterse. (Con un abrazo al hermano mayor, Jorge Turner.)




Del Senado a la Sedena
por Javier Corral Jurado
Opinión / En la opinión de Javier Corral Jurado | Miércoles, 27 de Julio de 2011 23:06 hrs.




Es menester volver en este espacio al tema de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional porque el proceso de dictamen ha entrado en una etapa final de definiciones en la Cámara de Diputados y entre los diversos actores que concurren a esta discusión. Por un lado el Presidente de la República ha logrado el acuerdo con el Presidente del PRI, Humberto Moreira para la realización de un periodo extraordinario de sesiones a realizarse previsiblemente el próximo 16 de agosto, en el que tanto la reforma laboral como la de seguridad nacional serían las materias a legislar. Moreira ha comprometido de ésta manera la voluntad del PRI, y el Presidente Calderón parece hacerlo a nombre del PAN. Sobre ninguna de las materias anteriores existe en la Cámara de Diputados, dictamen final alguno, por lo que se prevé habrá una presión también extraordinaria sobre los legisladores para la confección de esos acuerdos, o se pretenderá imponer documentos no manufacturados por ellos.

Es importante señalar que un periodo extraordinario de sesiones sólo puede ser convocado cuando existen dictámenes de comisión, porque se parte del supuesto que los legisladores especialistas en esos temas (los que integran las comisiones de la materia) han concluido la discusión y pueden ir al pleno a exponer sus razones y argumentos, a favor como en contra de un dictamen.

El otro dato de definición es el mayoriteo que el PRI ejerció la semana pasada en la Comisión de Gobernación para evitar la conformación de una subcomisión redactora del predictamen en la que se pretendía una revisión más precisa y ordenada de esas reformas, tanto para el análisis de las ponencias presentadas en las audiencias como durante el foro nacional, que se organizaron precisamente a manera de consulta pública directa para conocer la opinión de los expertos, que resultó por cierto, sumamente crítica.

Digo mayoriteo del PRI y no mayoría, porque en realidad se trató de un cambio de último minuto en la posición que habían convenido en la Junta directiva de la comisión a lo largo de las dos semanas recientes para conformar ese grupo auxiliar. Sinuosos, dobles en su manejo político - casi como característica intrínseca de su ser priista -, hicieron a lo largo de este tiempo requerimientos de formato como de integración de esa subcomisión con lo que retrasaron el trabajo. El día que fueron convocados para votar la subcomisión, la rechazaron, cínicamente en nombre de la prontitud que el pueblo de México exige de la Comisión de Gobernación. En realidad buscan ir directamente al pleno de la Comisión para repetir el ejercicio de su mayoría y sacar adelante el dictamen que han hecho propio.

Otro dato de definición que se concatena con los anteriores, fueron las declaraciones de Don Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación que ha admitido la existencia de dos proyectos de dictámen "uno del Diputado Alfonso Navarrete Prida que tendría apoyo de San Lázaro pero no del Senado y el otro del Diputado Javier Corral que tiene el apoyo de los senadores pero no entre los diputados". Entre ambos proyectos el Subsecretario dice que el gobierno federal se inclina por el del PRI.

Pero si somos sinceros ambos legisladores y el subsecretario Fernández, ni el primer proyecto es de Don Alfonso Navarrete, ni el segundo es de mi autoría; en términos reales el primero fue elaborado por altos mandos del estado mayor del Ejército que pretenden sobrepasar los contenidos de la iniciativa misma que el Presidente de la República presentó en abril de 2009 al Senado, proyecto que el legislador priista ha hecho suyo; y yo he hecho mía la minuta del Senado de la República que ha logrado un equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos. Permítanme ponerlo en los términos en los que he respondido en Twitter: un proyecto es de la SEDENA, el otro del SENADO.

Y sí, son dos proyectos radicalmente diferentes, hay incluso dos lenguajes, uno castrense, el otro jurídico, dos técnicas legislativas, una engorrosa, por no decir tramposa, y la otra llana, clara en definiciones. El que ha hecho suyo Don Alfonso Navarrete pretende trasladar, casi de manera textual, definiciones del manual de operaciones del Ejército y entra en un terreno muy subjetivo al tratar de regular una especie de gradualismo que va desde las contingencias hasta las amenazas a la seguridad interior.

Entre ambos proyectos se entraña una decisión de lo más delicado y trascendental para México: en el fondo, un cambio de régimen político, pues el proyecto de SEDENA, como es lógico, busca subordinar el orden civil al poder militar, mientras que el del Senado, mantiene esta relación en los límites de la Constitución, que es reiterar la supremacía del poder político sobre las fuerzas armadas, sin dejar de brindarles un marco legal para su actuación en tareas de auxilio para combatir el narcotráfico.

A la minuta del Senado le hemos hecho varios cambios que la colegislasdora ha aceptado con muy buena disposición, porque en efecto, a los senadores que participaron de manera central en el diseño de aquel dictamen les parece "inadmisible", "absurdo" y hasta "abominable", el proyecto que ha hecho suyo el PRI en la Cámara de diputados y me han transmitido en varias ocasiones que no estarían dispuestos a aprobar, lo que ya resistieron con entereza durante un año en su propio proceso de discusión.
Entre los cambios formulados, el principal tiene que ver con precisar la jurisdicción militar cuando su actuación no tiene relación con la disciplina castrense. El proyecto incorpora la precisión de que tratándose de delitos que cometan los integrantes de las fuerzas armadas en contra de algún civil, sea la justicia ordinaria, es decir, los tribunales civiles, quienes resuelvan en definitiva su inocencia o culpabilidad. La reciente resolución de la SCJN sobre esta materia confirmando el criterio, hizo ineludible el ajuste.

Sin renunciar a la convicción sobre la necesidad y urgencia de esta reforma, planteo con toda claridad que entre el proyecto de la Sedena y el del Senado, me inclino claramente por el de la colegisladora, no sólo porque ya está agotada la primera parte del proceso, sino porque en el caso de optarse por el primero se dará pie a un largo litigio sobre su constitucionalidad, amén del riesgo en el que colocaría al sistema de los derechos humanos.

Activistas piden rechazar ley de seguridad nacion

http://www.informador.com.mx/mexico/2011/288489/6/activistas-piden-rechazar-ley-de-seguridad-nacional.htm

Aprueban norma contra bullying
Organizaciones civiles exigien a los diputados no aprobar las reformas a la ley de seguridad nacional sin consultar a la sociedad civil

CIUDAD DE MÉXICO (28/ABR/2011).- Organizaciones civiles exigieron a los diputados que “no nos traicionen” y no aprueben las reformas a la ley de seguridad nacional sin consultar a la sociedad civil, pues según el predictamen que impulsa el PRI, es violatorio a los derechos humanos.

En un encuentro con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza; el padre Alejandro Solalinde; el activista Eduardo Gallo y el poeta Javier Sicilia, consideraron que el debate debe ser sobre la minuta del Senado de la República y no de otro predictamen. A su vez, criticaron la “opacidad” y el “desaseo legislativo” con que es manejado este tema, en el cual, dijeron, solamente se están “protegiendo intereses de partido”.

Javier Sicilia calificó de “crimen amparado en la legalidad” el que se pretenda aprobar una ley que no cuenta con el consenso social, mediante un “albazo”.

Durante la jornada de ayer, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, rechazó que haya presiones para aprobar las reformas a la ley de seguridad nacional en el presente periodo ordinario de sesiones, por lo que descartó que sea aprobada vía fast track. Cabe destacar que la iniciativa fue turnada a cinco comisiones, aunque el priista afirma que son las de Seguridad Pública y Defensa Nacional las que deben dictaminar sobre el tema.

“La Cámara de Diputados no tiene en estos momentos presión ni preferencia alguna con respecto a la ley, la está discutiendo, lo que se produzca por consenso será bueno, trataremos y se busca que se produzcan consensos”


.RECHAZAMOS LA REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESTADO POLICÍACO-MILITAR


Los grupos parlamentarios del PAN y el PRI emitieron un proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Este proyecto modifica lo referente a dicha Ley en el sentido de que el Presidente pueda solicitae la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando lo considere una amenaza a la seguridad interior. Esta reforma también brinda atribuciones a militares, marina y CISEN para realizar tareas de espionaje. La Ley sitúa en la misma clasificación al crimen organizado y a los movimientos de carácter político, social y electoral. Permite que el Ejército revise las pertenencias de los particulares en las calles y que para requerirles información utilice “cualquier herramienta que resulte necesaria”. Prevé informantes anónimos del ejército y usar “cualquier método de recolección de información”. Bajo el concepto de “prevención social” la reforma pretende que la ciudadanía este obligada a colaborar en investigaciones judiciales y militares. Esto significaría una suspensión de garantías sin la necesidad del decreto de estado de excepción.


La reforma solamente enuncia el respeto a los derechos humanos, pero abre la puerta a que sean violados de manera “legal”. Hay contradicciones en el planteamiento de la reforma que en conjunto con el momento en que se está queriendo aprobar nos hace pensar que la intención de fondo no es únicamente el combate al crimen organizado sino el camino a un golpe de estado por vías legislativas y al establecimiento de un estado policiaco. Esta reforma pretende ser aprobada ant.


Como ciudadanos que exigimos ¡No más Sangre y un Alto a la Guerra de Felipe Calderón! ¡Rechazamos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar!
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