Filial de Slim, implicada en un financiamiento electoral ilícito

POR LOUISA REYNOLDS , 20 AGOSTO, 2017

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Durante décadas, la lucha entre las empresas telefónicas no ha tenido cuartel en Guatemala. Aparentemente todos los trucos sucios han sido empleados por éstas para quedarse con los más jugosos contratos estatales. En esa guerra, Telgua (filial de América Móvil, de Carlos Slim) habría pagado millonarios sobornos durante la campaña electoral de 2011 –la que llevó al poder a Pérez Molina–, según se desprende de una investigación de la ONU, gracias a la cual ya hay algunos exfuncionarios presos… entre ellos el propio expresidente. Así, una compañía del magnate mexicano fue protagonista de una historia negra.

GUATEMALA (Proceso).- Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), filial de América Móvil en Guatemala, fue acusada de pagar sobornos por 2 millones de dólares al entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi durante la campaña electoral de 2011, para que la empresa fuera favorecida por el nuevo gobierno en una añeja disputa con Tigo, una empresa de telecomunicaciones rival.

El involucramiento de Telgua en el llamado Caso Corrupción y Construcción salió a luz durante una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, creada por la ONU para desmantelar grupos de crimen organizado en el país), en la cual se ­hallaron documentos en las propiedades de Sinibaldi que evidenciaban los pagos realizados por la compañía telefónica a seis empresas fachada creadas por el exministro y sus allegados.

Esas empresas nacieron para lavar el dinero que el exfuncionario cobró a compañías constructoras proveedoras del Estado y captar recursos para la campaña electoral del Partido Patriota (PP).

A raíz de estos hallazgos, la CICIG y el Ministerio Público (MP) citaron al ­exgerente de Telgua Julio Carlos Porras Zadik, quien decidió colaborar con las autoridades a cambio de la conmutación de una condena de tres años de cárcel, impuesta el 29 de junio de 2016, por financiamiento ­electoral ilícito. La condena fue suspendida y en su lugar se le impuso una multa de 68 mil dólares y el compromiso de pagar la ­construcción de dos salas de ­videoconferencia para el MP y el Organismo Judicial.

Durante la investigación, Porras Zadik admitió haber emitido 12 cheques por un total de 2 millones de dólares a las empresas Inversiones ASA, Arqo Outsourcing de Centroamérica, Impresos Urbanos y Seguridad ASA y Multiservicios Continental, en las que figuraban familiares de Sinibaldi y que fueron creadas para financiar la campaña electoral del PP en 2011. Los pagos fueron ilícitos porque jamás fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral como estipula la ley guatemalteca.

El exgerente de Telgua declaró, además, que fue el exasesor del PP Julio Ligorría Carballido, quien le pidió financiamiento para la campaña del partido del expresidente Otto Pérez Molina, con el argumento de que era la agrupación política que lideraba las encuestas, lo cual le aseguraría la resolución a su favor de la disputa con Tigo, tras su victoria electoral.

“De esta forma se evidencia cómo las relaciones del poder político y ­empresarial se influyen y se utilizan mutuamente para el desarrollo de prácticas de competencia comercial malsana para la perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y de ejercicio de poder del gobierno”, dijo Iván Velásquez, jefe de la CICIG, en conferencia de prensa, el pasado 14 de julio.

Tres días después América Móvil anunció que estaba auditando a Telgua para dilucidar por qué realizó esos pagos a las empresas de Sinibaldi. “Estas aportaciones las permite la ley guatemalteca. Lo que nosotros estamos buscando es saber por qué hicieron estas aportaciones sin observar estas normas y requisitos que establece la ley en Guatemala”, dijo un vocero de América Móvil al periódico local El Economista.

Pérez Molina y Baldetti, con Slim

En agosto de 2011, un mes antes de las elecciones, la prensa guatemalteca publicó una fotografía en la cual aparece el magnate mexicano Carlos Slim, propietario de América Móvil, en el centro, flanqueado por Pérez Molina y Roxana Baldetti, futuros presidente y vicepresidenta de Guatemala.

La fotografía fue tomada durante una reunión que los tres personajes tuvieron en México, la cual, según Porras Zadik, fue orquestada por Ligorría Carballido, quien se encargó de divulgar la imagen en la prensa para enviarle un mensaje a Tigo y demostrar que Telgua sería la empresa favorecida por el nuevo gobierno.

Un mes después de la publicación de la fotografía, Tigo accedió a resolver su disputa comercial con Telgua.

Ligorría, quien tenía una trayectoria de 30 años como consultor ­internacional, experto en administración de crisis y asesor de candidatos presidenciales en América Latina, fue nombrado embajador de Guatemala en Washington tras la victoria electoral del PP y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Sinibaldi, quien fue uno de los rostros más visibles del gabinete del expresidente Pérez Molina y era el favorito para liderar la campaña presidencial del PP en 2015, tiene órden de captura desde el 11 de junio de 2016 por su involucramiento en otro caso de corrupción, conocido como Cooperacha, en el cual se le acusa de participar en la compra de costosos regalos para Pérez Molina y Baldetti.

Desde su cuenta oficial en Twitter, Sinibaldi ha arremetido contra la CICIG, acusándola de “politizar, mediatizar, juzgar y sentenciar los casos”, y afirma que puede justificar el origen de su patrimonio, pero que sólo lo hará cuando existan “condiciones adecuadas y no de inquisición”.

Cuestionado por la prensa guatemalteca acerca de su reunión con Slim, Pérez Molina –quien guarda prisión preventiva por su implicación en una red de defraudación aduanera conocida como La Línea, entre otros casos de corrupción–, admitió que sostuvo dos reuniones con el magnate mexicano, pero dijo que desconocía la existencia de una disputa comercial entre Telgua y Tigo, y que el tema jamás se mencionó en esas reuniones.

“Él (Carlos Slim) estaba interesado en hacer inversiones en Guatemala (…) Esas fueron las condiciones por las cuales yo saludé al señor Slim en dos oportunidades: una en México y otra cuando él vino aquí a Guatemala. Pero el señor Slim no tocó el tema (de la disputa comercial con Tigo) para nada”, dijo el exmandatario.

Lucha entre telefónicas

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit), Tigo (Comcel) –filial de Millicom International Cellular, una subsidiaria de la firma sueca Kinnevik– controla 47% del mercado de la telefonía móvil en Guatemala, seguido por Claro (Telgua) con 31% y Telefónica (Movistar) con 22%.

Con el pago de los sobornos a las empresas de Sinibaldi, Telgua buscaba ser favorecida por el gobierno del PP en su ­disputa comercial con Tigo y revertir la tendencia que se había dado hasta ­entonces, ya que durante administraciones anteriores Tigo había sido la favorecida por el Ministerio de Comunicaciones y por la Sit.

Tigo es propiedad del empresario guatemalteco Mario López Estrada, quien ingresó a la lista de Forbes de las 2 mil personas más ricas del mundo, en febrero de 2015, un mes antes de que cayera el gobierno de Pérez Molina tras destaparse el caso La Línea.

López Estrada fungió como ministro de Comunicaciones entre 1986 y 1991, en la administración de Vinicio Cerezo; antes de dejar el cargo entregó una concesión por 20 años a Comcel, lo que le permitiría convertirse en la empresa líder del mercado de la telefonía móvil en Guatemala.

Dos años después López Estrada se convertiría en socio mayoritario de Comcel.

En 2005, el entonces vicepresidente ejecutivo de Millicom David Kimche admitió que en 1999 Comcel había pagado 2.5 millones de dólares a la campaña electoral de Alfonso Portillo (mandatario entre 2000 y 2004), para que revirtiera el impacto de una Ley de Telecomunicaciones aprobada en 1996 en el gobierno de Álvaro Arzú, que Comcel consideraba lesiva para sus intereses.

Aunque Kimche aseguró que nunca ­existió ningún compromiso de parte de Portillo para beneficiar a Comcel, cinco meses después de llegar al poder el mandatario redujo, por medio de una ­negociación extrajudicial, el pago obligatorio al Estado por sus utilidades de 10 a 5%.

López Estrada también mantuvo una estrecha relación con el expresidente Álvaro Colom, antecesor de Pérez Molina, y es posible que ahora la CICIG también investigue las operaciones de Tigo y sus vínculos con funcionarios del gobierno de Colom.

A pesar de las admisiones de Porras Zadik relacionadas con el financiamiento de la campaña electoral del PP y de las ­reuniones entre Pérez Molina y Slim, el exmandatario también mantuvo una buena relación con López Estrada y durante su administración se le prorrogó a Tigo el uso de la banda ancha por 20 años más.

Además, se aprobó en el Congreso, como tema de urgencia nacional, una Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles que fue bautizada como Ley Tigo, ya que abiertamente favorecía los intereses de ese gigante de las telecomunicaciones.

En apariencia, la ley pretendía bloquear el uso de celulares en las cárceles para detener las extorsiones, pero también permitía a las empresas con al menos 6 mil kilómetros de fibra óptica o más de 100 mil líneas de acceso (­requisitos que sólo llenan Tigo, Telgua y Movistar), la colocación de antenas, postes, cableado o cualquier estructura para la transmisión de datos en terrenos públicos o privados con la sola autorización y el pago de un impuesto a la Sit.

Este reportaje se publicó en la edición 2128 de la revista Proceso del 13 de agosto de 2017.