México, cuestionado por violación a derechos de pueblos indígenas

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POR EMILIO GODOY , 21 FEBRERO, 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano tendrá que responder sobre la aplicación de la reforma energética de 2014 y su impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos aborígenes y comunidades locales.

El tema forma parte del cuestionario enviado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), vigente desde mayo de 2013.

Tal instancia, que cuenta con especialistas de Brasil y Colombia, iniciará el examen de México durante la 60 presesión del Grupo de Trabajo del 27 de febrero al 3 de marzo en Ginebra y que también incluirá evaluaciones de Colombia, Corea del Sur, Federación Rusa y Moldova. El escrutinio final tendrá lugar durante el 62 periodo de sesiones del Comité en septiembre y octubre próximos en esa misma ciudad suiza.

El documento, elaborado y respaldado por 61 redes y organizaciones de la sociedad civil, contiene 78 preguntas sobre aplicabilidad y efectividad de derechos, derechos sindicales, la no discriminación, igualdad de género, trabajo, agua y saneamiento, alimentación, ambiente sano, educación, salud y cultura.

En la primera pregunta se le pide al Estado mexicano proporcionar elementos para evaluar si ha habido avances en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, le solicitan indicar las medidas concretas tomadas para consultar debidamente a las comunidades indígenas y locales afectadas por proyectos a gran escala en sus territorios y procurar obtener su consentimiento previo e informado para el desarrollo de esos emprendimientos.

Las ONG cuestionan por qué el gobierno ignoró a los grupos aborígenes y comunidades en el diseño, aprobación y ejecución de las leyes de reforma energética de 2013 y 2014 y que abren al capital privado nacional y extranjero la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Tal marco incluye “disposiciones sobre el uso y ocupación de las tierras y territorios susceptibles de afectar directamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de estos pueblos y comunidades. Asimismo, sírvanse informar si se plantea alguna reforma legislativa para subsanar estas cuestiones con mecanismos de participación adecuados”.

El colectivo solicita “explicar cómo pueden ser compatibles las obligaciones del Estado”, como el respeto y la protección del derecho a la libre determinación, con las disposiciones de la reforma energética que dan preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra que “implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos” en cuestión.

El cuestionario observa una contradicción entre la Ley de Hidrocarburos de 2014, que prácticamente obliga a una resolución “administrativa o judicial” para la ocupación de los polígonos y el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo y a no ser privados de sus medios de subsistencia.

Las organizaciones quieren saber de qué manera preservará el Estado los territorios de pueblos ancestrales y comunidades de las actividades empresariales promovidas “de manera preferente” por la reforma energética.

Además, desean conocer cómo el Estado protege a las personas de esas comunidades de “las amenazas, la violencia, la ruptura de tejido social, del desplazamiento y del despojo de sus tierras” cuando se quiere ejecutar un proyecto de inversión o desarrollo energético o de cualquier industria.

Asimismo, preguntan sobre las medidas específicas adoptadas para sancionar y reparar integralmente el daño cuando sucede “el despojo territorial, el desplazamiento y la afectación de bienes comunes”, como el agua, la tierra, y otros elementos ambientales, sociales y culturales.

Derechos debilitados

Las ONG y comunidades afectadas esperan que el Comité actúe y sea exigente con México. “Los derechos están debilitados. Pedimos al Comité que nos escuche y tome en cuenta lo que decimos. Los Estados y las empresas sólo están interesadas en plasmar sus intereses”, dice a apro Pedro Uc Be, miembro de la Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán.

En Ticul, su comunidad, Vega Solar 1, propiedad de la estadunidense Sunpower Corporation, fue una de las ganadoras de la segunda subasta eléctrica de septiembre último, organizada por el gobierno mexicano, por lo que construirá el parque fotovoltaico “Ticul 1”, de 740 megavatios/hora de generación eléctrica. Ese emprendimiento supone la destrucción de 640 hectáreas de selva.

“Los pueblos mayas corremos el riesgo de perder nuestra identidad y derechos colectivos por decisiones que únicamente persiguen beneficios económicos de empresas privadas, a costo de destruir la riqueza cultural, social y ambiental”, denuncia el dirigente indígena.

El cuestionario también contiene siete preguntas sobre el apego a los derechos a la libre determinación y a disponer libremente de las riquezas y los recursos naturales. La última pregunta inquiere sobre la manera en que el Estado mexicano protege y garantiza los derechos culturales de los pueblos indígenas y comunidades locales cuando aprueba la construcción de megaproyectos en los territorios que ocupan para sus prácticas culturales.

Además, pide proporcionar ejemplos de medidas adoptadas para subsanar la violación a derechos culturales en los casos del pueblo wirikuta frente a la minería y de comunidades amenazadas por hidroeléctricas en Nayarit y Oaxaca.

“El Comité debe hacer que México respete los DESC con el propósito de que haya un reconocimiento para que podamos vivir en armonía con la naturaleza y que podamos tomar nuestras propias decisiones. Queremos que se recuperen nuestros territorios cuando se fueron a meter” las empresas eólicas, demanda en entrevista con Apro, la indígena binni’zaa o zapoteca Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

En Oaxaca, pueblos indígenas rechazan las granjas eólicas por considerar que violan sus derechos al territorio, a un ambiente sano, a la consulta y acceso a la información, entre otros.

Varios proyectos petroleros y de energía renovables derivados de la reforma energética se ciernen sobre territorios indígenas y comunitarios, germen de conflicto entre el gobierno, las corporaciones y las poblaciones locales.

Peso moral

Seis colectivos y organizaciones entregaron sus cuestionarios al Comité sobre temas como la penalización del aborto, maltrato a menores, libertad religiosa, discriminación por orientación sexual

“El Comité debería preguntarle sobre avances y retrocesos en materia de DESC, se podría empezar con los derechos laborales y qué pasa con la garantía de estos derechos, también con respecto al género, inclusión y acceso a trabajo digno. México es de los países más desiguales debido a bajos salarios y condiciones laborales”, señala a Apro, Karen Hudlet, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

La activista cuestiona que “no se permite el desarrollo pleno de los pueblos”, pues “hay falta de acceso a información y consulta y el derecho a elegir qué tipo de desarrollo quieren”.

En junio pasado, el gobierno emitió sus informes periódicos quinto y sexto combinados que debía enviar en 2012. En ellos, defiende avances en derechos a la libre determinación, a la igualdad y la no discriminación, al trabajo, a formar sindicatos, a una alimentación adecuada, al agua, a la vivienda adecuada, a la salud y a la educación.

En su reporte al Comité, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes Loyola, asentada en Los Ángeles (California), y la Asociación “Luca Coscioni para la Libertad de la Investigación Científica”, con sede en Roma, cuestionan que la criminalización del aborto viola las obligaciones de México a garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la libertad religiosa, a la no discriminación, a la privacidad y a la autonomía reproductiva.

Ambas instituciones piden a México describir los pasos tomados para descriminalizar el aborto, reportar cuántas mujeres han sido enjuiciadas por abortar, cuántas han estado encarceladas o han sido multadas por abortar y la duración promedio de detención por ese delito y las multas promedio erogadas.

Además, solicitan explicar cómo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enero de 2016, que declaró inconstitucional la descriminalización del aborto, puede ser reconciliada con la obligación del Estado de alcanzar progresivamente el goce pleno de los derechos del tratado.

Estas organizaciones critican también la demora en la aplicación de la normativa que controla el uso de motores a diésel, por sus efectos contaminantes y contrarios a la salud humana y el ambiente, y que viola el derecho a la salud, a un ambiente sano y los compromisos climáticos internacionales asumidos por México y la propia Constitución nacional.

México se ha negado a adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC, vigente desde mayo de 2013 para los países parte, y considerado una herramienta fundamental para el cumplimiento de los derechos a la salud, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.

El convenio establece la potestad de presentar quejas individuales o grupales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y prefigura la investigación confidencial en el Estado parte denunciado.

Uno de los problemas, como señala Uc Be, es que los señalamientos de organismos internacionales no son vinculantes y sólo poseen peso moral. “Las recomendaciones son cumplidas parcialmente o no se cumplen. Mientras no sean punitivas, no vamos a avanzar”, asevera.

Cruz exige respeto a los derechos, que los pueblos sean escuchados y que los organismos internacionales exijan ese cumplimiento. “Si no, allá los esperamos, en el istmo”, manifiesta.

En junio próximo, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas de la ONU presentará su informe sobre México. Además, el gobierno mexicano invitará este año a la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot.

“El gobierno tiene que dar pasos para garantizar los derechos. No se puede olvidar que aquellos defensores de DESC son los más amenazados en México, es una agenda pendiente”, urge Hudlet.