Renovacion Nacional: mayo 2017

domingo, 21 de mayo de 2017

México, cuestionado por violación a derechos de pueblos indígenas

http://www.proceso.com.mx/475204/mexico-cuestionado-violacion-a-derechos-pueblos-indigenas

POR EMILIO GODOY , 21 FEBRERO, 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano tendrá que responder sobre la aplicación de la reforma energética de 2014 y su impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos aborígenes y comunidades locales.

El tema forma parte del cuestionario enviado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), vigente desde mayo de 2013.

Tal instancia, que cuenta con especialistas de Brasil y Colombia, iniciará el examen de México durante la 60 presesión del Grupo de Trabajo del 27 de febrero al 3 de marzo en Ginebra y que también incluirá evaluaciones de Colombia, Corea del Sur, Federación Rusa y Moldova. El escrutinio final tendrá lugar durante el 62 periodo de sesiones del Comité en septiembre y octubre próximos en esa misma ciudad suiza.

El documento, elaborado y respaldado por 61 redes y organizaciones de la sociedad civil, contiene 78 preguntas sobre aplicabilidad y efectividad de derechos, derechos sindicales, la no discriminación, igualdad de género, trabajo, agua y saneamiento, alimentación, ambiente sano, educación, salud y cultura.

En la primera pregunta se le pide al Estado mexicano proporcionar elementos para evaluar si ha habido avances en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, le solicitan indicar las medidas concretas tomadas para consultar debidamente a las comunidades indígenas y locales afectadas por proyectos a gran escala en sus territorios y procurar obtener su consentimiento previo e informado para el desarrollo de esos emprendimientos.

Las ONG cuestionan por qué el gobierno ignoró a los grupos aborígenes y comunidades en el diseño, aprobación y ejecución de las leyes de reforma energética de 2013 y 2014 y que abren al capital privado nacional y extranjero la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Tal marco incluye “disposiciones sobre el uso y ocupación de las tierras y territorios susceptibles de afectar directamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de estos pueblos y comunidades. Asimismo, sírvanse informar si se plantea alguna reforma legislativa para subsanar estas cuestiones con mecanismos de participación adecuados”.

El colectivo solicita “explicar cómo pueden ser compatibles las obligaciones del Estado”, como el respeto y la protección del derecho a la libre determinación, con las disposiciones de la reforma energética que dan preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra que “implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos” en cuestión.

El cuestionario observa una contradicción entre la Ley de Hidrocarburos de 2014, que prácticamente obliga a una resolución “administrativa o judicial” para la ocupación de los polígonos y el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo y a no ser privados de sus medios de subsistencia.

Las organizaciones quieren saber de qué manera preservará el Estado los territorios de pueblos ancestrales y comunidades de las actividades empresariales promovidas “de manera preferente” por la reforma energética.

Además, desean conocer cómo el Estado protege a las personas de esas comunidades de “las amenazas, la violencia, la ruptura de tejido social, del desplazamiento y del despojo de sus tierras” cuando se quiere ejecutar un proyecto de inversión o desarrollo energético o de cualquier industria.

Asimismo, preguntan sobre las medidas específicas adoptadas para sancionar y reparar integralmente el daño cuando sucede “el despojo territorial, el desplazamiento y la afectación de bienes comunes”, como el agua, la tierra, y otros elementos ambientales, sociales y culturales.

Derechos debilitados

Las ONG y comunidades afectadas esperan que el Comité actúe y sea exigente con México. “Los derechos están debilitados. Pedimos al Comité que nos escuche y tome en cuenta lo que decimos. Los Estados y las empresas sólo están interesadas en plasmar sus intereses”, dice a apro Pedro Uc Be, miembro de la Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán.

En Ticul, su comunidad, Vega Solar 1, propiedad de la estadunidense Sunpower Corporation, fue una de las ganadoras de la segunda subasta eléctrica de septiembre último, organizada por el gobierno mexicano, por lo que construirá el parque fotovoltaico “Ticul 1”, de 740 megavatios/hora de generación eléctrica. Ese emprendimiento supone la destrucción de 640 hectáreas de selva.

“Los pueblos mayas corremos el riesgo de perder nuestra identidad y derechos colectivos por decisiones que únicamente persiguen beneficios económicos de empresas privadas, a costo de destruir la riqueza cultural, social y ambiental”, denuncia el dirigente indígena.

El cuestionario también contiene siete preguntas sobre el apego a los derechos a la libre determinación y a disponer libremente de las riquezas y los recursos naturales. La última pregunta inquiere sobre la manera en que el Estado mexicano protege y garantiza los derechos culturales de los pueblos indígenas y comunidades locales cuando aprueba la construcción de megaproyectos en los territorios que ocupan para sus prácticas culturales.

Además, pide proporcionar ejemplos de medidas adoptadas para subsanar la violación a derechos culturales en los casos del pueblo wirikuta frente a la minería y de comunidades amenazadas por hidroeléctricas en Nayarit y Oaxaca.

“El Comité debe hacer que México respete los DESC con el propósito de que haya un reconocimiento para que podamos vivir en armonía con la naturaleza y que podamos tomar nuestras propias decisiones. Queremos que se recuperen nuestros territorios cuando se fueron a meter” las empresas eólicas, demanda en entrevista con Apro, la indígena binni’zaa o zapoteca Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

En Oaxaca, pueblos indígenas rechazan las granjas eólicas por considerar que violan sus derechos al territorio, a un ambiente sano, a la consulta y acceso a la información, entre otros.

Varios proyectos petroleros y de energía renovables derivados de la reforma energética se ciernen sobre territorios indígenas y comunitarios, germen de conflicto entre el gobierno, las corporaciones y las poblaciones locales.

Peso moral

Seis colectivos y organizaciones entregaron sus cuestionarios al Comité sobre temas como la penalización del aborto, maltrato a menores, libertad religiosa, discriminación por orientación sexual

“El Comité debería preguntarle sobre avances y retrocesos en materia de DESC, se podría empezar con los derechos laborales y qué pasa con la garantía de estos derechos, también con respecto al género, inclusión y acceso a trabajo digno. México es de los países más desiguales debido a bajos salarios y condiciones laborales”, señala a Apro, Karen Hudlet, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

La activista cuestiona que “no se permite el desarrollo pleno de los pueblos”, pues “hay falta de acceso a información y consulta y el derecho a elegir qué tipo de desarrollo quieren”.

En junio pasado, el gobierno emitió sus informes periódicos quinto y sexto combinados que debía enviar en 2012. En ellos, defiende avances en derechos a la libre determinación, a la igualdad y la no discriminación, al trabajo, a formar sindicatos, a una alimentación adecuada, al agua, a la vivienda adecuada, a la salud y a la educación.

En su reporte al Comité, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes Loyola, asentada en Los Ángeles (California), y la Asociación “Luca Coscioni para la Libertad de la Investigación Científica”, con sede en Roma, cuestionan que la criminalización del aborto viola las obligaciones de México a garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la libertad religiosa, a la no discriminación, a la privacidad y a la autonomía reproductiva.

Ambas instituciones piden a México describir los pasos tomados para descriminalizar el aborto, reportar cuántas mujeres han sido enjuiciadas por abortar, cuántas han estado encarceladas o han sido multadas por abortar y la duración promedio de detención por ese delito y las multas promedio erogadas.

Además, solicitan explicar cómo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enero de 2016, que declaró inconstitucional la descriminalización del aborto, puede ser reconciliada con la obligación del Estado de alcanzar progresivamente el goce pleno de los derechos del tratado.

Estas organizaciones critican también la demora en la aplicación de la normativa que controla el uso de motores a diésel, por sus efectos contaminantes y contrarios a la salud humana y el ambiente, y que viola el derecho a la salud, a un ambiente sano y los compromisos climáticos internacionales asumidos por México y la propia Constitución nacional.

México se ha negado a adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC, vigente desde mayo de 2013 para los países parte, y considerado una herramienta fundamental para el cumplimiento de los derechos a la salud, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.

El convenio establece la potestad de presentar quejas individuales o grupales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y prefigura la investigación confidencial en el Estado parte denunciado.

Uno de los problemas, como señala Uc Be, es que los señalamientos de organismos internacionales no son vinculantes y sólo poseen peso moral. “Las recomendaciones son cumplidas parcialmente o no se cumplen. Mientras no sean punitivas, no vamos a avanzar”, asevera.

Cruz exige respeto a los derechos, que los pueblos sean escuchados y que los organismos internacionales exijan ese cumplimiento. “Si no, allá los esperamos, en el istmo”, manifiesta.

En junio próximo, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas de la ONU presentará su informe sobre México. Además, el gobierno mexicano invitará este año a la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot.

“El gobierno tiene que dar pasos para garantizar los derechos. No se puede olvidar que aquellos defensores de DESC son los más amenazados en México, es una agenda pendiente”, urge Hudlet.

AMLO, el único líder que representa un cambio: Solalinde

Juan Ricardo Montoya, corresponsal | lunes, 20 feb 2017

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/20/amlo-el-unico-lider-que-representa-un-cambio-solalinde

Pachuca, Hgo. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, es el único líder que garantiza y representa un cambio democrático en México para los comicios presidenciales de 2018, opinó el sacerdote católico y defensor de los derechos humanos de los migrantes Alejandro Solalinde.

En entrevista al termino de un encuentro con estudiantes del plantel de la Universidad Lassalle de Pachuca, La Jornada le preguntó si Andrés Manuel López Obrador representaría un cambio democrático para el país en 2018 Solalinde respondió que si, porque es el único que conoce al pueblo mexicano.

"Desgraciadamente voy a decirle algo; no tenemos líderes en México, hombres y mujeres; a estas alturas ya estamos en 2017; el año que entra hay elecciones. ¿Donde están los líderes? ¿Donde están las líderes, hombres y mujeres?" cuestionó. "Para que salga cualquier persona pues pueden improvisarlo" agregó el defensor de migrantes.

En contraste el clérigo puntualizo que "Andrés Manuel es un líder que efectivamente ya tiene mucho tiempo; yo podría decir que es el unico líder que conoce mejor el pueblo de México; algunos lo critican porque dicen que ha hecho una campaña de 12 años, pues mejor, porque creo que él conoce mejor a México que cualquier partido".

No obstante advirtió que Morena aun no "la tiene de todas todas ganada porque puede incurrir en errores". Puso como ejemplo al Partido de la Revolución Democrática (PRD) al señalar que "iba bien y se le formaron tribus y arruinaron el partido".

Por ello Solalinde anuncio que en los próximos días hará un pronunciamiento en el sentido de que "Morena se ponga las pilas". Agregó que para lograr un cambio verdadero es necesario que la sociedad civil se organice y actué de manera activa para lograr un cambio en 2018.

Puso como ejemplo el Movimiento Contra el Gasolinazo de Ixmiquilpan al que calificó como un referente nacional de organización popular. "La sociedad civil ha despertado con el gasolinazo y está organizándose y dando pasos muy importantes".

Advirtió que en caso de que en 2018 se perpetra un nuevo fraude electoral hay altas posibilidades de un estallido social". Se le preguntó si en ese caso quienes integran como él la iglesia progresista apoyarían una insurrección popular en caso de que no se respete la voluntad popular.

"No es que lo quiera ni yo lo diga; es que uno esta abajo, afuera con la gente; yo estoy sintiendo a la gente; ya no solamente a la gente tradicionalmente que esta abajo sino a la media alta; la he visto en las marchas usando el mismo lenguaje que los de abajo".

"Yo digo que si para 2018 el gobierno intenta quedarse con el poder a la mala, a espaldas de la gente. habrá un estallido social", puntualizó.

Se le reitero la pregunta de que si la iglesia apoyaría un levantamiento popular en 2018 a lo que respondió.

"La alta jerarquía (de la iglesia) seguramente bendiciría al regimen por la permanencia del estatus quo. Seguramente bendiciría. La gente de abajo, nosotros tenemos que estar como hemos hecho siempre en la historia al lado del pueblo".

En otro contexto denuncio un nuevo caso de violación sexual perpetrada por un sacerdote contra un menor de edad en el estado de Oaxaca.

"Hay un caso en Oaxaca de un sacerdote de nombre Carlos Franco que abuso de un menor de edad ; ya se le libraron las ordenes de aprehensión correspondientes pero el obispo lo ha protegido"-

"Entonces ellos tienen que enfrentar a la fiscalía general de Oaxaca" asevero.

Finalmente sobre el caso del empresario y preso político del gobierno de Hidalgo Manuel Samuel Castro Mercado detenido desde hace mas de 5 años en el Centro de Reinsercion Social de Pachuca acusado de homicidio de un obrero en un proceso plagado de irregularidades, Solalinde reiteró que lo visitara en el penal en las próximas semanas.

Lamentó que a pesar de que es un empresario cuyo único objeto fue construir camiones para generar empleo y recursos para el estado de Hidalgo el gobierno de la entidad le haya inventado una acusación sin elementos probatorios con el fin de despojarlo de su empresa como Castro lo ha denunciado en diversas ocasiones a través de La Jornada.

Trumpadas

Trump dedica más tiempo al golf que a tareas presidenciales, revela The Washington Post

POR LA REDACCIÓN , 22 FEBRERO, 2017

http://www.proceso.com.mx/475437/trump-dedica-tiempo-al-golf-a-tareas-presidenciales-revela-the-washington-post

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde que llegó a la presidencia estadunidense, Donald Trump pasa más tiempo en los campos de golf que en reuniones de seguridad y llamadas con líderes extranjeros.

Paradójicamente, el magnate criticó abiertamente a Barack Obama por el tiempo que se tomaba para practicar este deporte.

“Voy a estar trabajando para ustedes. No tendré tiempo para jugar golf”, habría ofrecido en agosto pasado el entonces aspirante republicano.

Entre otros, Trump ha compartido el campo con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y los golfistas profesionales Rory McIlroy y Ernie Els.

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Según un análisis realizado por el diario estadunidense The Washington Post, el magnate ha pasado un cuarto de tiempo de lo que va de su mandato en su club campestre Mar-a Lago en Florida.

De acuerdo con los reportes de actividad de la Casa Blanca, el republicano pasó seis horas del mes en reuniones de inteligencia, donde a menudo se tratan importantes temas de seguridad y una cantidad igual de tiempo en firmas de órdenes ejecutivas.

Además, Trump también pasó cinco horas en conferencia de prensa.

Las reuniones y llamadas entre Trump y líderes extranjeros duraron 21 horas en total.

El rotativo también determinó que el magnate se tarda ocho minutos y 20 segundos, en promedio, en redactar un tuit, aunque no es posible determinar cuáles son los mensajes que escribe personalmente.

Deportaciones Masivas

México “hace el trabajo sucio” a EU sobre migración, critica AI

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/mexico-201chace-el-trabajo-sucio201d-a-eu-sobre-migracion-critica-ai

Ciudad de México. Con la detención de migrantes centroamericanos en su frontera, México “hace el trabajo sucio” a Estados Unidos, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika Guevara-Rosas, quien dijo que las deportaciones de centroamericanos aumentan cada año.

Al presentar el informe 2016/17, en su parte regional de las Américas, la directiva informó que el año pasado se registró un aumento histórico de más del 200 ciento en las deportaciones de personas originarias de El Salvador, mientras que en los casos de guatemaltecos y hondureños, la cifra rebasó el 150 por ciento. Todos, detenidos y deportados desde territorio mexicano.

Además, acusó al gobierno mexicano de tener un “doble discurso” en el tema de la migración, pues exige respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero no cumple con sus obligaciones de protección a las personas centroamericanas que están en tránsito en territorio mexicano.

Guevara-Rosas señaló que con la llegada de Donlad Trump al gobierno de Estados Unidos vino agudizar una crisis que desde antes era ya dramática para miles de personas, principalmente de Centroamérica que huyen no sólo de la pobreza y en busca de oportunidades de una mejor vida, sino de la violencia de los grupos del crimen organizado.

José Antonio Román | miércoles, 22 feb 2017

Compadres y Pillos

El Titere del fascista

viernes, 19 de mayo de 2017

“No tengo nada que declarar” sobre Palmarito: Peña Nieto

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 11 MAYO, 2017

http://www.proceso.com.mx/486140/tengo-nada-declarar-palmarito-pena-nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La difusión de los videos que muestran una posible ejecución extrajudicial en Palmarito, Puebla, el pasado miércoles 3, motivó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunciara una investigación sobre lo ocurrido, y a eso se remitió el presidente Enrique Peña Nieto este jueves al ser cuestionado sobre el asunto.

“No tengo nada que declarar. Yo creo que deberá hacerse la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades, y eso ha sido señalado abiertamente por la Procuraduría General de la República (PGR) y la propia Sedena”, atajó el mandatario a reporteros al salir de una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios.

De acuerdo con la versión oficial, el enfrentamiento en Palmarito entre huachicoleros y elementos del Ejército arrojó un saldo de cuatro soldados y seis civiles muertos. Los soldados, subrayó, fueron víctimas de un ataque. Al respecto, el viernes 5 Peña Nieto lamentó el fallecimiento de los militares y anunció la creación de un grupo especial para combatir el robo de combustible.

Pero esa versión oficial se puso en entredicho ayer, luego de la difusión de videos en los que se observa a militares perpetrando una ejecución extrajudicial, por lo que la PGR anunció que abriría una investigación para determinar la veracidad de las grabaciones, en tanto que el grupo especial creado por Peña Nieto sesionó ayer para agilizar la implementación de su estrategia.

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Juez ordena liberar bajo fianza a José Manuel Mireles, preso durante casi tres años

POR JORGE CARRASCO Y FRANCISCO CASTELLANOS , 11 MAYO, 2017

http://www.proceso.com.mx/486098/juez-ordena-liberar-bajo-fianza-a-jose-manuel-mireles-preso-casi-tres-anos

URUAPAN, Mich. (apro). Después de casi tres años en prisión, el juez quinto de distrito en Uruapan, Rubén Olvera Arreola, ordenó poner en libertad al exlíder de un grupo de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, quien seguirá bajo proceso penal por portación de arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas.

El magistrado Olvera determinó procedente la revisión y sustitución de la prisión preventiva de Mireles a fin de que siga su proceso en libertad, al reunir los requisitos que establecen la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, confirmó el abogado Ignacio Mendoza Jiménez.

De esta forma, Mireles Valverde deberá cumplir con las siguientes medidas cautelares: “presentarse periódicamente a firmar ante dicho juzgado; depositar una fianza de 30 mil pesos; no salir de la entidad ni del país, así como tampoco acercarse o comunicarse con determinadas personas”.

José Manuel Mireles está sujeto a proceso por su probable participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, expediente que actualmente se encuentra en trámite, debido a que aún faltan por desahogar diversas pruebas ofrecidas por sus defensores.

No obstante, los defensores legales de Mireles, encabezados por Mendoza Jiménez y Daniel Moncada, de Movimiento Ciudadano (MC), y la hermana del imputado, Virginia Mireles Valverde, interpusieron una denuncia de tipo penal en contra del juez quinto Olvera Arreola por obstrucción y omisión en el caso del exvocero de las autodefensas michoacanas.

Esas irregularidades, acusaron, han retrasado que desde el 20 de febrero pasado se defina la libertad bajo caución de Mireles Valverde, acotó Daniel Moncada Sánchez, diputado local por MC.

Ayer mismo el magistrado había sostenido que “había asuntos más importantes que el del exvocero de las autodefensas y que no tenía tiempo”.

Lo anterior se dio a conocer a través de un video en poder de Apro, donde el juez pretexta falta de tiempo y exceso de carga laboral para no emitir una resolución a la petición de excarcelación del exvocero del grupo de autodefensa de Tepalcatepec para enfrentar su proceso en libertad.

Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, cuando el actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo, era el comisionado especial del gobierno de Enrique Peña Nieto para Michoacán.

La Procuraduría General de la República lo consignó por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en momentos en que Mireles era un fuerte crítico de Castillo por favorecer a grupos armados que el exlíder aseguró eran parte de la delincuencia organizada.

Familiares temen por la vida de Mireles; “es incómodo para bandas criminales”

POR JOSÉ GIL OLMOS , 11 MAYO, 2017

http://www.proceso.com.mx/486133/familiares-temen-la-vida-mireles-incomodo-bandas-criminales-alertan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que fue detenido, el 27 de junio de 2014 por presunta portación de armas y posesión de drogas, José Manuel Mireles saldrá de la cárcel bajo fianza pero seguirá su proceso en libertad domiciliaria, gracias a la resolución de Rubén Olvera Arreola, juez quinto de distrito con sede en Uruapan, Michoacán; sin embargo, familiares y simpatizantes temen por la vida del exdirigente de las autodefensas de Tierra Caliente.

En un mensaje difundido en redes sociales, el exalcalde de Tepalcatapec, Guillermo Valencia, pidió a los gobiernos federal y estatal tomar las medidas pertinentes en cuanto a la seguridad de Mireles, porque “la vida del doctor está en riesgo, pues es incómodo para muchos criminales.

“Hay que gente que no lo quiere. Es una amenaza para los delincuentes que controlan Tepalcatepec y, sin duda, estará en riesgo. Hay muchos intereses que ha tocado Mireles y el gobierno tiene la obligación de protegerlo”, dijo en breve entrevista.

Guillermo Valencia prevé que el doctor Mireles podría volver a jugar un papel importante en el escenario político y social. Considera que será una piedra en el zapato para el presidente Enrique Peña Nieto y un personaje incómodo para el excomisionado Alfredo Castillo.

Briana Mireles, hija del doctor, dijo que está preocupada por la seguridad de su padre por presuntas amenazas de muerte, sobre todo porque tiene la decisión de regresar a Tepalcatepec y ahí se mantienen personajes con vínculos con bandas criminales.

Durante estos tres años, Mireles estuvo en la prisión de alta seguridad en Hermosillo, Sonora y luego fue trasladado a Nayarit por razones de salud. Sus abogados interpusieron una serie de recursos legales mediante los cuales desmentían los delitos que se le imputaban, principalmente el de posesión de cocaína y mariguana, y exigían su libertad, pero no lo lograron hasta ahora.

Desde un principio Mireles se declaró “preso político” del gobierno de Peña Nieto, luego de que rechazó la orden del entonces enviado presidencial Alfredo Castillo de entregar las armas y convertirse en fuerza rural como lo hicieron los demás autodefensas de Tierra Caliente.

Durante su estancia de dos años en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Mireles sufrió recaídas por la diabetes que padece y lesiones en la columna vertebral. Incluso hubo quejas de maltrato que se presentaron por sus abogados y familiares, así como falta de atención médica.

El año pasado Mireles fue trasladado a Nayarit por petición de sus abogados y familiares, quienes tenían que realizar un largo viaje cada mes para poder verlo en Sonora. Ya en esta última prisión, los abogados defensores alegaron que podía seguir el juicio en su domicilio, pues no representaba un peligro.

Para obtener su libertad condicional, el doctor originario de Tepalcatapec tuvo que pagar una fianza de 30 mil pesos y firmar una responsiva de no salir de Michoacán ni del país.

Reconocimiento a los Asesinos

Protegiendo a la Corrupcion

OHL soborna a íntimos de Peña; Luis Miranda, de Sedesol, uno de ellos

http://www.proceso.com.mx/486348/ohl-soborna-a-intimos-pena-luis-miranda-sedesol-uno

POR ÁLVARO DELGADO , 13 MAYO, 2017

Los turbios manejos de la trasnacional OHL en México implican al círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto. Proceso pudo documentar los privilegios y sobornos que dispensó a funcionarios y parientes del mandatario. Su compadre y titular de Sedesol, Luis Miranda y Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, son dos ejemplos. Coincidentemente, en el emblemático municipio de Atlacomulco, se construirá un hospital del IMSS de 800 millones de pesos y la cuestionada constructora española pelea ese contrato en plena campaña electoral por la gubernatura del Estado de México.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras en España las investigaciones de la justicia sobre la corrupción de OHL ya hicieron caer a directivos amigos de los reyes y a políticos del gobernante Partido Popular, en México –de cuya sucursal salió dinero para sobornos en ese país– la empresa goza de privilegios y agasaja a funcionarios y a parientes del presidente Enrique Peña Nieto.

Justo cuando OHL busca que en pleno proceso electoral del Estado de México le sea asignada la construcción del hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Atlacomulco –con una inversión de más de 800 millones de pesos–, emergen datos de cómo esa empresa financió las vacaciones de Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social y compadre del presidente Enrique Peña.

Las vacaciones de Miranda Nava pagadas por OHL.

Pero también pagó el disfrute de Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador Arturo Montiel Rojas –antecesor y tío de Peña Nieto–, en cuyo sexenio se instaló OHL en el Estado de México y construyó una de sus dos principales obras: el Circuito Exterior Mexiquense.

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Hasta el secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard, Fernando Aboitiz Saro, disfrutó con 15 miembros de su familia de la generosidad de OHL –a la que a su vez benefició con concesiones– en su lujoso hotel Fairmont Mayakoba, en Playa del Carmen, Quintana Roo, tal como lo hicieron en ese mismo lugar Miranda Nava y Montiel Yáñez.

En efecto, por cortesía de OHL, Miranda vacacionó con su familia en el Fairmont Mayakoba de la Riviera Maya, en abril de 2007, justo cuando se negociaba la concesión del Viaducto Bicentenario, la segunda obra de esta empresa en el Estado de México, siendo Peña Nieto gobernador.

El propio José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México, envió un mensaje vía correo electrónico a Víctor Hugo Martínez Pineda, gerente del hotel, para pagar los consumos de Miranda, a quien Peña recién había nombrado subsecretario de Gobierno tras su derrota ante el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones por la alcaldía de Toluca.

“Le reitero que los cargos de 48,123 pesos que usted me dijo eran los que había para la habitación 829 del Sr. Luis Miranda serán absorbidos (pagados) por OHL”, escribió textualmente De Oteyza a Martínez Pineda, la tarde del lunes 16 de abril, cuando Miranda dejó la habitación tras una estancia de seis días.

La cantidad, que amparaba sólo los consumos en la habitación –de cuya descripción Proceso tiene copia–, es económicamente pequeña –equivalente a 4 mil 370 dólares al tipo de cambio de esa fecha, a 10.99 pesos por dólar–, pero es reveladora del esquema de privilegios recíprocos.

“Evidencia la forma ordinaria de hacer negocios de OHL: corromper para obtener beneficios”, explica el abogado Paulo Díez Gargari, quien ha documentado los contubernios de la trasnacional española con prominentes políticos mexicanos, como lo ejemplifica el trato a Miranda: “La orden viene de De Oteyza”, destaca.

La factura de los consumos de Miranda en el hotel Fairmont Mayakoba –propiedad también de OHL– se emitió a nombre de OHL Concesiones México, S.A. de C.V., que hizo lo mismo con Montiel Yáñez, quien disfrutó de una estancia de tres días en el Fairmont Mayakoba, del 22 al 25 de febrero de 2007, que costó 65 mil 182 pesos.

El padre de Montiel Yáñez gobernó de 1999 a 2005 y Miranda Nava fue su secretario de Administración y Finanzas, junto a su amigo Peña Nieto. En ese sexenio se instaló OHL en el estado, gracias a la amistad de De Oteyza con el exgobernador Alfredo del Mazo González, padre del actual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza.

Otro funcionario que fue agasajado por OHL fue Aboitiz Saro, quien como secretario de Obras del gobierno de la capital de la República, encabezado por Marcelo Ebrard, gozó con 14 miembros de su familia de un fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de abril de 2012, también en el hotel Fairmont Mayakoba.

Edna Vega, responsable de relaciones públicas del hotel situado en la Riviera Maya, la víspera le dio instrucciones al personal para recibir a Aboitiz Saro, un panista converso al perredismo, quien fue titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) en la primera parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera:

“Este viernes, a las 10 AM, estará de visita el señor Fernando Aboitiz y su familia, persona muy importante para el Grupo (secretario de Obras del gobierno del DF). Atento a lo anterior, pido que alguien esté esperándolo para atenderlo (hacerles un recorrido por los canales, llevarlos a un club de playa e invitarlos a comer, así como cualquier otra atención que deseen).”

Para el trato al funcionario, Vega hace referencia a Pablo Wellentin Crawford, representante de OHL en México: “El día de hoy me llamó el Lic. Pablo Wellentin para comentarme que serán 15 personas. Y todos los consumos que se realicen por favor cargarlos a la tarjeta corporativa adjunta y a su vez facturarlo a OHL México, S.A. de C.V.”.

Como secretario de Obras de Ebrard, Aboitiz Saro concesionó a OHL la Autopista Urbana Norte (segundo piso del Periférico en la Ciudad de México) y la Supervía Poniente, que conecta la zona sur de la capital con Santa Fe, donde comienza la autopista México-Toluca.

Castigos en España

Este trato obsequioso de OHL a Miranda Nava, Aboitiz Saro y Montiel Yáñez corresponde al que le dispensó al secretario de Comunicaciones del actual gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas: Apolinar Mena, quien fue exhibido en grabaciones difundidas por el portal Sin embargo, en mayo de 2015, solicitando como pago en especie vacaciones para él y su familia.

En una de las grabaciones se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL en México, acordó con Mena pagar las vacaciones navideñas de él y su familia en diciembre de 2014, en el hotel Fairmont Mayakoba.

“Necesito una habitación porque vamos a estar muy apretados ahí”, le pide Mena a Wallentin, según el audio. “El lunes tú tienes una suite con dos cuartos en donde puedan quedarse cinco personas”, le garantiza el directivo de OHL, quien le promete alojarle en “el mejor” hotel de la zona: “Yo te lo reservo, yo te lo reservo”.

Ambos hablan de “pagos y depósitos” cuyo fin no se especifica en las grabaciones, pero tras el escándalo el funcionario del Estado de México admitió que acudió a Wallentin para que lo “apoyara” a fin de que el hotel no lo obligara a contratar un paquete de estancias por más días de los que él necesitaba.

Al mostrar un estado de cuenta bancaria durante la conferencia de prensa a la que convocó, dijo que se podía constatar que “el 9 de diciembre del 2014 el Hotel Fairmont (Mayakoba) realizó un cobro por la cantidad de 124 mil 038 pesos” que, según él, pagó con su tarjeta bancaria.

Aun así Eruviel Ávila destituyó a Mena como secretario de Comunicaciones, pero cuatro meses después, en septiembre, lo hizo secretario técnico de su gabinete, cargo que desempeña hasta la fecha.

En contraste, en España la justicia investiga los sobornos de OHL al Partido Popular a cambio de privilegios en obra pública, lo que llevó a la captura de Javier López Madrid, yerno del máximo accionista de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, también imputado por corrupción en la fallida adjudicación para que OHL construyera el hospital Son Espases en Palma de Mallorca.

La operación Lezo, que investiga la corrupción del derechista Partido Popular, alcanzó a López Madrid, amigo íntimo de los reyes de España, por presuntamente sobornar con 1.4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, a cambio de que la compañía obtuviera la concesión para construir y explotar el fallido tren en las comunidades madrileñas de Navalcarnero-Móstoles.

González ha sido mano derecha de Esperanza Aguirre, quien fracasó como aspirante del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid y quien tuvo que dimitir de sus cargos en el PP tras la detención de su compañero de partido.

En México, la máxima sanción a OHL por malas prácticas es la multa por 71.7 millones de pesos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le impuso por inflar los costos en el Circuito Exterior Mexiquense, y otra del gobierno del Estado de México por 38.3 millones de pesos por diversas irregularidades detectadas en el Viaducto Elevado Bicentenario, que la empresa ni siquiera ha pagado.

IMSS-Atlacomulco-OHL

Pese a todas las evidencias de corrupción de sus directivos y de los funcionarios priistas del gobierno de Peña Nieto y del Estado de México, OHL participa en el proceso de licitación para construir el nuevo hospital del IMSS en el municipio de Atlacomulco, que prevé una inversión de más de 800 millones de pesos.

A través de su filial, Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM), OHL aspira a construir el hospital que, según el IMSS, atenderá las cuatro especialidades médicas básicas: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia y pediatría, así como los servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento, hospitalización y servicios ambulatorios.

Apenas el 6 de abril, en pleno proceso electoral, el director del IMSS, Mikel Arreola, anunció la obra para el municipio que da nombre al grupo político priista y donde nació Peña Nieto, quien ha sido uno de los principales impulsores de OHL desde los gobiernos estatal y federal.

De hecho, según el abogado Diez Gargari, “el presidente Peña ha instruido a los miembros de su gabinete que ‘rescaten’ a OHL cueste lo que cueste, aunque no con sus propios recursos, sino con recursos públicos, de los mexicanos”, y la asignación del hospital de Atlacomulco a esa empresa forma parte de esta instrucción.

En una carta enviada al director del IMSS, de la que Proceso tiene copia, el abogado le recuerda que “OHL tiene un negro historial en materia hospitalaria” y enumera la rescisión del contrato por incumplimiento en Sidra, Qatar, para construir un hospital; el intento de soborno en Palma de Mallorca para una obra médica y el encarcelamiento del director de la constructora en Costa Rica por la mala obra en el Hospital de Alajuela.

Agrega que el Hospital San José, en Chile, resultó en la muerte de varias personas; también en ese país se produjo un escándalo con el Hospital Marga Marga, adjudicado gracias a la participación del cuñado del expresidente Ricardo Lagos, y el retraso en la construcción del hospital de la Universidad de Montreal, Canadá.

Al respecto, le dice a Arreola: “Si usted decide adjudicar la construcción del Hospital General de Zona en Atlacomulco en favor de CPVM no podrá decirle el día de mañana a la sociedad ni a los jueces competentes que no lo sabía. Ya lo sabe usted”.

Y concluye: “En todo caso me parece, señor director, que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben abstenerse de celebrar contratos con cualquier empresa que forme parte del grupo OHL, por lo menos mientras no se aclare el tema del supuesto ‘soborno’ de 1.4 millones de euros pagado a un empleado público español con dinero proveniente de México y mientras no paguen la multa de 38.3 millones de pesos que les impuso el gobierno del Estado de México por sus fechorías en el Viaducto Bicentenario. ¿No le parece?”

Diez Gargari se pregunta: “¿A quién protege el gobierno mexicano? ¿A Villar Mir? ¿O a algún otro accionista encubierto y de nacionalidad mexicana de OHL?”

Por lo pronto, este martes 16 se tiene previsto que se entreguen las ofertas técnicas y económicas para la construcción del hospital en la tierra natal de Peña Nieto, donde su primo Alfredo del Mazo está en riesgo de derrota