> Ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto analiza la posibilidad de desconocer la concesión Chiapas-Mayab para proceder a una nueva licitación e investigar y sancionar a los ex funcionarios.

Funcionarios de primer nivel en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el gobierno del presidente Felipe Calderón conspiraron para beneficiar al empresario Pedro Topete Vargas y reconocerlo, sin licitación de por medio, como nuevo concesionario del tren Chiapas-Mayab, la denominada ruta “La Bestia”, en la Frontera Sur del país.
Los ex servidores públicos construyeron un entramado no sólo para dar validez a la compra-venta de la concesión original, a pesar de la prohibición expresa de la ley, sino para dejarle al jefe del llamado Grupo Infraiber una ruta férrea saneada en sus finanzas, rehabilitada para operar y con compromisos de inversión, para este sexenio, del orden de los 6 mil millones de pesos.
Además, le ampliaron de 30 a 50 años el plazo de la concesión, pero fallaron en algo: No pudieron crearle la experiencia en el ramo ni la capacidad técnica y financiera que se requiere para administrar una línea de transporte ferroviario, elementos que fueron claves para la entrega de la licencia original a Genesse & Wyoming, una empresa con 115 años de experiencia en la industria de los trenes.
Por tal motivo, mientras las presiones mediáticas y políticas de Topete Vargas, sus socios y aliados en medios de comunicación aumentan, buscando la entrega de la operación del tren, el gobierno de Enrique Peña Nieto analiza la posibilidad de desconocer la concesión Chiapas-Mayab para proceder a una nueva licitación y para investigar y sancionar a los ex servidores públicos.
La investigación de la SCT indica que la extorsión contra OHL tiene como destinatario no a la empresa española, sino al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Toda la campaña se cerraría a cambio de dar posesión y “definitividad” a la concesión de la empresa de Pedro Topete sobre “La Bestia” en el tramo Chiapas-Mayab. Borrón y cuenta nueva, y amigos como siempre; ese es el mensaje que ha deslizado la dupla Pedro Topete y Paulo Díez.
La decisión de proceder contra ambos personajes, y los ex funcionarios involucrados, podría ser anunciada en breve, lo que ha despertado el interés de compañías nacionales e internacionales que esperan el anunciado fallo, habida cuenta del cúmulo de ilegalidades en torno a la concesión y la operación de esa ruta férrea, que desde el 2010 está en poder de la empresa paraestatal Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT).
Entre los funcionarios que serían sancionados por las autoridades se encuentra el ex director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT en tiempos del presidente Felipe Calderón, Gerardo Sánchez Henkel, quien habría sido el cerebro jurídico del reconocimiento institucional al nuevo concesionario y de los esquemas y facilidades otorgadas en los últimos días del sexenio calderonista para hacer de “La Bestia” un jugoso negocio capaz de generar ingresos anuales por casi 2 mil millones de pesos al año.

LA VENTA AMAÑADA E ILEGAL

Para impedir que la SCT cuestione la compra de la concesión del tren, Paulo Díez, el socio y consejero legal de Pedro Topete, encontró en Sánchez Henkel a su mejor aliado y el mejor argumento en un resquicio legal: La concesión no se otorgó a Genesse & Wyoming, sino a la sociedad anónima que ésta creó para operar en México,  la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab (CFCM), de tal modo que para la SCT, Topete Vargas no compró el permiso federal a la compañía norteamericana G&W, sino la empresa operadora de dicha concesión; una trampa, una argucia legaloide para evitar la tajante prohibición, establecida en la ley, de transferir, permutar o vender una concesión federal.
Sin embargo, en los documentos que se analizan en la SCT se encuentra el contrato de compra-venta de acciones celebrado por GW Servicios S. A. de C. V., Genesse & Wyoming Inc y GW CM Holdings Inc., como vendedores, y Viabilis Holding S. A. de C. V., como compradores, de fecha 4 de julio de 2008, mediante la cual se pactó un precio por la empresa, y la concesión, de 2 millones 375 mil dólares.
En dicho documento, las tres empresas vendedoras, accionistas mayoritarias de CFCM, plantean, claramente, que lo que está en venta es “el título de concesión para operar y explotar las Vías Cortas Chiapas y Mayab, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares otorgado (sic) el 26 de agosto de 1999 por el gobierno federal, por conducto de la SCT, a favor de CFCM”.
En el contrato, la compañía ferrocarrilera fundada en 1889, representada en la venta por John C. Hellman, establece, además, que no existe “garantía vigente alguna otorgada por CFCM sobre la concesión” y que tampoco existen “cargas, gravámenes o limitaciones de dominio” sobre dicho documento federal, que les permitió operar, de 1999 a 2007, la ruta del tren “La Bestia”.
En las declaraciones de los vendedores destaca también, aun cuando existe la prohibición legal de la venta de este tipo de concesiones, que la celebración del contrato y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo “no constituyen violación alguna a sus estatutos sociales, a la concesión o a la legislación aplicable vigente”.
Por su parte, la empresa compradora -para dar tranquilidad a los vendedores norteamericanos que seguramente se extrañaron de que el capital social de Viabilis Holding fuera de apenas 50 mil pesos- dejó establecida, en el contrato, una cláusula en la que afirma “que los recursos con los que se paga el precio tienen procedencia lícita y que, en su oportunidad, se tomaron las medidas necesarias para corroborarlo”.
Un grupo de ex empleados de Viabilis Holding dio a conocer una serie de correos electrónicos que confirmaría que el dinero del pago habría sido aportado por Grupo Ingenieros Civiles Asociados mediante un préstamo otorgado a Topete en nombre de la propia Viabilis, así como de otras dos empresas de su propiedad, Consorcio de Desarrollo Intercontinental S. A. de C. V., y de Corporación Desarrolladora de Infraestructura S. A. de C. V., en las que participa, como socio, el abogado Paulo Jenaro Díez Gargari.
Según esta versión, Grupo ICA, a través de Alonso Quintana Kawage, fue invitado por Topete a participar como socio en la concesión luego de que previamente se asociaran en la construcción y operación de la autopista Río de los Remedios-Ecatepec.
Aun cuando en el negocio que ya tenían había diferencias, Quintana aceptó entregar 2.5 millones de dólares e hizo firmar un pagaré en el que por 4 meses del empréstito, de agosto a diciembre de 2009, el jefe de Grupo Infraiber se comprometía  a pagar una tasa anual del 20 por ciento.

EL MILAGRO

De acuerdo a los informantes, un día antes de la fecha de vencimiento del documento, Quintana se entrevistó con Dionisio Pérez Jácome, titular de la SCT, para anunciarle que ante el incumplimiento del pagaré, ICA era accionista mayoritario del tren “La Bestia”, pero el día del vencimiento del pagaré ocurrió el milagro: Sorpresivamente, Topete, tuvo en efectivo, la cantidad que adeudaba y liquidó la deuda.
-“El dinero llegó de última hora; no se sabe de dónde, pero es probable que Topete haya elegido a otro socio”, dicen con mucha precaución, midiendo cada palabra, las fuentes que sospechan que detrás de ese recurso pudieran estar grupos interesados en la ruta de “La Bestia”.
Mera especulación, pero es sabido, por las autoridades federales, que además de recursos naturales y suministros para CFE y Pemex, en el tren se transporta indocumentados, en su mayoría custodiados por delincuentes (Mara Salvatrucha y Zetas), que estarían aprovechando la infraestructura férrea para llevar de la frontera Sur al centro del país no sólo indocumentados, sino armas y drogas.
El estudio “Gestión Migratoria de la Frontera Sur de México”, aprobado el 25 de marzo de 2015 por el ITAM, plantea la dura realidad que se vive en la frontera Sur y expone que las redes delictivas se han apoderado de las vías del tren para lucrar con el paso de los migrantes, que les representan, cada uno, “mulas” para el traslado de estupefacientes hacia el norte.
Por su parte, las autoridades de la SCT han notificado al SAT y a la Secretaría de Hacienda de una aparente inconsistencia entre el precio de venta y el valor real de los bienes propiedad de G&W, pues una de las “cláusulas suspensivas” del contrato obliga a que la CFCM tenga, al cierre de la operación, “una pérdida fiscal igual o superior a 15 millones de dólares, soportada en documentación emitida por los auditores externos”.
El dato pudiera señalar a las autoridades hacendarias que, mediante algún esquema ilegal, la compañía ferrocarrilera norteamericana y los compradores planearon inflar las pérdidas de CFCM, con el fin de obtener beneficios fiscales a futuro.
Cabe señalar que según se ha documentado en IMPACTO, La Revista, Pedro Topete y su grupo son especialistas en instrumentar esquemas de evasión fiscal como el llamado “carrusel de empresas” – en la edición anterior se publicaron facturas de la compañía CFCM-, donde recibe ingresos millonarios y factura, a su vez, a otras empresas del Grupo Infraiber aprovechando que tiene pérdidas fiscales, lo que podría ser un indicio del lavado de dinero por el que la PGR tiene un expediente abierto en contra del cabecilla de este grupo empresarial.

COMPRANDO LEALTADES

El último gran negocio en el gobierno de Felipe Calderón, que se planificó desde 2007, se les fue de las manos a funcionarios interesados, como el subsecretario de SCT, Aarón Dychter, de quien formalmente dependía Gerardo Sánchez Henkel como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
El subsecretario Dychter fue quien expuso las tropelías de Sánchez Henkel desde que Juan Molinar Horcasitas fuera el titular de la SCT, sin embargo, el coordinador jurídico siempre contó con la protección del nivel superior de la dependencia o del gobierno federal.
Y es que aun cuando los planes de la venta del tren en las inmejorables condiciones que pensaban dejarlo al final del sexenio, ampliando, incluso, la concesión de 30 a 50 años, no consideró que Sánchez Henkel, además de amigo de Paulo Díez, el asesor legal y socio de Pedro Topete, es amigo cercanísimo de Luis Sánchez, éste es otro cuñado, uno más de los prestanombres del jefe del Grupo Infraiber, y está casado con Griselda Topete.
La pinza que armaron entre Paulo Díez y Luis Sánchez permitió a Topete Vargas conocer a fondo a Sánchez Henkel, sus ambiciones, sus inclinaciones para el negocio y la complicidad, y también sus problemas económicos.
Uno de los ex colaboradores de Pedro Topete, que lo acompañó a una reunión con Sánchez Henkel en un restaurante de Polanco, expuso un ejemplo de cómo este delincuente de cuello blanco se encargaba de garantizar la lealtad de quienes decidían aceptar sus propuestas.
-“En el transcurso del traslado al lugar de la reunión recibió una llamada por celular en donde le informaron de los problemas económicos de Sánchez Henkel. Le preguntó a su interlocutor que si con 150 mil pesos era suficiente y ordenó detener el vehículo, escribió un cheque de su puño y letra a nombre de Gerardo Sánchez Henkel y pidió al chofer ir al Office Max de Moliere a sacar una copia del documento”.
El testimonio continúa:
-“Cuando estuvimos en la reunión me hizo una seña convenida para retirarme en el momento en que habíamos acordado. Sánchez Henkel casi lo abraza y se veía muy agradecido cuando Topete sacó la chequera y delante de él hizo el cheque…que previamente ya había elaborado y fotocopiado”.
-“Así lo tenemos bien agarradito’, le dijo el empresario a su ex empleado, guiñándole el ojo.
El ex colaborador de Topete Vargas guardó para sí una copia del documento de banco Santander que se publica en esta edición; era el 26 de marzo de 2009.
En otra ocasión, añade el testigo, supo que se le había enviado al mismo funcionario de la SCT un automóvil BMW cuya factura tiene en su poder una ex trabajadora de Viabilis, pero no salió a nombre del entonces funcionario de SCT, sino de una mujer y un domicilio desconocidos.

OPERAN COMO UNA MAFIA

Hay muchas evidencias que fueron entregadas a IMPACTO, La Revista, algunas de manera anónima y otras por ex empleados de las empresas de Pedro Topete, que solicitaron guardar su identidad, que confirmarían que el Grupo Infraiber contó con la asesoría de Gerardo Sánchez Henkel.
Un correo electrónico enviado por Paulo Díez Gargari a Pedro Topete el 25 de enero de 2010 confirmaría el nivel de asesoría que le brindaba el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT.
-“Pedro: Adjunto te envío proyecto de escrito a ser presentado en la SCT, en relación con la concesión de las vías férreas Chiapas y Mayab (sic). ¿Tú se lo reenvías a Gerardo para que nos dé sus comentarios?”.
Paulo Díez fue quien le envió, el mismo 25 de enero, el documento al funcionario federal con un escueto mensaje: “Estimado Gerardo: adjunto te envío proyecto de escrito a ser presentado en la SCT. ¿Cómo lo ves?”.
Sánchez Henkel respondió también por correo, dos días después:
-“Estimados Pedro y Paulo:
-“Les adjunto mis comentarios.
-“Creo que vale la pena que no suene como documento “legal’.
-“Un abrazo. GSH”.
El documento se envió a la SCT con las correcciones realizadas por Sánchez Henkel, el 27 de enero, y en él se plantea, primeramente, el desistimiento formal de la renuncia de la concesión (planteada por G&W el 24 de julio de 2007), pero también una serie de exigencias, como el reconocimiento de adeudos por la utilización de los equipos de CFCM y el traslado de carga por parte de la empresa operadora (Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec).
El monto de lo exigido a SCT por Pedro Topete Vargas, con el apoyo del funcionario calderonista, ascendía, entonces, a 632 millones de pesos.
Pero eso no fue todo: en el mismo escrito también plantearon al gobierno federal cumplir el acuerdo celebrado para la restauración total, con recursos públicos, de las vías dañadas en la ruta concesionada y la restitución total de la operación y los bienes de “La Bestia”.
La intervención del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT quedó todavía más evidenciada en otro correo del mismo 27 de enero de Paulo Díez a Pedro Topete, donde aquél le dice: “Te envío una nueva versión del documento, que incorpora la gran mayoría de los comentarios de Gerardo (…). En correo por separado le voy a enviar el documento a Gerardo, para que nos de su OK final”.
Paulo Díez, socio y abogado de Topete Vargas, le dice que en el correo que enviará al funcionario federal le preguntará “por qué eliminó lo de la modalidad, y si considera conveniente: (i) que le marquemos copia al titular del órgano de control interno de la Secretaría; y ii) si le adjuntamos copia de tu poder”.

‘TA CHIDO, DE A MADRES…’

Poco después, en su escrito, al asesor de lujo que tenían dentro de la propia SCT, Paulo Díez, le dice a Sánchez Henkel:
-“Estimado Gerardo:
-“Adjunto te envío nueva versión del documento, que incorpora la gran mayoría de tus comentarios.
-“No incluí el primer párrafo, pues Pedro presenta el escrito como mandatario de CFCM y no del (sic) accionista de CFCM (¿estás de acuerdo?).
-“Consideras conveniente y o necesario que: i) adjuntemos copia del poder de Pedro; y ii) le marquemos copia del escrito al titular del órgano de control interno?
-“Vamos a adjuntar copia del acuerdo como Anexo ¿estás de acuerdo?
-“¿No te gustó mi argumento relativo a la vigencia de la modalidad?
-“Sólo esperamos tu OK para presentarlo hoy mismo. Un abrazo. Paulo Díez”.
Por respuesta, el jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de la SCT respondió con un ´ta chido, de a madres´. Un abrazo”.
Cuando Angélica Muñoz Madrigal (amadrigal@viabilis.net) le notificó, el 29 de enero, a Paulo Díez y al propio Sánchez Henkel que el documento ya había sido entregado en la SCT, adjuntando el acuse de recibo, éste último respondió desde su correo:
-“Pácatelas.
-“Estamos en contacto. GSH”.
Así funcionaba la mafia del poder en el gobierno calderonista.
Funcionarios y empresarios corruptos, éstos últimos que siguen pidiendo en nombre de la sociedad, en costosos desplegados de prensa, que se investiguen acciones de otras empresas cuando lo que haría muy bien a este país es, justamente, investigar esta forma de hacer negocios al amparo del poder público.
Sólo falta ver si, con todas estas evidencias, la autoridad se decide a desenmascarar a estos falsos paladines de la honestidad.