Hundimiento del IMSS

Karam y Gutiérrez Fragoso: acabar de hundir al IMSS
Gustavo Leal F.*

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/18/politica/022a1pol?partner=rss

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¿Por qué quiere Karam liquidar a 319 mil trabajadores del IMSS? ¿Estaba enterado Valdemar Gutiérrez Fragoso, diputado panista y archicuestionado líder del SNTSS?
Recientes estudios del actuario Carlos Soto muestran que, después de 14 años de operación de la reforma Zedillo a la Ley del IMSS (1995), las cuotas totales como porcentaje de los salarios de cotización han disminuido de 19.5 a 16.5 ¿Cómo impactan estas condiciones al IMSS?

Las cuotas patronales cayeron de 14.55 a 11.45 por ciento y las de los trabajadores bajaron de 4.125 a 1.4 por ciento, mientras la aportación del gobierno federal se elevó de 0.825 a 4.825.

Además, la ley Zedillo que privatizó el sistema de pensiones (apartado A), también ha generado una pérdida neta en el financiamiento del principal seguro del IMSS. Las cuotas al seguro de enfermedad y maternidad (SEM) pasaron –en 14 años– de 12.5 a 9.63 por ciento del salario de cotización.

¿Cómo pueden mejorar los servicios cuando se le han restado al SEM cuotas por 3.36 por ciento en 14 años? Es decir: ¡una pérdida de ingresos institucionales equivalente a 368 mil 879 millones de pesos! Respecto a 1997, los patrones aportan 1.65 por ciento menos, los trabajadores 0.66 y el Estado 1.05.

No sorprende entonces que desde 2001 la tecnocracia foxista (Santiago Levy), y después la calderonista (Molinar Horcasitas-Karam), propalaran sistemáticamente –toda una década– la crisis del SEM, a través del siempre apocalíptico Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS.

Por ejemplo en su edición 2010-2011 consigna que la situación financiera que enfrenta el instituto es compleja y que el principal problema es el desequilibrio estructural entre las aportaciones al SEM, los gastos médicos de pensionados (GMP) y las obligaciones para atender a una población con necesidades de salud cada vez más complejas y costosas (p. V1).

¡Claro! ¡Si el SEM ha sido estratégicamente desfinanciado desde 1997!

Sobre los GMP –que las autoridades del IMSS publicitan para desprestigiar a los privilegiados trabajadores– el informe afirma que: en términos relativos, el déficit que observa la cobertura de GMP es uno de los más altos, ya que en 2011 representaría 139 por ciento de los ingresos por cuotas obrero-patronales y aportaciones del gobierno federal de la cobertura y, de acuerdo con las proyecciones realizadas, podría llegar a representar 436 por ciento en 2050” (p. 96).

El informe también aclara que, para determinar el gasto futuro de la cobertura de GMP, se consideró la población pensionada por el IMSS: trabajadores de empresas afiliadas, los propios del instituto y los nuevos pensionados, con estimados de la sobrevivencia calculados con bases biométricas aplicadas por las compañías aseguradoras de fondos de pensiones.

A diciembre de 2010 se trataba de 3 millones de pensionados: 43 por ciento son mujeres con edad promedio de 62 años y 56 por ciento son hombres con edad promedio de 65.1 años. La presión que ejercerán sobre los gastos institucionales, insiste el informe, será significativa por el aumento en la esperanza de vida y porque presentan con frecuencia enfermedades crónico-degenerativas de alto costo y uso más intensivo de los servicios médicos. Los pensionados sobreviven al retiro 20 años en promedio y crecerán a una tasa constante de 2.5 por ciento anual en términos reales durante los 100 años de proyección. En 2010, el costo promedio general obtenido fue de 14 mil 736 pesos anuales (pp. 261-262).

La visión oficial del cuadro estratégico del desfinanciamiento se completa con las enfermedades de alto costo y el impacto del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP).

Respecto a las enfermedades de alto costo, el informe señala que: en 2050 el gasto médico que tendría que destinarse al tratamiento de diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia renal sería mayor al esperado para 2011 en 439, 502 y 1,224 por ciento, respectivamente. El derivado del cáncer cérvico-uterino se incrementaría entre 2011 y 2050 en 372 por ciento, mientras que el correspondiente a VIH/sida y cáncer de mama aumentaría en 316 y 347 por ciento (p. 38).

Durante más de una década, los funcionarios designados por Fox y Calderón han reiterado que, como prestador de servicios y administrador, el IMSS enfrenta como principal problema el pasivo laboral del régimen de jubilaciones y pensiones de sus propios trabajadores.

Ese pasivo, subrayan, ha crecido en los últimos 11 años a una tasa real de 13.5 por ciento en promedio anual, 9.7 por ciento del PIB (p. 170).

Así se ha fabricado mediáticamente, durante ya más de 10 años, una crisis institucional como pantalla del escandaloso fracaso de la ley Zedillo que reformó al IMSS en 1995. Los salarios de los altos funcionarios son los más altos de la historia, pero los servicios están peor que nunca.

Con 12 años de pésimas administraciones panistas a cuestas, acosado y sin salidas por el impacto desfinanciador de la ley Zedillo, ahora Karam quiere liquidar a 319 mil trabajadores. ¿Y Valdemar Gutiérrez Fragoso, también?

Con apresuramiento y sin las aclaraciones del caso, ambos se han visto obligados a comunicar que: la institución garantiza sus servicios y la permanencia de las condiciones laborales de sus trabajadores, involucrando –de paso– al Poder Legislativo con el que, según ellos, han trabajado de la mano (La Jornada, 13 de febrero).

¿Intervendrán en el asunto los candidatos a la Presidencia?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco





En el gobierno Calderonista nadie se mueve sin su permiso, todo lo hecho por Molinar Horcasitas fue avalado por Calderón, de allí la impunidad en éste y otros gravísimos casos que afectan o afectarán el bienestar económico y la vida de cientos de miles de trabajadores y jubilados y de sus familias.
Favoreció ex director del IMSS negocios de parientes de Calderón
Jesusa Cervantes
Proceso | 18-02-2012 | 23:42

Distrito Federal— La Auditoría Superior de la Federación confirmó la semana pasada lo que Proceso había revelado hace casi un par de años: que el entonces director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, usó las cuotas de los afiliados a ese instituto y los fondos destinados a jubilaciones y riesgos de trabajo para rescatar empresas en riesgo de quiebra, favorecer negocios de parientes de Felipe Calderón... y también para “jugar a la ruleta”. Pero no lo hizo con buena fortuna.

Esto se desprende del Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2010 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Juan Manuel Portal, entregó el miércoles 15 a la Cámara de Diputados.

En el documento se informa que ante el cúmulo de irregularidades, la ASF presentó 98 denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal, cifra que rebasa todas las presentadas durante las revisiones de 1998 a 2009.

Pese al cúmulo de irregularidades, la ASF no presentó una sola denuncia penal, aun cuando la Ley de Fiscalización la faculta para ello.

Al respecto Francisco Rojas, coordinador de los diputados priístas, dijo en conferencia de prensa que hay “observaciones muy delicadas que deben ser concluidas con el resarcimiento del daño causado, con la corrección de los programas fracasados o en su caso, con las responsabilidades penales a que haya lugar”.

Pero los diputados de PRD, PT y Convergencia anunciaron que sí presentarán denuncias penales y la primera será contra Juan Molinar Horcasitas quien en 2010, al frente del IMSS, autorizó la especulación con dinero de pensionados, usó indebidamente 3 mil millones de pesos para un contrato multianual de informática que estuvo a cargo de un pariente de la familia presidencial y avaló permisos para estancias infantiles que no cumplían con los protocolos mínimos de seguridad, como en Hermosillo, donde 39 niños murieron quemados.

Historias conocidas

Los asuntos por los que Molinar Horcasitas será denunciado penalmente fueron revelados por Proceso en dos de sus ediciones: la 1759, del 18 de julio de 2010 (“La ruleta bursátil de Molinar”) y la 1763, del 15 de agosto del mismo año (“Y en el IMSS huele a... familia presidencial”).

Este segundo caso -sobre el cual los legisladores pondrán especial atención pues se trata del posible uso indebido de 3 mil millones de pesos y en el que está implicado Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón-, se trata del contrato multianual 7S7279, firmado el 4 de octubre de 2007 por Molinar y Castañeda Gómez del Campo con la empresa Tata Consultancy Services (TCS) de México.

Se trata de un contrato de tres años para dar los servicios logísticos e informáticos del IMSS por “la cantidad mínima de mi 241 millones 376 mil 323 pesos hasta un máximo de tres mil 103 millones 440 mil 809 pesos”.

Según el informe de la ASF hasta diciembre de 2010 se han pagado a Tata Consultancy Services “mil 770 millones 502 mil pesos”; pero por las múltiples irregularidades detectadas el IMSS ya ha tenido pérdidas por 115 millones 338 mil pesos tan sólo en 2010.

“De la contratación multianual que realizó el IMSS para el servicio de administración y soporte de aplicaciones de cómputo para los ejercicio 2007-2011, el contrato no especificó el número ni la naturaleza de los proyectos a realizar, sus prioridades, las horas-hombre requeridas, los tiempos de duración, ni los métodos de estimación que se aplicarían”, indica la ASF.

Y más: “De los proyectos pagados en 2010 por administración y soporte de aplicaciones de cómputo, se revisaron 41 proyectos y se encontraron irregularidades en 27: tres por 32 millones de pesos (que) se concluyeron pero no se implementaron; cuatro por 59.5 millones de pesos (que) se interrumpieron en la fase de diagnóstico; en otros cuatro se determinaron pagos improcedentes por 3.6 millones de pesos a que los entregables no fueron implementados; tres por 20.3 millones de pesos se cancelaron sin lograr sus objetivos; cinco no se encuentran en ambiente productivo y en 10 (proyectos) no se validó el aseguramiento de la calidad”.

En el documento se hacen una serie de observaciones, como: “El IMSS no demostró llevar controles del personal asignado a cada proyecto (...) no se evidenció la certificación de calidad de los productos entregados (...) para los ejercicio de 2008 a 2010, la Dirección de Innovación de Desarrollo Tecnológico no sustentó su planeación para los servicios”.

Como director del IMSS, Molinar propuso el 14 de diciembre de 2006 a Castañeda Gómez del Campo para que encabezara esa dirección. Un mes después de que este semanario revelara su participación y la firma del contrato multimillonario, en septiembre de 2010, el primo de la esposa del presidente fue removido del cargo y el contrato se venció en diciembre de ese año.

Portal no hace referencia en momento alguno a Castañeda Gómez del Campo y se limita a establecer en cada uno de los proyectos auditados que, “no han tenido beneficio ni utilidad para el Instituto”. Sin embargo recomienda dar cuenta a la Secretaría de la Función Pública.

Desde que se anunció la licitación y los concursantes, los competidores protestaron que se le diera a Tata Consultancy debido a que era una empresa de reciente creación (2003) “y no contaba con lo suficientes estados financieros ni tenía la certificación de calidad CMM15 que se pide a las empresas de tecnologías de la información. El tema lo solucionó el IMSS volviendo a convocar y la empresa se alió con Tata America International Corporation que sí tenía el certificado, reveló a Proceso en su momento el ex procurador fiscal Gabriel Reyes Orona, quien pidió desafuero y juicio político contra Molinar Horcasitas.

Esa no fue la primera vez que la “familia presidencial” le brindó servicios al gobierno federal: en su número 1622 Proceso reveló cómo las empresas Hildebrando y Metadata, propiedad de Hildebrando Zavala Gómez del Campo, dio servicios para el manejo de datos de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad o el Instituto de Protección al Ahorro Bancario... y al IMSS.

Rescató empresas

Las irregularidades detectadas por la ASF y en las que está implicado Molinar, hoy parte de la dirigencia nacional del PAN, tienen que ver también con el uso del dinero de los derechohabientes del IMSS y de recursos de otras dependencias para pretender rescatar empresas que hoy están en quiebra. Incluso se destinó este dinero para capitalizar a empresas como Comercial Mexicana y las sociedades Su Casita y Metrofinanciera, entre otras.

La ruleta bursátil a la que recurrió el gobierno federal implicó a tres dependencias: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Fondo de Vivienda (Fovi) e IMSS. A las tres recurrió para que parte de su presupuesto se canalizara a la compra de bonos de diversas empresa o sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes); es decir el gobierno “especuló” con dinero de la población y, peor, para salvar empresas privadas distrajo las cuotas de los trabajadores al IMSS.

“En SHF, Fovi e IMSS las inversiones y apoyos fueron otorgados mediante el consenso de los comités constituidos legalmente; no obstante, por el origen y magnitud de los recursos, así como por la naturaleza y riesgo especulativos de los mercados accionarios y de deuda, se puede concluir que al amparo de decisiones colegiadas dichas entidades del sector público han autorizado inversiones en capitales y bonos de dudosa calidad”, establece la ASF.

Desde 2009, se lee en el documento, las sofomes Metrofinanciera e Hipotecaria Crédito y Casa estaban “en riesgo”, “a pesar de lo anterior en 2009 se le concedieron líneas de crédito contrarias a la normativa de SHF y Fovi por 381.9 y 910 millones de pesos respectivamente”.

Además la SHF, añade, privilegió a los intermediarios financieros no bancarios sin atender las “sanas prácticas y usos bancarios”. “En las inversiones de SHF, Fovi e IMSS en entidades financieras del sector hipotecario se determinaron observaciones sobre situaciones y prácticas que en el mediano plazo podrían impactar en las finanzas públicas”.

Un punto revelador de la ASF es que pudo comprobar que la SHF le pidió al IMSS que “reestructurara deuda quirografaria de 2007” con una sofom (Metrofinanciera) porque la empresa tenía problemas de liquidez.

“El director de SHF (Javier Gavito) solicitó al director del IMSS (Molinar Horcasitas) el 12 de diciembre de 2008 la renovación de la posición de 500 millones de pesos, con vencimiento a diciembre de 2008, ya que la empresa tenía problemas de liquidez que le impedían enfrentar sus obligaciones de pago, por lo que de no renovar todos los tenedores tendría incumplimiento de pago, que podría obligar a la liquidación de la empresa, lo que reduciría al mínimo la posibilidad de recuperar el capital invertido; además habría un programa de apoyo al sector hipotecario para dar viabilidad al sector en el largo plazo”.

Las renovaciones de lo que sería compra de acciones o bonos de Metrofinanciera se realizó de manera consecutiva pese a que la empresa notificó el incumplimiento de pagos y a que dos calificadoras le dieron las peores calificaciones.

El 8 de junio de 2010 el IMSS autorizó la renovación de 561 millones de pesos en la sofom y finalmente se tuvo un “valor perdido” de 199 millones de pesos, según la ASF. Hay que destacar que el dinero invertido en sofomes salió del régimen de jubilaciones y pensiones subcuenta 1 y del de invalidez y vida.

En términos monetarios, según la ASF, el dinero que está en Metrofinanciera desde 2007, “en su liquidación es incierto”. Además, en 2008 “las inversiones en Metrofinanciera sufrieron minusvalías por 503 millones de pesos no reconocidas ni registradas como disminución patrimonial”.

El IMSS también jugó a la bolsa para invertir el dinero de las jubilaciones en la llamada Controladora Comercial Mexicana, misma que está en concurso mercantil. Igualmente el Instituto, según la ASF, en 2010 invirtió mil 886 millones de pesos, de los cuales 656 millones los tomó de las reservas de riesgo de trabajo.

La ASF concluye que SHF, Fovi e IMSS “al financiar” la “supervivencia” de esas empresas, “lo hizo en perjuicio de dichas entidades públicas... Con las pérdidas en el precio del mercado de sus inversiones, el IMSS afectó el monto de sus reservas y se incrementó el déficit para afrontar sus compromisos del régimen de pensiones y jubilaciones”.

La Ley Federal de Entidades Paraestatales sólo permite inversiones en casos seguros, como los bonos emitidos por el gobierno pero no de empresas por considerar volátil y especulativo el proceso. A pesar de todo esto el auditor no fincó una sola denuncia penal. (Jesusa Cervantes/Proceso)